Otra vez el caso Amarras

Constituye todo un logro para los denunciantes de la construcción del barrio náutico (o anfibio) “Amarras del Gualeguaychú” que el tema haya llegado a la instancia de definición ante la Corte Suprema de Justicia.
Más aún, que la Corte haya pedido el expediente íntegro al Superior Tribunal entrerriano, que había anulado el fallo de dos jueces de Gualeguaychú.
Por supuesto que estas reflexiones serán subjetivas, y nadie quiere disimularlo. Más aún: queremos que se comprenda que el sólo hecho de que el máximo organismo judicial argentino haya pedido todo el expediente, no puede sino ser porque entiende trascendente pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

El encuadre jurídico

El encuadre jurídico de este tema no es la especulación sobre si Amarras va a inundar la zona de influencia o no, o cuáles serán las consecuencias de este barrio sobre nuestra región.
Uno es abogado, no técnico ingeniero (ni pretende serlo) ni augur (menos podemos serlo). Así, el tema jurídicamente se limita a demostrar que este fabuloso negocio se encaró sin cumplir, nunca, los requisitos que la ley exige para semejante obra.
La empresa emprendedora de un fabuloso negocio desvió el cauce de un río (propiedad de todos), destruyó parte del Parque Unzué (propiedad de todos los gualeguaychuenses) y consiguió que se ampliaran los límites de un Municipio al solo efecto de beneficiar a su empresa.
Lo que denunciamos, y esperamos que la Corte Suprema comprenda, es que no es posible que alguien destruya bienes propiedad del pueblo, sólo porque le conviene para ganar dinero.
Como (repito porque me parece importante) no somos quiénes para afirmarlo, no basamos nuestra denuncia en inundaciones o catástrofes diversas climáticas, sino en el incumplimiento de la ley, y la destrucción de bienes de otros, de todo el pueblo en realidad, con el solo fin de ganar dinero. Muchísimo dinero. Pretendemos que se defina que ser rico no autoriza a llevarse la ley por delante. Que se ratifique que todos somos iguales ante la ley, también puede decirse.
Me importa mucho, y por eso lo digo con insistencia, que se sepa que gran parte del trabajo técnico jurídico lo hizo Luis Leissa, y colaboraron mucho Selva Chesini, Ana Angelini, y otros letrados que no me animo a nombrar porque no sé si ellos quieren, porque tienen obligaciones con parte de los denunciados.
También importa destacar el apoyo incondicional de la Municipalidad de Gualeguaychú, sobre todo en la actual administración.

La cuestión de fondo

Más allá de lo jurídico, se halla el interés concreto del pueblo. Para saber las consecuencias prácticas, en la realidad de nuestra región, que causa este emprendimiento, la Secretaría de Ambiente provincial encargó un estudio a la Universidad de La Plata, entidad científica ajena a las dádivas que habitualmente reciben las Universidades de las grandes empresas; a cambio, obviamente, de que esas Universidades no fijen su mirada en las acciones de esas grandes empresas, muchas veces extranjeras, y otras muchas manipuladas por narcotraficantes.
El estudio de la UNLP es demoledor, en cuanto a las consecuencias que tendrá lo que ya ha hecho esta empresa, y lo que podría pasar si consigue construir lo que quiere.
Nadie ha podido objetar este estudio, seguramente porque tiene grandes fundamentos científicos. Y ello nos alienta aún más en nuestra convicción de estar trabajando por el bien común.
No podemos aceptar alegremente que el poder del dinero sea más que el interés de la gente. Nunca lo aceptaremos.

Otro tema

A la empresa que construye este barrio nadie sabe quiénes la forman, o sea que podrían llegar a ser nuestros vecinos cualquier tipo de gente, con la sola condición de tener el dinero suficiente para comprar un cacho de nuestro río.
Este no es un problema menor, por cierto, y nos parece menester advertirlo, una vez más.
Sería bueno que esta empresa explicara quiénes la forman, quiénes aportan el capital y cuánto.
Entonces, dejaríamos de temer que políticos influyentes y/o empresarios ricos puedan usar su poder para imponer sus normas, pasando por encima de las leyes y los gobiernos.
Como la oscuridad rodea todo, seguimos temiendo lo que no debiéramos. O sea, que la avaricia le gane a la necesidad; que el dinero sea más importante que la gente.
De todo esto se trata esta cuestión. Nada menos.

(*) Julio Majul es abogado, político, escritor y fue quien impulsó el recurso de amparo ambiental que está en tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.