La Argentina de la crisis del consenso social
Un nuevo domingo de elecciones, un balotaje, un encuentro con la responsabilidad cívica en su máxima expresión. No es un día cualquiera ni un momento más. Es un instante con implicancias institucionales. Es un momento del 2023, sin dudas, memorable.
Por esto, es interesante recuperar una reflexión de uno de los más grandes sociólogos y consultores argentinos, Manuel Mora y Araujo, quien en un trabajo presentado en un seminario de la Facultad de Empresas de la Universidad Internacional de Moscú sobre el devenir de la sociedad y política Argentina, dejó para nuestra historia de las ideas una problemática digna de recordar y tener presente cada vez que nos acercamos a instancias excepcionales.
Así, una idea relevante en aquella exposición, en el año 2002, es que la Argentina (su sociedad) adolece de una brecha constante de expectativas desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días. Esta brecha nace producto del desfasaje entre las expectativas sobre nuestra posibilidad de crecimiento económico y las expectativas sociales sobre nuestras posibilidades de mejora de calidad de vida.
Esa brecha no ha hecho más que confirmar continuas crisis que, según cita Mora y Araujo a Paul Samuelson, son crisis del consenso social o lo que, en un tono más duro por su perspectiva, Samuelson en 1980 llamaba: Argentina era un caso de fracaso de la democracia populista.
Crisis del consenso social o, lo que aquí sostendremos como una crisis de imaginario común, es un síndrome de autoboicot sobre nuestras ideas de progreso y un futuro mejor que de modo continuo y cíclico nos encuentra con el mismo escenario de estancamiento o caída en la calidad de bienes públicos y calidad de vida en sociedad.
La fuente de la crisis social es la lucha por la distribución de recursos de la sociedad que el Estado, a veces como árbitro, otras veces como juez y parte, cobra mediante impuestos y asigna fondos para políticas estatales, los que parecen ser insuficientes o no asignados a prioridades según el ideario de un sector mayoritario en un momento dado.
Ergo, esta crisis de consenso social nos muestra que la puja distributiva no tiene siempre legitimidad amplia y que la actividad política, a la que muchas veces se desdeña y se la repulsa, es clave en nuestra vida cívica, en tanto en ella se disputa bajo reglas que llamamos leyes como será esa resolución respecto a quienes van los fondos y quienes (individuos, empresas, préstamos) pondrán recursos para que se cumplan esos fines.
Por esto, es clave entender que en buena medida el sector productivo, cada vez más reducido por la poca cantidad de pymes y emprendedores con los que hoy contamos, son quienes sostienen toda posibilidad de realizar políticas públicas. Sin producción ni ganancias privadas comienza el ciclo de las políticas públicas.
Al ser esto así, la dirigencia, como contraparte, tiene que incentivar la inversión y producción para el crecimiento económico y financiero que posibilite mayor recaudación y posterior generación de políticas estatales y/o públicas. Si no se agranda la torta no hay muchas porciones para repartir.
Lo anterior, aunque parezca simple y lógico, no lo es tanto en función a la crisis de consenso social vigente. Si la dirigencia, por su lugar en la sociedad y responsabilidades funcionales, no logra despertar buenas expectativas a partir del 20 de noviembre, difícil será la transición y asunción de este nuevo ciclo de gobierno y la apuesta creíble a un rápido crecimiento social.
Por esto, cada uno de nosotros votará para elegir una opción diferente pero, implícitamente, todos estamos votando con la misma visión: un gobierno de amplios consensos que posibilite un futuro mejor. Lo que nos debemos como sociedad a partir del lunes 20 de noviembre, entonces, es obligarnos a asumir las expectativas más realistas y no permitir bajo ninguna posibilidad que todo lo que decida la dirigencia se realice por fuera de los mecanismos constitucionales.
Finalmente, la brecha de expectativas que sostiene esta crisis de consenso social nos muestra la necesidad de fortalecer la cultura política, el capital social, y la responsabilidad individual en clave progresista y republicana. Al menos, demostremos que el consenso social sobre la vigencia de la constitución y sus leyes operativas, como el acto eleccionario, no tiene brecha o está en crisis a 40 años de democracia.
Javier Cubillas
Analista de Asuntos Públicos.