Cuando el verdadero interés es el dinero

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

 

Si se toma la agenda ambiental a nivel país, la necesidad y urgencia de contar con una Ley de Humedales aparecerá como una –de tantas- demandas colectivas que exigen “a los representantes del pueblo” a adoptar una iniciativa en materia de legislación.

A pesar de esa demanda colectiva, multitudinaria, plural; los gobernantes de turno (y los de siempre) se creen impunes al momento de adoptar decisiones que clara y palmariamente comprometen la salud de las personas y el futuro de las actuales y próximas generaciones.

El lector podrá preguntarse por qué el gobierno no termina de asumir una postura coherente en defensa de la vida. La respuesta es muy sencilla y clara: porque el ambiental no es un conflicto cultural, sino de intereses en defensa de la plata, del dinero, del billete.

A los productores, empresarios y gobernantes (de los tres Poderes) sólo les interesa defender el bolsillo de esos pocos que se benefician a costilla de la salud ajena.

La Ley de Humedales como una nueva perspectiva frente a los incendios que se producen en las islas, es un imperativo indispensable si se piensa en términos de sociedad.

Sin embargo, la pretensión de contar con una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales en Argentina quedó al margen del temario dispuesto para la extensión de las sesiones legislativas nacionales.

Esta estrategia de no tratar los temas no es nueva. Es la misma que se ha dado cuando se intenta legislar sobre la prohibición del uso del Glifosato o cualquier otro agrotóxicos de similar poder letal. ¿Qué dicen los productores a través de sus organizaciones gremiales empresarias? Que lo tóxico no es veneno; que la diferencia entre remedio y veneno es una cuestión de dosis; que las buenas prácticas impiden la contaminación y la enfermedad; que el Estado debe estar ausente salvo para subsidiar a la actividad y que todo es promovido por personas que no quieren el desarrollo, entre otras falacias.

No es casual que cuando se trata temas como Ley de Humedales, hayan abundado la presentación de proyectos e iniciativas. En la actualidad había quince y sólo la Comisión de Ambiente había logrado unificar un criterio. No es preocupación, sino ingeniería distractiva. El período legislativo se agotó, los proyectos no terminaron nunca de unificarse, para males lo debían abordar por lo menos otras cinco Comisiones y mientras tanto los pueblos se quedaron sin herramientas para controlar los abusos, la incalculable riqueza biológica volvió a quedar a merced de en unas pocas manos que encima lo destruyen y aunque el agua dulce -que es el primer alimento de la humanidad y es indispensable para aspectos sanitarios-, siguen sin defensas ni protecciones.

Con la Ley de Agrotóxicos pasó en la provincia algo similar. Proyectos que nunca terminan de unificarse. El que está listo para ser debatido en sesión nunca se trata y así pierde estado legislativo (como ocurrió con el del diputado mandato cumplido Héctor de la Fuente en 2011) y por el momento los actuales legisladores entrerrianos no tienen ni miras de abordar la temática, en una clara defensa corporativa de la patronal del campo y el lobby del agro negocio.

Otro tanto se podría señalar sobre los incumplimientos de leyes (que fueron aprobadas casi de milagro) como la de los Bosques Nativos o la más básica que es la Ley General del Ambiente.

En Entre Ríos –como en el país- la dirigencia política que está sentada en una banca, en materia ambiental le da la espalda al pueblo que dice representar. Por eso estas leyes no avanzan y ni siquiera se tratan. Eso sí, los incendios en las islas están a la orden del día e impunes; el desmonte es una realidad que avanza degradando la biodiversidad (el desmonte no es un delito penal, otra barbaridad por donde se la analice); las aplicaciones de agrotóxicos siguen rociando a las personas y dejando el tendal de muertos y enfermos para hacernos creer que con veneno se puede generar alimentos. Y cuando hay sequía o inundaciones, el mismo sector que ha contribuido a degradar el ambiente; que ha “plastificado” el suelo; que ha agotado (o consumido) los recursos naturales; le pide al Estado una Ley de Emergencia y millonarios subsidios para seguir produciendo muerte y desolación.