Apoyar la salud mental y el bienestar psicosocial es proteger los derechos de las infancias

Por Javier Quesada

Hoy son 16 millones las niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 19 años que fueron diagnosticados con diversas patologías de salud mental en el mundo -en nuestro país son 1 de cada 7 (Unicef)-. La mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años pero, en la mayoría de los casos, no se detectan ni se tratan (OMS 2021). En América Latina, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los 15 a 19 años y son más de 10 los adolescentes pierden la vida cada día a causa del suicidio, situación afecta más a los varones que a las mujeres.
Con la promulgación de la Ley de Salud Mental, la Argentina asumió que el proceso de atención de estos casos debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial basado en los principios de la atención primaria de la salud, con una fuerte orientación a la restitución o promoción de los lazos sociales.
El reciente lanzamiento del Programa Nacional de Salud Mental y atención de los Consumos Problemáticos y la celebración esta semana en Buenos Aires de la 5ta Cumbre Mundial de Salud Mental demuestran el fuerte interés por fortalecer los sistemas de atención, pero aún queda mucho por hacer para que todas las chicas y chicos que atraviesan o atravesaron problemas de salud mental, tengan este derecho garantizado.
Para lograrlo, es imprescindible la prestación de servicios de salud mental y bienestar psicosocial no estigmatizantes, accesibles, disponibles y de calidad a través de los sistemas y estructuras de atención primaria de salud, bienestar y protección social y educación.
Otro aspecto clave implica mejorar los datos, la investigación y la evidencia para comprender mejor la prevalencia de las afecciones de salud mental y mejorar las respuestas.
Alrededor del mundo, además, es clave comprender el valor de contar con la participación de las infancias y adolescencias como socios de su propia atención y como agentes de cambio que pueden ayudar a co-crear, diseñar y proporcionar políticas públicas en favor de la salud mental y apoyo psicosocial, eficientizando los procedimientos y adecuando los abordajes.
Por otra parte, son necesarias las intervenciones para acompañar a cuidadores con políticas aptas para apoyar a las familias en el lugar de trabajo, para que puedan respaldar mejor a sus hijas e hijos en la búsqueda de servicios de salud mental y, principalmente, para transitar los tratamientos.
Toda intervención ligada a la salud mental y al bienestar psicosocial de los niños, niñas y adolescentes está orientada a atenuar los factores de riesgo y acrecentar los factores protectores, generando ambientes protectores en las familias, las escuelas, los servicios de salud, los clubes, las iglesias, las comunidades; y en todos aquellos espacios sociales que son habitados por ellas y ellos.
Otra herramienta clave para mejorar el funcionamiento de los procesos de atención implica fomentar la comunicación y la movilización social para informar y concientizar sobre los problemas de salud mental, romper con los estigmas y el silencio que ronda a este tema con el fin de asegurar que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados, en especial aquellos que han experimentado estas afecciones.
La promoción de la salud mental y el bienestar en la infancia y la adolescencia genera tanto beneficios sociales como económicos. La inversión en esta política pública se recupera por completo durante los primeros cuatro años y el retorno es hasta cinco veces mayor que la inversión inicial, según la Organización Mundial de la Salud. Promover la salud mental significa mucho más que la ausencia de trastornos mentales: se trata de una parte fundamental para el bienestar de la sociedad en general y de chicas y chicos en particular.


Por Javier Quesada, especialista en Desarrollo Infantil Temprano de Unicef Argentina.