# Ley de elecciones internas
La Cámara de Diputados de Entre Ríos buscará derogar la Ley provincial Nº 9659 de Elecciones Internas Primarias, Abiertas y Simultáneas, también conocida como Ley Castrillón.
Entre las modificaciones que se creen necesarias, los legisladores sostienen que las elecciones internas deben ser abiertas pero no simultáneas y en ese orden intentarán volver a regirse por los padrones partidarios.
La idea es que -con la actual ley- se vote con padrones generales, lo que permitirá que un afiliado a un partido pueda emitir su voto en otro partido político.
La otra modificación está vinculada con la elección de candidatos a diputados, pretendiéndose volver a hacer las en internas por Departamentos, tal como fue hasta 2003, y después que sean los órganos de conducción partidaria los que determinen la lista y el orden de los candidatos.
Se trata de mejorar y ese es un concepto inherente a toda ley, que siempre es perfectible. Sin embargo, sería más que interesante que los partidos políticos cumplan con la ley, dado que la que está actualmente en vigencia sólo fue respetada por el radicalismo que tuvo la elección de sus candidatos por elecciones internas. Lo demás siempre se rigió por el ?dedo? y el capricho de quien lidera políticamente esa representación.
Recuperar la salud de los partidos políticos es clave para hablar de reforma política e institucional, dado que sólo a través de los partidos se puede ir a elecciones y revalidar aspiraciones. No hace falta ninguna medición especial para darse cuenta que hoy por hoy los partidos políticos están sospechado de todo, menos de transparencia.
En buena hora que los diputados busquen mejorar la ley de Elecciones Internas Primarias, Abiertas y Simultáneas. Pero junto con esa actitud deberían bajar la recomendación de que la ley está para ser cumplida. De otra forma, el cambio que requiere la sociedad seguirá postergado por mezquinos intereses.
# Replanteo salarial
La provincia se encuentra jaqueada por distintos gremios que están reclamando una recomposición salarial más justa.
Pese a que el Ejecutivo provincial ya estableció el aumento en los salarios de los trabajadores que dependen de la administración pública y de los docentes, la propuesta ha sido considerada como ?insuficiente? y no acorde con la realidad de la inflación.
A las medidas de fuerza que decidieron los empleados afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado, se le suma la decisión unánime de gremios docentes como la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), y los docentes privados nucleados en el sindicato Argentino de Docentes y en la Unión de Docentes (SADOP y UDA, respectivamente).
Eso no es todo. El viernes, es más que seguro que los empleados judiciales también convoquen a sus afiliados a medidas de fuerza, dado que también están reclamando un aumento salarial, entre otras reivindicaciones inherentes a su actividad.
Si a este cuadro que involucra directamente al gobierno provincial se le suma el malestar visible en el Registro Civil y en otras reparticiones, entonces se debe concluir que la propuesta efectuada por el Ejecutivo entrerriano es insatisfactoria para las pretensiones de los trabajadores que aspiran como mínimo poder solventar la canasta básica familiar.
No se trata de caprichos ni de disputas sectoriales con intereses electorales, sino de un malestar generalizado que cruza a toda la administración provincial y que debería obligar a las autoridades a replantearse los porcentajes de los aumentos anunciados en su oportunidad.
A esta situación se le suma un escenario que redunda en un mayor malestar: el gobernador anunció que descontará los días de paro, tal como lo intentó hacer en la anterior gestión Sergio Montiel. Pero para ello ?de acuerdo a lo que indica la norma vigente- primero debe declararse la ilegalidad de las medidas de fuerza. Caso contrario el propio gobierno estaría violando las leyes.
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