Corrientes: Un feudo donde reina la in-justicia

Bruno Leiva un poblador originario de Yahaveré que trabajó como guardaparque de la Reserva Natural Iberá, denunció ante tribunales a la empresa Forestal Andina (rebautizada como “Haciendas San Eugenio”) porque la empresa trasandina construyó un terraplén ilegal para apropiarse de miles de hectáreas de tierras fiscales, con destino a la ganadería y la forestación.

Terraplén que cortaría transversalmente el escurrimiento de las aguas de los esteros, actuando como una barrera que las endica y provoca inundaciones en el sector norte del paraje.
Este terraplén no solo agravia leyes nacionales que regulan los bosques nativos sino que también esta destruyendo el frente norte del segundo humedal del planeta.
Leiva lo denunció porque la zona habitada por él y sus vecinos comenzó a inundarse y los terrenos ancestrales de pastoreo para sus vacunos se perdieron.
El terraplén en Yahaveré fue levantado en el departamento de Concepción ubicado dentro de la Reserva Provincial Esteros del Iberá en Corrientes en el 2005.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la demolición del terraplén, pero la empresa chilena nunca cumplió con el dictamen de nuestro máximo tribunal de justicia demostrando una vez más la absoluta impunidad que tienen estos capitales foráneos en Corrientes.
Paradojalmente, el reiteradamente procesado gobernador, Ricardo Colombi, integrante de un “club” de dudoso honor de pertenencia, el de los gobernantes procesados por corrupción, que comparte con su primo Arturo, ataca a D. Thompkins porque quiere donar sus tierras en los Esteros, para hacer una Reserva Nacional, calificándolo de "extranjero entrometido", y avala las ilegalidades reiteradas de las empresas celulósica trasandina.
Incluso en estos días recibió al ex-presidente chileno Eduardo Frei Tagle, quién como un verdadero "Virrey" vino a inspeccionar y pasar revista a las estratégicas posesiones de su país en el territorio provincial.
Mientras tanto Forestal Andina no solo se ríe de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina sino que sube la apuesta y ahora ofrece al gobierno:... "un área dentro del predio para que se transforme en un paso público".
Oferta que de ser aceptada por el gobierno y la justicia, sería la confirmación de los ilegales títulos que Forestal Andina pretende lograr sobre las tierras fiscales ocupadas.
El irrespeto y la manipulación que hacen los capitales chilenos de nuestra Justicia llega al colmo de pretender ejercer en nuestro país el derecho de censura porque un conocido programa de TV destacó a un integrante de su staff en Corrientes para informar sobre el caso, pero este terminó siendo demandado judicialmente. CQC, de este programa se trata, enfrenta una denuncia por supuestos daños a Estancias San Eugenio durante su incursión periodística en Yahaveré en 2009.
De cualquier manera debemos decir que Ricardo Colombi no es una expresión aislada de la complicidad de los gobiernos locales con los que no respetan la Ley en la provincia, porque Corrientes viene siendo gobernada desde tiempos inmemoriales por políticos que compiten entre sí para ver quién comete mas delitos contra el Estado, desde su primo Arturo, pasando por "Tato" Romero Feris, ó la Senadora por Corrientes, Josefina Meabe de Mathó Garat, quien tiene una arrocera clandestina en el corazón de los Esteros, ante la indiferencia cómplice y criminal no solo de los gobernantes provinciales sino también de la justicia de la provincia, que está crónicamente sacudida por escándalos a repetición por las irregularidades que avala.
Basta como prueba de esto último que en una encuesta pública efectuada por una consultora nacional se conoció que mas del 90% de los correntinos no cree en la justicia de su provincia.
De hecho y a riesgo de abundar con ejemplos, Juan Machiavello, testaferro de la empresa chilena, en un acto público realizado en la plaza central de Concepción y ante la vista de autoridades provinciales, se acercó con uno de sus matones y agredió físicamente a un ambientalista correntino que estaba denunciando pacíficamente, con pancartas, lo que está ocurriendo.
Por estos días, Colombi, también anunció que no respetará los dictámenes del gobierno nacional acerca de suspender el malhadado “Proyecto Ayuí”, sumando afrentas locales al orden jurídico nacional, planteando un escenario de impunidad e ilegalidad solo parangonable con los abusos de poder de la última dictadura militar.
Hasta cuándo se estirará la cuerda, nadie lo sabe, pero la tensión esta alcanzando niveles insoportables.