Pacayut fue condenado a más de tres años de prisión efectiva

Además, dictaminó que ex senador justicialista entre 1987 y 2003 deberá pagar una multa de 45.000 pesos. En tanto, Ruth Klein deberá cumplir dos años de prisión en forma condicional por el mismo delito, abonar una multa de 20.000 pesos, mantener la residencia y realizar servicio comunitario por un plazo de diez meses. Durante los alegatos, el fiscal Leandro Ríos arguyó que el ex legislador “claramente dirigió el expediente administrativo y tuvo injerencia directa”, por lo que se trató de “una conducta compleja que llevó años y formó parte de un plan unitario”, cuyo objetivo era el dominio de la casa que pertenecía a Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). En contraposición, la defensa sostuvo la inocencia de los procesados y remarcó que la Fiscalía “omitió que la tenencia de las tierras se le otorgó a la provincia con cargo, y ese cargo era respetar la situación de los ocupantes con causa lícita”. Pacayut sostuvo que “no se investigó nada” y adelantó que apelará la sentencia. El tribunal investigará a ex funcionarios del IAPV. La medida se cumplirá una vez que quede firme, tras las diferentes apelaciones que hará la defensa.
El tribunal, integrado por Hugo Daniel Perotti, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Malatesta, manifestó que en el ilícito hay más partícipes que, haciendo lugar al pedido de la fiscalía, deberán ser investigados y comunicó que la lectura de la sentencia se hará el martes 31 de mayo a las 7.30.
En tanto, el lunes las partes expusieron sus alegatos. El representante del Ministerio Público pidió la pena de tres años y medio de prisión efectiva para Pacayut, su inhabilitación perpetua y una multa de 90 mil pesos. Por el mismo delito pidió dos años de prisión efectiva y una multa de 90 mil pesos para Klein. Además, requirió el desalojo de los imputados de la vivienda de Mazacura.
También demandó que se investigue a Vergara, Goy y Venturini por su eventual participación primaria en el ilícito.
En su fundamentación, Ríos se detuvo en refutar los 17 argumentos defensivos “que no pueden ser admitidos”, y llamó la atención sobre cuál es el domicilio de Pacayut de 1987 en adelante. “En la primera indagatoria, el 17 de marzo de 2004 dijo que se domiciliaba en calle Santa Fe de Paraná. Pero en 1992 mudan el domicilio de una sociedad que tenía con su hermano al inmueble de calle Laprida al 500, hecho que salió en el Boletín Oficial”, observó.
Posteriormente, manifestó que la defensa tiene un “argumento reiterativo en el que confunde patrocinio con dominio, es decir, derecho penal con derecho civil”. Asimismo, ratificó la competencia del IAPV en el comodato, y volvió a preguntarse por qué el ex senador “no aprovechó las oportunidades que tuvo para aclarar sus ingresos y bienes inmuebles”.
“Incluso realizó una confesión calificada durante la declaración, donde dijo que se quedan cortos y que lo volvería a firmar”, deslizó, al tiempo que aseguró: “Se trata de un delito por convicción, porque no se actúa conforma a la legalidad, sino conforme a las convicciones”.
En contraposición, los abogados defensores reafirmaron que “la autoridad de aplicación era Nación, por lo que la decisión o pasos a seguir sobre el predio estaba en manos del organismo nacional de administración de bienes del Estado”. Guillermo Bonabota sostuvo que quedó claro la “incapacidad real” de la provincia de decidir: “La provincia no tenía el derecho de uso y goce, sino que tenía una relación de hecho a través de la figura de la tenencia, de modo que no hay derecho patrimonial agravado”, aseveró.
“Lo que es material e ideológicamente falso es el comodato. El único perjudicado es el estado nacional, nunca pudo ser el IAPV ni la provincia. Es inoficioso el mecanismo que realiza el IAPV, además se descontextualizó el comodato”, ahondó; y añadió que “la provincia nunca peticionó para sí la vivienda que utilizaba Pacayut”, así es que no se encuentra “qué delito se le pueda imputar”.
A su turno, Rubén Cabrera insistió en que la causa “está estructurada con alto contenido político”, y evaluó: “En el fragor político se utilizan herramientas como la difamación y la calumnia, llegando a veces a causas judiciales”. En ese orden, cargó contra la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que comenzó la denuncia. “La provincia fue la iniciadora de este expediente, que por una cuestión meramente administrativa juntó tres cuerpos”, se lamentó.
“Para nosotros la principal dificultad fue determinar de qué defender a los acusados”, confió, y aprovechó para cuestionar los argumentos del Ministerio Público: “La requisitoria fiscal ha sido sostenida con una gran dosis de creatividad, porque hay una acusación sin fundamentos desde la etapa instructoria”, fustigó.

Fuente: Análisis.