Otro organismo se pronunció contra el proyecto que busca proteger a policías denunciados

En consecuencia con lo ya expuesto por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que también expresó como “inadmisible” defender penalmente a los policías denunciados por violencia institucional, la RODHER cuestionó el proyecto que pretende crear una División Asuntos Jurídicos en el ámbito de la Policía que, de acuerdo a las afirmaciones públicas recientes del Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, se dedicaría a la defensa legal de agentes denunciados o imputados por delitos vinculados con apremios ilegales, tratos crueles o inhumanos.

“Repudiamos las declaraciones del Ministro (Roncaglia), que resultan alarmantes, en tanto se refirió a esas prácticas como “accidentes de trabajo”. Parece mentira que haya que recordar que estas constituyen delitos graves en tanto violaciones de derechos humanos”, se indicó desde la Red entrerriana. 

Por el otro lado, en el comunicado se señaló: “El Estado debe promover la prevención y la sanción de la violencia institucional, no alentar su defensa. En primer lugar, porque ello es ilegal y violatorio de todos los compromisos asumidos por el Estado argentino en esta materia; en segundo lugar, porque implica un mensaje peligrosísimo para la institución policial, ya que banaliza la gravedad de estas prácticas, cuestiona a la veracidad de las denuncias y alienta la impunidad”.

Tal como señala la nota elevada por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura: “Lejos de ser apoyados, los funcionarios que incurran en estas conductas deben ser separados inmediatamente de sus cargos y sancionados conforme a la normativa vigente.”

Por último, RODHER consideró “penoso tener que recordar que en febrero de este año Ariel Goyeneche de 36 años de edad murió asfixiado porque un agente de policía se apoyó con todo su peso sobre su cuello para “reducirlo”, mientras otros miraban pasivamente. Las golpizas, las detenciones arbitrarias y el sometimiento a tratos crueles son prácticas que aún suceden y es función del Estado prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas”.