Los docentes mantienen firme el no inicio de las clases
La educación entrerriana atraviesa desde hace décadas un deterioro salarial y de infraestructura que hasta el momento ningún gobierno ha podido priorizar en términos de solución definitiva.
Los docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) mantienen firme su decisión de no reiniciar las clases luego del receso escolar de invierno y en consecuencia convocaron a un paro por 48 horas para el lunes 26 y martes 27.
La protesta reclama aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, especialmente en materia de infraestructura escolar; y el único camino que podría hacer desistir de la medida de fuerzas es una convocatoria del Ejecutivo entrerriano con una propuesta acorde con las necesidades de los maestros.
En pleno siglo XXI, la política todavía no ha sabido jerarquizar la educación pública y toma al salario de los maestros como una variable de ajuste para que le cierren otras cuentas, aunque quede desprotegida la Educación.
El gobernador Sergio Urribarri había anunciado que iba a convocar a los representantes de los gremios docentes –e incluso de los trabajadores estatales- para dialogar sobre la demanda de incremento salarial, pero hasta el momento lo único que se sabe es que el tiempo pasa y la convocatoria sigue siendo imprecisa.
Los maestros entrerrianos hace demasiados años vienen ofreciendo gestos de comprensión, pero su situación se encuentra desesperante, dado que literalmente la mayoría de ellos no llegan a cubrir sus necesidades más elementales a fin de mes.
Una provincia rica con una educación pobre es una peligrosa ecuación que termina erosionando la justicia social y los derechos constitucionales.
Pero el conflicto no es solamente salarial. Y a los irresueltos problemas en materia de infraestructura, ahora se suma la iniciativa del gobierno para contratar maestros bajo el régimen de monotributistas, lesionando la carrera docente.
El proyecto tiene un noble fin: fortalecer los centros de apoyo infantil en las escuelas primarias con el objetivo de evitar la repitencia y el abandono. Pero para los maestros, la propuesta del gobierno “es un hecho de gravedad inédita” dado que el ingreso de los docentes será por acuerdos personales, “pagos políticos partidarios” o a dedo y no por el régimen de concursos.
La disposición de Educación establece que la contratación del equipo institucional de los centros de actividades infantiles “será mediante contratos de locación de obras, para lo cual será requisito que los futuros contratados se encuentros inscriptos regularmente ante Afip”.
Pero la iniciativa mereció una dura respuesta de parte de Susana Cogno, vocal gremial del Consejo de Educación, quien lamentó que “una iniciativa tan valorable hacia el desarrollo integral de los niños contenga planteos que atenten contra derechos laborales vigentes en el ámbito de la normativa educativa provincial”.
Así las cosas, el paro por 48 horas convocado por AGMER para el 26 y 27 de julio sigue en firme. El gobierno todavía no convocó al diálogo. Y las familias entrerrianas ven nuevamente que la educación sigue un derrotero de deterioro que lesiona los anhelos de mejorar la calidad de vida de las personas.
La protesta reclama aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, especialmente en materia de infraestructura escolar; y el único camino que podría hacer desistir de la medida de fuerzas es una convocatoria del Ejecutivo entrerriano con una propuesta acorde con las necesidades de los maestros.
En pleno siglo XXI, la política todavía no ha sabido jerarquizar la educación pública y toma al salario de los maestros como una variable de ajuste para que le cierren otras cuentas, aunque quede desprotegida la Educación.
El gobernador Sergio Urribarri había anunciado que iba a convocar a los representantes de los gremios docentes –e incluso de los trabajadores estatales- para dialogar sobre la demanda de incremento salarial, pero hasta el momento lo único que se sabe es que el tiempo pasa y la convocatoria sigue siendo imprecisa.
Los maestros entrerrianos hace demasiados años vienen ofreciendo gestos de comprensión, pero su situación se encuentra desesperante, dado que literalmente la mayoría de ellos no llegan a cubrir sus necesidades más elementales a fin de mes.
Una provincia rica con una educación pobre es una peligrosa ecuación que termina erosionando la justicia social y los derechos constitucionales.
Pero el conflicto no es solamente salarial. Y a los irresueltos problemas en materia de infraestructura, ahora se suma la iniciativa del gobierno para contratar maestros bajo el régimen de monotributistas, lesionando la carrera docente.
El proyecto tiene un noble fin: fortalecer los centros de apoyo infantil en las escuelas primarias con el objetivo de evitar la repitencia y el abandono. Pero para los maestros, la propuesta del gobierno “es un hecho de gravedad inédita” dado que el ingreso de los docentes será por acuerdos personales, “pagos políticos partidarios” o a dedo y no por el régimen de concursos.
La disposición de Educación establece que la contratación del equipo institucional de los centros de actividades infantiles “será mediante contratos de locación de obras, para lo cual será requisito que los futuros contratados se encuentros inscriptos regularmente ante Afip”.
Pero la iniciativa mereció una dura respuesta de parte de Susana Cogno, vocal gremial del Consejo de Educación, quien lamentó que “una iniciativa tan valorable hacia el desarrollo integral de los niños contenga planteos que atenten contra derechos laborales vigentes en el ámbito de la normativa educativa provincial”.
Así las cosas, el paro por 48 horas convocado por AGMER para el 26 y 27 de julio sigue en firme. El gobierno todavía no convocó al diálogo. Y las familias entrerrianas ven nuevamente que la educación sigue un derrotero de deterioro que lesiona los anhelos de mejorar la calidad de vida de las personas.
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