Ley Micaela: Rechazo a las modificaciones dispuestas en la Ley Ómnibus que el Gobierno envió al Congreso

El miércoles 27 de diciembre, el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación, bajo el título “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus.

Entre muchísimas leyes, el proyecto pretende modificar seis artículos de la Ley Micaela (Ley N° 27.499), que exige la capacitación en género a los agentes del estado. Entre esas modificaciones la más grave es el cambio del artículo 1°, porque afecta el sentido de la ley. La modificación propuesta en el Artículo 535, es la siguiente: “Sustitúyase el artículo 1° de la Ley N° 27.499 por el siguiente: ARTÍCULO 1° Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

Actualmente, este artículo dispone: “Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

Antes esta situación, la Fundación Micela García “La Negra” emitió un comunicado en el que cuestionó el hecho de que “lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia, y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes”.

“La Ley Micaela (Ley 27.499), se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran. Ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica no tomaran una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años. Estos funcionarios públicos tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia”, cuestiona el comunicado.

“Muchos de los femicidios, ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (Policías, agentes judiciales, etc.) Ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Además de que no es lo mismo la Violencia Familiar que la Violencia por Motivos de Género, que pretende modificarse. Todo esto sucede a unos pocos días después de sentir muchísima emoción y orgullo al cumplirse 5 años de la sanción de la Ley Micaela”, indica el documento.

Todas las provincias argentinas han adherido a la Ley Nacional, muchos municipios también, así como el conjunto del sistema público universitario, sindicatos, empresas e instituciones deportivas.

“En estos cinco años hemos dedicado nuestras vidas a promover la instrumentación de la Ley Micaela con el convencimiento de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública. Y hemos visto los cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza. Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias”, señala el comunicado. Y remarca: “Si hay un delito o crimen es porque llegamos tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre”.

Sumando los votos de ambas cámaras, la Ley Micaela tuvo 230 votos a favor y uno en contra. Todas las fuerzas políticas, en aquel diciembre del 2018, acompañaron la ley que se está pretendiendo modificar. “Deseamos y trabajamos por la libertad y, por esa razón, creemos en la importancia de perspectiva de género. Libertad es salir a las calles y no tener que soportar acoso. Libertad es no temer a habitar el espacio público. Libertad es la que cercenaron a Micaela y a tantas otras”, dice el documento de la fundación.

Retroceso

Desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos también fue difundido un comunicado en el que la institución manifiesta “preocupación” por las modificaciones que el proyecto de Ley Ómnibus.

“Las variaciones pretendidas dejan sin efecto la obligatoriedad de la capacitación en Género para los y las integrantes de los tres poderes del Estado, en contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos”, expresa el documento. Y cierra: “La Ley Micaela constituye una conquista en la progresiva construcción de respuestas a los múltiples femicidios y violaciones a los derechos de las mujeres y otros colectivos discriminados por razones de género. Las modificaciones pretendidas implican un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas”.