PODRÍA ACOMPAÑAR AL EX GOBERNADOR EN LA CÁRCEL DE PARANÁ
La Justicia decide hoy si dispone la prisión preventiva de Pedro Báez
Este viernes al mediodía, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná dará a conocer su decisión sobre si dispone la prisión preventiva para Pedro Ángel Báez, exministro de Comunicación y Cultura durante la gestión de Sergio Urribarri.
La solicitud fue realizada la tarde del martes 19 de noviembre por los representantes del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, quienes argumentan que existe un riesgo de fuga por parte del exfuncionario.
Báez, quien también fue condenado en el megajuicio de 2022 a una pena de seis años y medio de prisión por delitos contra la Administración Pública, está a un paso de enfrentar la medida cautelar que busca garantizar que, si la sentencia adquiere firmeza, cumpla con la pena impuesta en el megajuicio.
Los fiscales Ignacio Aramberry, Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano plantearon que la situación de Báez debería equipararse a la de Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, quienes, tras la orden de arresto dictada el martes 19 por la Cámara de Casación Penal, ya se encuentran detenidos en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
Los cuatro acusadores fundamentaron el arresto preventivo. Por caso, la fiscal Yedro aseguró: “Tenemos que manejarnos en base a pronósticos, elementos concretos y ciertos y que es un posible riesgo de fuga. La situación de Báez ha cambiado por el fallo de Casación del día de la fecha, pero también debemos valorar no solamente la pena a la cual ha sido condenado, sino también las características personales”.
“Estamos hablando de una persona que tiene sobrados recursos técnicos, económicos y vínculos. Se ha desempeñado como funcionario público de alto rango, con personas que podrían colaborar con esa fuga, y cuenta con recursos económicos suficientes como para poder salir del país fácilmente”, subrayó.
Además, mencionó que el exministro tiene una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que “se observó que no puede justificar su patrimonio”. “Podemos sospechar que va a eludir el cumplimiento de la condena. Son personas en las que la ciudadanía ha depositado la confianza para que los represente y la han defraudado, no estamos ante ciudadanos comunes sino ante personas condenadas por delitos graves que a los estados se nos impone investigar, juzgar y condenar”, completó. Análisis