Incendios en humedales: piden probation para acusados, pero Fiscalía quiere un juicio oral
Una de las causas por los incendios en los humedales de Entre Ríos ocurridos el año pasado, tiene imputados a un hombre y sus dos hijos, apicultores que habrían originado fuego que pusieron en peligro el ambiente, así como a las personas. Tras ser procesados por el juez federal de Victoria, Federico Martín, la causa llegó al Tribunal Oral Federal de Paraná. En esta instancia, el defensor pidió la suspensión del juicio a prueba para ellos, porque carecen de antecedentes y porque la pena que implica el delito endilgado habilita esta vía. Pero, el fiscal general José Ignacio Candioti se opuso a la aplicación de la probation en este caso porque, por un lado, es una cuestión de política criminal del Ministerio Público, pero además porque se trató de un hecho grave que se generó un “peligro para el bien común”.
La defensa solicitó al Tribunal presidido por Lilia Carnero la probation para Rodolfo, Daniel y Adán Herrera, apicultores santafesinos que fueron detenidos al mediodía del 14 de agosto de 2022 en la zona del arroyo Los Laureles, islas del Holandés. Efectivos de la Policía de Entre Ríos patrullaba la zona en una embarcación cuando advirtieron el foco ígneo y a las tres personas que tenían una horquilla, una pala y baldes. El defensor consideró que resulta viable y aplicable la suspensión del juicio a prueba para ellos.
Según el dictamen, la Fiscalía General se opuso a tal medida por varias razones. Por un lado, sostuvo que la falta de antecedentes y la pena por el tipo de delito no resultan una cuestión automática para otorgar el beneficio. Fundamentó Candioti, al citar jurisprudencia, que el objetivo de la probation es descomprimir el sistema judicial, ofrecer otra oportunidad a los imputados, pero para casos de “supuestos ilícitos de poca lesividad”, lo cual no es el caso presente, publicó el portal Análisis Digital.
Por otro lado, argumentó una razón de política criminal el juzgamiento de estos hechos en un debate: “Las conductas que derivaron en el acaecimiento de incendios con peligro para el bien común, el conflicto penal suscitado tiene entidad y gravedad suficiente para ser resuelto a través de un juicio oral y público”.
“No puede soslayarse que se trata de un delito cuyo bien jurídico protegido es la seguridad pública frente a actos que la pongan en peligro. Máxime, cuando se trata de hechos cometidos en áreas protegidas, como lo son los humedales”.
Tras describir estos ecosistemas, sostuvo que “su protección es primordial, ya que permite el mantenimiento de la diversidad biológica, el reparo al cambio climático, provisión y abastecimiento de agua, etcétera”.
El deber del Estado al respecto -mencionó el fiscal Candiotti-, está plasmado a en leyes, convenciones y la propia Constitución Nacional.
“Los incendios producidos en la zona del Delta del Paraná constituyeron un caso de gran repercusión nacional, debido al grave daño que causaron, ameritando que lo sucedido sea dirimido a través de la realización de un juicio oral y público donde se expongan todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos acometidos”, argumentó Candioti. Y agregó: “Esto es, a su vez, “un derecho de la ciudadanía” a “conocer lo sucedido y la dilucidación de las responsabilidades”.
Ahora, se aguarda por la resolución del Tribunal Oral Federal de Paraná, para saber si los acusados recibirán la probation o si ocurrirá el primer juicio por uno de los tantos incendios que devastaron los humedales y provocaron grandes movilizaciones para que los gobiernos tomen medidas para su protección.