Entre Ríos podría adherir a la ley de protección integral para personas trasplantadas
Contempla la cobertura total de medicamentos y estudios por parte del Iosper. Habrá beneficios laborales para el caso de empleados estatales que sean comprendidos por la ley.
La Ley Nacional Nº 26.928, sancionada en diciembre de 2013, crea un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante inscriptas en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra) y con residencia permanente en el país.
El diputado provincial Jorge Monge (UCR-Diamante) propuso adherir a la norma, y establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud entrerriano.
El texto propuesto por el legislador reproduce párrafos de la ley nacional, pero adaptados al caso provincial y con la previsión de otros beneficios. En ese marco, dispone que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) brindará a sus afiliados o beneficiarios por la ley “cobertura del ciento por ciento (100 por ciento) en la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que esté directa o indirectamente relacionadas con el trasplante”, publicó la agencia Recintonet.
En tanto, fija que, en el caso de beneficiarios que sean empleados dependientes del Estado provincial “y que deban realizarse controles en forma periódica, gozarán del derecho de licencias especiales, con goce de remuneraciones, que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud que fueran necesarios”. Y añade: “El lapso que demanden dichos controles o prácticas es independiente y no se computará dentro del tiempo de licencias pagas por enfermedad de que gozaren los empleados conforme normas legales o convencionales aplicables”.
Según el texto, el Ministerio de Trabajo promoverá programas de empleo, de emprendimiento y talleres protegidos, destinados a las personas comprendidas en la ley.
Además, “los inmuebles que constituyen vivienda única familiar, cuyo valor no sea superior al tope exigido para la declaración de bien de familia, de titularidad de las personas (beneficiadas por la ley) estarán exentos del pago del impuesto inmobiliario provincial”.
El diputado provincial Jorge Monge (UCR-Diamante) propuso adherir a la norma, y establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud entrerriano.
El texto propuesto por el legislador reproduce párrafos de la ley nacional, pero adaptados al caso provincial y con la previsión de otros beneficios. En ese marco, dispone que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) brindará a sus afiliados o beneficiarios por la ley “cobertura del ciento por ciento (100 por ciento) en la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que esté directa o indirectamente relacionadas con el trasplante”, publicó la agencia Recintonet.
En tanto, fija que, en el caso de beneficiarios que sean empleados dependientes del Estado provincial “y que deban realizarse controles en forma periódica, gozarán del derecho de licencias especiales, con goce de remuneraciones, que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud que fueran necesarios”. Y añade: “El lapso que demanden dichos controles o prácticas es independiente y no se computará dentro del tiempo de licencias pagas por enfermedad de que gozaren los empleados conforme normas legales o convencionales aplicables”.
Según el texto, el Ministerio de Trabajo promoverá programas de empleo, de emprendimiento y talleres protegidos, destinados a las personas comprendidas en la ley.
Además, “los inmuebles que constituyen vivienda única familiar, cuyo valor no sea superior al tope exigido para la declaración de bien de familia, de titularidad de las personas (beneficiadas por la ley) estarán exentos del pago del impuesto inmobiliario provincial”.
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