Entre Ríos es la provincia que más ríos tiene, pero carece aún de una ley integral del agua

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

Hay un tema que quedó –como en otras ocasiones- ausente de la campaña electoral y tampoco está explicitado de manera concreta y clara en las plataformas de gobierno de ninguna expresión política partidaria: la protección del agua dulce, un activo hoy indispensable en el mundo entero.

A pesar del nombre que tiene esta provincia, Entre Ríos; a pesar que es fácil imaginar que en ese nombre también está su destino; lamentablemente en materia de agua dulce prevalece que sea un territorio sin gobernanza, con normas que son necesarias adecuarlas a las exigencias de los tiempos y con políticas de gestión que nunca de implementaron como corresponde como puede ser, a manera de ejemplo, una política de cuenca.

Con el agua dulce todo el mundo hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No hay sanciones, ni recomendaciones, ni siquiera regulaciones. Apenas un simulacro de Dirección como puede ser el de Hidráulica: es decir, tiene una jerarquía de cuarto orden en el esquema de gobierno porque está relegada en el siguiente organigrama: Ministerio, Secretaría, Subsecretaría y recién aparece la Dirección. Esto quiere decir que su poder de decisión es casi nulo.

Ejemplos prácticos de la vida cotidiana lo visualizarán mejor: hay que imaginar que un Municipio logra la extracción de agua cruda para luego –a través de Obras Sanitaria- volverla potable inyectada a una red pública; aguas arriba de ese curso hídrico, se autoriza la extracción minera. Por otro lado, en toda su ribera la deriva de los agrotóxicos, llegan como una lluvia horizontal a ese mismo cauce, que aguas abajo se extrae para potabilizar el agua que consumirán los seres humanos. Agua con veneno, no hay otra fórmula. Hay más, en medio de ese caos, se autoriza la existencia de una playa o balneario para explotación del sector turístico. Ninguna de estas formas de relacionarse con el agua (el bien como elemento para la vida humana, la actividad minera, la actividad agropecuaria y la actividad turística) tienen a un mismo organismo para autorizar su utilización. Son todos organismos distintos, a veces hasta incomunicados entre sí a pesar de pertenecer todos al Estado provincial.

En materia de cuenca, tomando al río Gualeguaychú como ejemplo, no articulación entre los distintos municipios, porque no hay una autoridad u organismo que los coordine. Así, en las termas de Villa Elisa (Departamento Colón) se explota la actividad termal-turística de aguas saladas, que luego es inyectada al río Gualeguaychú que es de agua dulce. Y ni qué hablar de los distintos efluentes industriales que llegan a ese curso de agua, casi todos sin tratamiento alguno. Lo mismo ocurre con las aplicaciones agrotóxicas como consecuencia de la actividad agropecuaria a escala industrial, cuyo daño a la salud es una evidencia científica que ya ni siquiera se duda. Así, Gualeguaychú –aguas abajo- es la localidad que recibe todo ese daño ya provocado y de difícil remediación. La ausencia de una política de cuenca, afecta a todos; pero especialmente a las comunidades que se desarrollan aguas abajo. Parece que esto que es tan elemental, cuesta entenderlo en la organización del Estado Provincial.

Ahora se entiende un poco mejor por qué esta anomia, estar suerte de no fortalecer nada menos que el vínculo con un elemento que es indispensable para la salud humana (el agua es nuestro primer alimento y clave para aspectos sanitarios), pero también es esencial para la producción y el desarrollo porque es una materia prima que no se reemplaza.

Imagen ahora el grave conflicto que se generó por la presencia ilegal e ilegítima del barrio fluvial Amarras. Este emprendimiento –que cuenta con la complicidad de la Municipalidad de Pueblo General Belgrano- hasta desvío parte del curso del río Gualeguaychú para apropiarse de un elemento que pertenece a todos los entrerrianos. Y, a pesar que la Justicia ya ordenó que se comience a aplicar las medidas de remediación, nada ha comenzado y todo se sigue destruyendo.

Imagen esta situación: a partir del 10 de diciembre, el intendente electo de Gualeguaychú, Mauricio Davico, tendrá que gestionar para que se aplique en toda su extensión la sentencia de la Justicia, que ubica a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano (donde él es intendente) como condenada subsidiaria por esta atrocidad cometida por Amarras. Y del mismo modo pasa con la Provincia, que también es condenada en solidaridad por estos hechos.

Jerarquizar antes que destruir

El agua es un asunto altamente estratégico para la provincia y para el país. No hay –ni la hubo- una consciencia gubernamental para generar las herramientas necesarias que hubieran permitido dar más protección al agua, al Oro Azul.

Y así como se reclama una política de cuenca y una mayor coherencia en la gestión de este bien natural (el agua no es solo un recurso), también es necesario enfatizar que en una provincia que se llama Entre Ríos, es un insulto a la inteligencia que la actividad agropecuaria no haya podido todavía acceder al riego colectivo. Eso también es una enorme contradicción.

Si bien se han realizado algunas obras en materia de infraestructura –especialmente en el Norte entrerriano-, la regulación de uso y de impacto ambiental y la administración de las herramientas financieras e impositivas siguen estando ausentes.

Pareciera que la abundancia del agua en Entre Ríos haya llevado casi al desprecio más absoluto. Lo vemos con Amarras, con la falta de una política de cuenca, con una gestión hidráulica que es una veleta a merced del viento, sin un organismo rector. Y, al revés, en aquellas provincias donde el agua es una carencia, se ha logrado una virtud: gestionar el riego colectivo en un diálogo claro entre lo público y lo privado, donde nadie sale perjudicado y todos son favorecidos. Hay que aprender de Cuyo.

En Entre Ríos no hay un organismo rector, y tampoco hay una ley integral que permita regular su uso y preservación. Lamentablemente, los legisladores son demasiados ociosos con un ingreso superior a los 800 mil pesos mensuales y que, a partir del 10 de diciembre, pasará a poco más de dos millones de pesos mensuales.

Antecedentes

Gracias a los estudios realizados por el experto José Nágera (vecino de Gualeguaychú y que fue el primer geólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1915, falleció en 1966), se sabe que la provincia está atravesada por más de siete mil ríos, riachos y arroyos cuyas aguas superficiales no dependen del milagro de la lluvia. Y a estos más de siete mil cursos de aguas superficiales, todavía hay que sumarle dos componentes insoslayables: los cauces secos que en épocas de lluvias se convierten en torrentes y lo que es más importante aún: los acuíferos y su fecunda recarga, especialmente el denominado Guaraní.

A pesar de esta riqueza, Entre Ríos siempre es noticia porque padece el problema de la sequía de sus tierras, especialmente en el Sur provincial. En otras épocas padece el otro extremo: el flagelo de las crecientes. Y en períodos puntuales como el verano, en casi todas las localidades de la provincia, el agua es escasa por la baja presión o por la insuficiente producción de potabilización para los hogares.

Un mal de todos

En el campo, la falta de agua provoca la muerte de animales, amén de los riesgos que atraviesan los sembrados. En este tiempo se ha atravesado una de las peores sequías de la h historia. La falta de agua siempre es una amenaza que torna impredecible e incierta la suerte de los pequeños y medianos productores que deben partir de sus hogares en un éxodo que avergüenza la memoria de los mayores. Y todo esto se podría evitar con acueductos colectivos. 

Así como alguna vez la provincia soñó con la posibilidad de tener un gasoducto que lleve el gas natural a las industrias, al comercio y a los hogares, lo mismo deberá diseñar con respecto al agua.
En una provincia con más de 5.700 cursos de agua superficiales es inconcebible que el riego –por ejemplo- no sea colectivo. Es como si la abundancia fuera inspiradora del desprecio. No es casual que Entre Ríos hoy sea –pese a su nombre- considerada como una de las provincias donde se está produciendo la mayor erosión de sus suelos.

Imperturbable, a veces la sequía: en otras las inundaciones, plagan de muerte todo a su alrededor y afecta a la actividad humana, a los animales y a los cultivos. Mientras tanto, más de siete mil cursos de agua bajan constantemente en busca del mar sin poder ser aprovechados en todo su potencial. 

La solución se impone: una ley de agua, que permita consolidar el riego colectivo, pero prioritariamente aprovechar de manera integral y sana al “Oro Azul” que tanto merecen los entrerrianos que hacen de esta tierra “el mejor verde” del país.

Hoy más que nunca es necesario pensar, proponer, diseñar y actuar en los grandes temas que preocupan a los entrerrianos y simultáneamente, preservar este bien (que además es un recurso) que es escaso en todo el mundo.

Mientras tanto, en la provincia a cada instante se genera un colosal desperdicio de esfuerzos y recursos, como esos ríos que van a la mar sin ser aprovechados.