Entre Ríos asignó una partida de 39 millones de pesos para Gastos Reservados en 2023
En Entre Ríos se asignó una partida de 39 millones de pesos para Gastos Reservados en el Presupuesto 2023. El dinero es manejado bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, de modo “confidencial”, y tiene como destino “cuestiones de urgencia fundadas en la gestión”.
Los Gastos Reservados sólo están previstos en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, según la Ley 10.553 de 2017. Tienen carácter confidencial. El portal Ruido sólo pudo conocer el monto a través de un pedido de información pública (entregado el 31 de julio de 2023) que fue respondido el 6 de septiembre por el ministro de Economía, Hugo Ballay.
Al seguir las pautas administrativas publicadas en la web oficial del Gobierno de Entre Ríos, se identifica el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Provincial-Edición Actualizada 2022. Según surge de ese documento, los Gastos Reservados son una partida clasificada por “objeto del gasto” y están previstos bajo la numeración 39 (“Otros servicios”) que contiene el ítem 392 “Gastos reservados”. La definición del objeto de la partida precisa: “Gastos que por su naturaleza deban mantenerse en reserva. Esta partida sólo puede ser utilizada por los organismos autorizados a realizar dichos gastos por la normativa legal vigente”.
Según la respuesta que se dio desde el Ministerio de Economía al portal Ruido, a partir del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), la partida para 2023 es de 39 millones de pesos.
La Secretaría de la Gobernación es la única área autorizada a manejar esta partida. Así se dispuso en 2017, luego del escándalo institucional que provocó una investigación periodística de la revista Análisis, en su edición 1039 del 12 de mayo de 2016.
En aquel número, se reveló que había partidas presupuestarias que no se controlaban para el gobernador (Gustavo Bordet), el exministro de Gobierno (Mauro Urribarri), el jefe de la Policía (Gustavo Maslein) y la expresidenta del Superior Tribunal de Justicia (Claudia Mizawak). Se contó que esas remesas del Ejecutivo al Poder Judicial fueron implementadas desde 2010 en adelante, como una especie de “plus en negro” que habría servido para viajes, viáticos y regalos de cortesía.
La discusión pública derivó en intentos de juicio político a dos vocales del STJ: la expresidenta del Poder Judicial, Claudia Mizawak, y el exvocal Carlos Chiara Díaz. Los dos procesos iniciados en la Legislatura provincial se cayeron. Los legisladores oficialistas y aliados frenaron el juicio contra Mizawak al emitir un dictamen negativo, y Chiara Díaz renunció a su cargo cuando el proceso en su contra estaba en marcha.
De seguridad a “cuestiones de urgencia fundadas en la gestión”
La agitación institucional de aquellos días derivó en un proyecto de ley que presentó el diputado Esteban Vitor (Cambiemos-Paraná). “Cuando arranqué la Diputación, los gastos reservados era uno de los temas centrales. El proyecto original que presenté tenía una finalidad, luego salió la ley con otra finalidad. Lavaron el proyecto, Si no, no salía”, recordó el legislador.
En algunos tramos de los fundamentos del proyecto que presentó Vitor en aquel momento, se lee: “Si bien son ‘secretos’ o ‘confidenciales’, los gastos deben ser perfecta y completamente rendidos, cotejados con la consabida documentación respaldatoria -el Tribunal de Cuentas debería haber rechazado las meras manifestaciones de funcionarios beneficiados acompañadas de simples recibos que acreditaban gastos por consumo personal, como ocurrió durante varios períodos constitucionales de gobierno en nuestra Provincia, publicó el portal Análisis.
“A esta extralimitación se agregaron, desde 2010, los ‘Gastos de Representación’ -que se habrían tomado de la partida de Gastos Reservados asignada al PE- pagados por mensualmente a 8 vocales del S.T.J.E.R., al Procurador General de la Provincia y al Defensor General de la Provincia.
Finalmente, en diciembre de 2017 la Legislatura de la Provincia aprobó la ley 10.533 que establece, entre otros puntos:
* Los créditos presupuestarios destinados a Gastos Reservados tienen como fin atender la actividad que debe desarrollar el Estado en situaciones de urgencia fundadas en la gestión. Deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de la Gobernación u organismo que el primero determine. Queda prohibida su utilización con propósitos ajenos a esa finalidad.
* Sólo podrán consignarse créditos destinados a ‘Gastos Reservados’ a los organismos oficiales que por ley resulten competentes para cumplir la misión prevista en el Artículo 1°.
* La partida destinada a Gastos Reservados podrá ser modificada únicamente por previa y expresa aprobación de la Legislatura de la Provincia.
* Toda información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrá la calificación de ‘confidencial’.
Vitor remarcó que “en el proyecto original se proponía atender cuestiones de seguridad, mientras que en la ley la finalidad fue ‘atender situaciones de urgencia fundadas en la gestión’. Salió demasiado lavado porque, con la finalidad, queda abierto”.