El CGE habilitó a los docentes a acumular más de un cargo
La Ley Número 9.330 impedía hasta ahora tener más de un cargo o exceder las 36 horas cátedra en niveles medio y superior. Ahora se plantea un problema de sobrecarga laboral.
Después de cuatro años de batalla judicial, el Consejo General de Educación (CGE) aceptó un fallo judicial que declaró inconstitucional el artículo 92 de la Ley Provincial de Educación, y habilitó a los docentes que se desempeñan en escuelas de gestión privada a ocupar cargos también en colegios públicos.
Según el texto de la ley, aprobada en 2001, ?ningún docente podrá ejercer en incompatibilidad. No podrá tener más de un cargo docente ni acumular más de 36 horas cátedra por semana, en cualquier nivel y modalidad de enseñanza, ya sea de gestión estatal o privada, dejándose a salvo los derechos adquiridos?.
La disposición agrega que la autoridad educativa ?deberá promover la concentración de las horas de cátedra de cada docente titular o interino, en un solo establecimiento o en el menor número de ellos?.
Sin embargo, fallos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tildaron la norma de inconstitucional y el CGE resolvió comunicar a las escuelas privadas que deberán ?acatar y arbitrar los medios para dar cumplimiento a lo dictaminado por la Justicia, en cuanto a que los docentes que se desempeñan en establecimientos privados se encuentran encuadrados en el fallo judicial, independientemente de su afiliación sindical?, según lo que informó la responsable de Educación Privada, Marisa Mazza, a los establecimientos.
Según consignó El Diario, el fallo se constituye en un freno a la posibilidad de ingreso a la carrera de los docentes que egresan de los institutos de formación, y que forman la larga lista de aspirantes, y legaliza la sobrecarga horaria de los docentes.
La disputa se inició apenas sancionada la Ley de Educación, ya que el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) comenzó una batalla legal, y planteó la inconstitucionalidad del artículo 92 de la norma por entender que violaba el derecho a trabajar y porque ponía trabas a un docente que, desempeñándose en la un establecimiento privado, pretendiera acceder a otro cargo en una escuela pública en la provincia.
El recurso se inició en noviembre de 2003, y fue acogido favorablemente por el juez en lo Civil y Comercial Mario Quinteros. La sentencia fue apelada por el gobierno, pero mientras tanto rigió una medida cautelar que dejó en suspenso la aplicación de aquel artículo de la Ley Provincial de Educación.
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