Continúa en tensión la situación del IOSPER

El cuerpo mayoritario del directorio de la obra social prepara una presentación contra una serie de decisiones que adoptaron los dos interventores que designó el Poder Ejecutivo entre abril de 2005 y junio último, que encabezaron, sucesivamente, Miguel Sampietro y Ricardo Rizzo. Los puntos sobre los que se asentará esa demanda se definirán en las próximas horas, aunque ya hay dos que son clave a juicio del directorio: El pago de un millón de pesos al Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, cuando lo correcto hubiese sido que la obra social sea resarcida por la entidad por una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contraída por los farmacéuticos cuando operó la red de farmacias del organismo. Por ese hecho, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos emitió un severo dictamen en el que alertó por ?una seria falla en los mecanismos de control interno?. El otro aspecto que se cuestiona es haber dejado en manos del Colegio de Farmacéuticos la tarea de auditoría sobre el convenio prestacional, cuando esa tarea debió quedar en manos del IOSPER. De todos modos, el entredicho que tiene en el centro de la tormenta al IOSPER -obra social que da cobertura médica a casi 250 mil personas, y maneja una caja por encima de los 97 millones de pesos al año- nació casi en el mismo momento en que el Gobierno resolvió dejar en manos de los sindicatos del Estado su administración. Las elecciones para designar a los siete directores se aplazaron cinco veces, y cuando finalmente se concretaron, el mismo día que asumieron la Legislatura sancionó una reforma a la ley de creación del IOSPER e introdujo la figura del cogobierno, a través de una comisión fiscalizadora y un gerente general, designados por el Ejecutivo. La entrada en vigencia de aquella norma, la ley 9.715, derivó en la puesta en funciones de los integrantes de la fiscalizadora, Ricardo Rizzo, Graciela Traverso y Ernesto Denis, y de la gerente general, Silvia Negrete. Por último, la posibilidad de una intervención es abonada con distintas versiones. El representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en el directorio del IOPSPER, Ariel de la Rosa -que junto a Rubén Zaragoza, delegado de los pasivos, conforman la minoría- abonó la posibilidad de que se pueda llegar a una nueva intervención del Poder Ejecutivo. Dijo: ?Espero que los cinco directores que están agrupados en una mayoría, depongan una actitud egoísta. Pero si esto sigue, indefectiblemente vamos camino a una intervención ya que parecen un grupo de perros peleándose por un hueso, en vez de preocuparse por el mejoramiento de la institución?. Sergio Elizar, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), sostuvo sin embargo que ya ?hay una intervención de hecho, porque el directorio está pintado?, aunque en caso de que el Gobierno resuelva desplazar al directorio, anticipó que el camino que quedaría sería el de la desafiliación masiva. Una vía similar seguirían los municipales, tal cual lo resolvió una asamblea de delegados en la que también se declaró ?persona no grata? a Ariel de la Rosa. Y los judiciales, amparados en una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) van de a poco optando por otras prestadoras de salud.