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Cómo será el registro de cada celular en las cárceles y el límite que tendrán su uso
La emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus ha provocado cambios impensados y decisiones que, incluso, contrarían las leyes. Un ejemplo es la resolución de la Justicia de autorizar a los presos alojados en las nueve unidades penales de la provincia a utilizar celulares para mantener la comunicación con sus familiares, a quienes suspendieron las visitas.
Ayer, el Ministerio de Gobierno y Justicia elaboró el protocolo solicitado para que se pueda cumplir con un derecho fundamental de los internos, que es la comunicación y el vínculo con sus seres queridos.
La medida tiene vigencia mientras dure la situación de emergencia sanitaria y de aislamiento. Sin embargo, como muchos de los cambios en los hábitos, costumbres y reglamentaciones que se han producido en forma estrepitosa en las últimas semanas, cabría preguntarse si el uso legal de celulares en las cárceles no ha llegado para quedarse.
La ministra Rosario Romero explicó al diario Uno de Paraná que el protocolo fue remitido al defensor general (Maximiliano Benítez) y al fiscal general (Jorge Amílcar García), para que lo suscriban o propongan modificaciones o agregados, al igual que a los dos jueces de Ejecución de Penas (Cecilia Bértora de la Costa del Paraná y a Carlos Rossi de la costa del Uruguay). La idea es que exista un consenso a la hora de implementar una medida novedosa.
Asimismo, una vez finalizado, se enviará a los jueces federales y Tribunales Orales Federales con asiento en la provincia para que evalúen si adoptarán la misma medida para los procesados y condenados federales, que son casi 600.
El documento cuenta de tres carillas y plantea el mecanismo por el cual los presos podrán usar sus celulares para comunicarse con vínculos familiares y afectivos. Primero, cada allegado deberá acercar el teléfono a la unidad penal correspondiente, el cual será registrado con su respectiva línea y nombre del interno. Quedará en depósito del Servicio Penitenciario.
El momento para utilizarlo sería únicamente en los horarios de recreación de cada interno, sector o pabellón. Luego deberán devolverlo al sector o encargado de la unidad penal. La recomendación es que la vía de comunicación sea llamadas o por WhatsApp, no así los medios sociales.
Esta medida se adopta luego de un par de semanas agitadas dentro de las unidades penales entrerrianas, donde hubo desde huelgas de hambre hasta un intento de motín. Asimismo, se realizaron numerosas presentaciones de abogados para pedir prisiones domiciliarias. Finalmente, fueron los delegados penitenciarios de Paraná quienes formularon concretamente la autorización temporaria del uso de telefonía celular de los internos, de manera coordinada con las autoridades del Servicio Penitenciario.
El Superior Tribunal de Justicia consultó a cada parte interesada. El defensor general estuvo de acuerdo, y el procurador general consideró razonable la petición. El director del SPER, Marcelo Sánchez, advirtió sobre las dificultades que existirían para efectuar los controles al uso de los celulares, teniendo en cuenta los numerosos antecedentes de uso de celulares ingresados clandestinamente a las cárceles que fueron utilizados con fines delictivos. Asimismo, indicaron que podrían existir situaciones de desigualdad ya que no todos podrían acceder a un teléfono. No obstante, ahora propusieron las mencionadas medidas para la implementación del protocolo, que consideran que serán apropiadas para evitar los riesgos advertidos.
Los vocales del Superior Tribunal de Justicia Martín Carbonell, Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina resolvieron finalmente la autorización al uso de celulares. Entre otras consideraciones plantearon que en caso de que se registre o denuncie que un interno utilizó un celular de manera indebida, o amenazó a su víctima o testigos de su causa, tendrá las consecuencias penales y administrativas correspondientes.
Se espera que el protocolo esté firmado y consensuado por todas las partes entre hoy y mañana. Mientras tanto, se está permitiendo a familiares de internos a llevar los celulares para poner en marcha el registro de cada uno en forma prolija.