Casación ordenó la detención y traslado a la cárcel del exgobernador Urribarri

Las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, hicieron lugar a un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y revocaron una resolución del Tribunal de Juicio y contra esa medida, disponiendo la prisión preventiva efectiva del exgobernador y su cuñado.

Ambos fueron condenados por el desvío de fondos públicos para promocionar la figura del ex gobernador como candidato presidencial en 2015.

Los abogados defensores de ambos condenados por delitos de corrupción, en el marco de la causa denominada como Megajuicio, fueron notificados poco después de las 10 y el Servicio Penitenciario provincial iba a buscar a Urribarri a la calle Néstor Garat 291, de Concordia, domicilio legal, para trasladarlo a Paraná, mientras que su cuñado, Aguilera, iba a ser aprehendido en su casa de la capital entrerriana.

En abril de 2022, el tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, condenó al entonces embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, de acuerdo con la acusación de los fiscales.

El exgobernador justicialista (2007-2015) sostuvo durante el juicio que fue “objeto de una construcción jurídica y mediática” y pidió su absolución. Después de recibir la sentencia, por medio de sus abogados, apeló en libertad la condena ante la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos.

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull habían solicitado 12 años de prisión. La fiscalía de juicio estuvo encabezada por la procuradora adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, pero en diciembre de 2021 fue suspendida de sus funciones en pleno juicio por supuesto mal desempeño, lo que provocó el rechazo de fiscales de todo el país.

Además del embajador Urribarri, otras 12 personas fueron acusadas, entre quienes se encontraban exfuncionarios, familiares y supuestos “testaferros” en empresas privadas contratistas de la gobernación, según la acusación de los fiscales. El tribunal condenó en 2022 al exministro de Cultura de Entre Ríos, Pedro Ángel Baez, a seis años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua por los mismos delitos, y, a la misma pena, al cuñado del exembajador y exfuncionario público, Juan Pablo Aguilera. Los jueces condenaron también a otros cinco acusados a penas más bajas y absolvieron a otros cuatro de los imputados, entre ellos al exministro de Turismo, Hugo José María Marsó.

Los fiscales habían solicitado condenas de entre dos años y seis meses y doce años de prisión, dependiendo del rol imputado: presuntos autores de los delitos o supuestos partícipes secundarios.