Una jueza se sensibilizó y otorgó la prisión domiciliaria a un imputado por narcotráfico

Ella era una empleada contratada por la Municipalidad de Concordia para la organización de eventos, empleada del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) y colaboradora de la Fundación Conased, una entidad de acción social creada por la familia del exintendente Enrique Cresto. Él, docente en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, además de asesor de reconocidas empresas de la zona.

A Francia le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria en marzo de 2020. Ahora, el esposo, Juan Pablo Solari, obtuvo el mismo beneficio luego de estar dos años en prisión preventiva efectiva, en la Unidad Penal N° 2.

Según la Justicia, “habrían comercializado estupefacientes de manera conjunta y organizada entre sí, asumiendo y ejerciendo cada uno de ellos diversas funciones de provisión, organización, distribución, logística de transporte, aprovisionamiento, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta del tóxico en distintas localidades”. Hasta el momento no fueron juzgados.

Pero hay requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio en la que Solari está imputado por considerarlo coautor delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas de forma organizada en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por haberlo cometido de forma habitual o como miembro de una organización o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, en calidad de coautor.

El abogado defensor de Solari, Enrique Oscar Bacigaluppe, acudió ante la jueza María Emilce Rojas, del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, y pidió la “morigeración de la prisión preventiva” de Solari y se le conceda la prisión domiciliaria en razón de que “por más de dos años no ha podido ver a sus hijos menores”.

Según publicó el portal El Entre Ríos, la jueza Rojas se conmovió y accedió a la petición y le otorgó a Solari el arresto domiciliario. De la lectura de la sentencia, surge que la magistrada resolvió en base “al interés superior del niño”, un principio del derecho hoy universalmente reconocido.

En efecto, la jueza aludió a “las múltiples normas de derecho internacional y de derecho interno en las que se alude al interés superior del niño y a la importancia de la relación con sus progenitores”.

No es casual que, a renglón seguido, la magistrada cite varios párrafos de una carta manuscrita que Solari envió desde su celda en la Unidad Penal de Gualeguaychú. Entre otras cosas, Solari le dice que no pudo asistir al cumpleaños de 15 de su hija ni a la comunión de su hijo y que su familia “está subsistiendo con ayudas sociales (Ayuda Universal por Hijo) debido a que su esposa se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, por lo que se encuentra imposibilitada de ir a trabajar”.

“Si bien sus hijos menores se encuentran al resguardo de su madre (que también está detenida preventivamente, pero en su casa), resultan evidentes las dificultades que ha atravesado el núcleo familiar desde la detención del procesado Solari, más aún, teniendo en cuenta que éste no ha podido tener contacto con sus hijos desde que se encuentra detenido”, señala la jueza. Y agrega: “A ello debe adunarse que de las constancias de la causa y de lo expresado por el propio imputado, surge que, en caso de concederse el beneficio, por sus títulos académicos, podría colaborar a la economía familiar dando clases desde su domicilio o realizando tareas relacionadas a los cursos que ha tomado dentro de la Unidad Penal”.

 

La carta

 

La resolución de la juez está acompañada de una copia de la carta que Juan Pablo Solari escribió, en un nuevo intento por convencer a la Justicia de que debía ser autorizado a regresar a su hogar, a la espera de que finalmente se lleve a cabo el juicio que dictaminará acerca de su culpabilidad o inocencia.

La causa judicial que pesa sobre Solari y su esposa, Gabriela Francia, e involucra a una veintena de personas, ha sido elevada a juicio.

Del cotejo del requerimiento fiscal de elevación a juicio surge que Juan Pablo Solari y su pareja han sido señalados como “…quienes se encargaban de resguardar los valores en efectivo que se obtenían como consecuencia de las actividades ilícitas de la organización, principalmente a Néstor Francia Brun y a Diego Armando Trinidad, posibilitando así que subsista su funcionamiento. A espaldas de los demás integrantes, ellos constituyeron varios plazos fijos con alrededor de tres millones de pesos, según surge de las tareas investigativas agregadas al expediente. Tales operaciones se habían realizado en los Bancos de Entre Ríos, Galicia y Nación Argentina…”.

La jueza Rojas valoró que la imputación contra ambos es de tal calibre como para haber justificado la prisión preventiva efectiva, pero de inmediato optó por darle prioridad al derecho de los hijos de Solari a reencontrarse con su papá, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

En la carta manuscrita que el docente e ingeniero le envió a la magistrada, le dice: “Estoy pasando por un momento emocional muy complicado. No le hablo como un expediente más. Lo hago desde el lugar más vulnerable y humano que tengo, mi título más importante, mi fortuna más grande. Le hablo como papá de dos menores de 11 y 15 años que desde el día en que fui arrestado (8 de junio de 2019), no los pude ver más”.

Más adelante, tras contar que su familia “está subsistiendo por ayudas sociales (AUH)”, le pide a la jueza “la posibilidad de un arresto domiciliario para trabajar como docente, que es a lo que me dedico, actividad que se puede realizar desde la casa y a distancia, pudiendo de esta manera generar algunos ingresos para mi familia”.

“En virtud de ello –sentenció la magistrada,- del cotejo de lo valorado por la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio, sumado a las circunstancias personales de Juan Pablo Solari que ponen de relieve su arraigo plasmado y la necesidad de velar por el interés integral de sus hijos menores, ello sumado al tiempo transcurrido desde su detención, entiende la suscripta que se encuentra justificada la posibilidad de acordar al nombrado la prisión domiciliaria supeditado a la colocación de pulsera electrónica”

En su parte resolutiva, la sentencia de la jueza federal ordena “conceder el beneficio de prisión domiciliaria al procesado Juan Pablo Solari en el domicilio de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, bajo vigilancia electrónica”

Ahora varios abogados de narcos presos, ensayarán “la carta emotiva” para lograr morigerar sus libertades restringidas, teniendo en cuenta la “sensibilidad” de los magistrados que operan en Entre Ríos como la jueza María Emilce Rojas, del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.