Rosario Romero: “Un gran objetivo para el año próximo es cerrar la vieja UP 2”

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, habló de todos los temas de relevancia y actualidad al hacer un balance del año de gestión, como la asunción de Diego Lara en la Presidencia del Tribunal de Cuentas, los casos de coronavirus en las cárceles y Fuerzas de Seguridad, y las denuncias por apremios ilegales en la policía entrerriana.

 

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Romero destacó la asunción de Diego Lara como nuevo presidente del Tribunal de Cuentas y consideró que “seguramente esperará a estar en funciones para analizar esas cuestiones de autocriticas, que no pueden hacer sin haber participado del órgano”.

En otro orden de temas, Romero confirmó la muerte del primer policía entrerriano por Covid-19: “Lamentablemente son las noticias que uno no quisiera tener que dar, pero formamos parte de la sociedad, estamos inmersos en la comunidad y la noticia de la muerte ligada al Covid es algo esperable dentro de la sociedad en que vivimos, hasta que tengamos vacuna”.

Dijo haberse “sorprendido por la noticia en las últimas horas” por lo desconoce “si tenía alguna enfermedad prevalente”. “Durante todo el año tuvimos un número permanente de 200 aislados por distintas razones de riesgo, y en este momento hay alrededor de 60 casos de policías con coronavirus”.

Cabe recordar que el oficial fallecido fue identificado como Emiliano Hermoso de 31 años, oriundo de Gualeguay.

Asimismo, tras la aparición de casos de coronavirus en la Unidad Penal N° 1 de Paraná aseveró que “está controlada la situación” y especificó que “en la UP 1 se hizo un lugar de aislamiento con capacidad para 60 personas aisladas y que todo este tiempo estuvo completamente desocupado, y fuimos la única provincia que no tuvo casos en las cárceles hasta hace quince días”.

“No tenemos ninguna situación de preocupación en las cárceles porque tenemos controles y suficiente capacidad para aislar a las personas que están enfermas”, sentenció.

 

Balance de gestión

 

Por otra parte, al hacer un balance del 2020 y de las cosas por concretar, la ministra analizó que “la pandemia atravesó todas las políticas de Estado, pero este año se logró poner en funcionamiento el juicio por jurado; terminar el concurso del Tribunal de Cuentas; días pasados se terminaron concursos de fiscales y defensores en el Consejo de la Magistratura; hubo diálogo permanente con autoridades nacionales de los Ministerios de Seguridad y de Justicia; estoy a la búsqueda de mayores dispositivos electrónicos para las prisiones domiciliarias”.

Entre lo que falta lograr, Romero reconoció: “No pude concretar un debate profundo sobre un tema que no voy a abandonar en relación con la Justicia de Faltas en la provincia para superar la 3.815 y mejorar todo lo que son contravenciones, sistemas de faltas menores y Código de Convivencia sobre lo cual trabajé un proyecto todo el año, pero todavía no logro terminar de establecer las suficientes reuniones para tener un consenso final y elevarlo al gobernador. Es una de las cosas que quedan pendientes, pero no pienso dejarlo de lado porque es una necesidad ya que Entre Ríos tiene una de las leyes más antiguas, que es de mediados del siglo pasado”, publicó el portal Análisis.

A eso agregó: “También tenemos que lograr mayor celeridad en el Consejo de la Magistratura, el gobernador recién lo pidió para que las suplencias en el Poder Judicial no duren tanto, y nos queda como pendiente ponerle mucha tarea a la construcción que ya está iniciada en la cárcel de El Potrero de Gualeguaychú donde hay un hospital y dos módulos nuevos en construcción. Y si nos va bien y llegan los fondos de Nación en estos días como se espera se licitarán otros tres módulos, lo que nos permitirá cumplir un objetivo grande que es cerrar la vieja UP 2 de Gualeguaychú, que es una cárcel centenaria, que tiene muchos inconvenientes y que sería un logro de gestión del gobernador Bordet poder cerrarla y por eso vamos a trabajar intensamente en eso”.

Sobre ese punto, planteó que “pese a que siempre se trata de hacer un mantenimiento, las condiciones de esa cárcel no son las óptimas, no son las de una cárcel moderna, por eso está en construcción en El Potrero y en Federal también se está ampliando la Unidad Penal en un módulo que está terminando”.

“Estas son las cosas pendientes que si no hubiera estado la pandemia quizás hubieran sido más rápido este año, pero con todas las dificultades las obras ya empezaron, se están desarrollando y si se logran los fondos de Nación el año que viene se les pondrá mucho trabajo a esos cinco módulos nuevos para lograr cerrar la UP2”, reiteró.

 

Apremios ilegales

 

Consultada por los últimos casos de apremios que se denunciaron en la provincia, Romero explicó que “todos los organismos que manejan poder coercitivo del Estado tienen más temprano que tarde algunos de estos problemas y el ejercicio abusivo del poder tienen es el riesgo de estas instituciones. De todos modos, son mínimos los casos de ese tipo de la provincia y tenemos tolerancia cero con esos casos: abrimos inmediatamente investigaciones, se quita el arma cuando corresponde, se suspende temporariamente o se pone en disponibilidad al personal y se abren las puertas a la investigación judicial inmediatamente. Son hechos aislados en la provincia, no son alentados por ninguna delas autoridades con responsabilidad, sino por el contrario se machaca en las instituciones de formación claras pautas en este sentido”.

Especificó que “las causas por apremios o abusos de autoridad son mínimas, no superan las 30 causas en la provincia para un universo de casi 12.000 hombres y mujeres de la policía, no llega ni al uno por ciento, pero esto no quita que no se siga insistiendo en el educar para el respeto de los derechos”. En ese marco, explicitó que “el policía está habilitado por la ley para detener a una persona y en muchos casos la detención no es pacífica, sino que es forzada, hay que usar fuerza física, pero eso jamás debe significar golpes. Lo que no se puede evitar es la coerción personal o la fuerza física aplicada sobre la persona que resiste ser detenida, y ese límite es sobre el cual se trabaja muchísimo en las escuelas de policía de agentes y de oficiales”.

“Sobre esto se trabaja mucho y somos estrictos, pero en la fuerza hay seres humanos que a veces reciben estímulos de la comunidad, siempre hay algunos bolsones de discursos represivos en la gente que alientan al policía a otro tipo de conductas. De todos modos, son casos aislados y mínimos, no es la regla de una policía que se comporta de este modo”, reiteró.