La mujer pudo escapar, pedir ayuda y ahora se logró condenar a su agresor

El primer día del julio, una mujer que vive en inmediaciones del puente Paranacito de la localidad de Holt Ibicuy, puso fin a una situación de violencia en la que estaba sumida desde hacía varios años; y quien la ejercía era su pareja y padre de su hijo de 15 años.
Ese día pudo denunciar en la comisaría de la localidad lo que estaba padeciendo y a partir de allí el fiscal Gastón Popelka logró una orden de allanamiento por parte del juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, que culminó con el secuestro de armas de fuego y la detención de Walter Ezequiel Pérez, un hombre de 35 años que fue imputado de “lesiones leves agravadas por ser cometidas contra su pareja y por mediar violencia de género”.

Todo comenzó cuando la mujer le avisó que estaba por ir hasta la casa de su madre y esto fue el desencadenante del último episodio violento y que pudo ser denunciado. Además de gritarle todo tipo de cosas, en un momento le pegó un cachetazo en la boca y un golpe a puño cerrado en la ceja, que originó que la víctima comenzara a sangrar. Ella se refugió en un armario mientras el hombre arrojaba las pertenencias de la mujer fuera del domicilio, y luego de unos minutos, cuando el agresor se cansó de romper objetos dentro de la casa, la mujer pudo escapar y se dirigió hasta la casa de su madre.
Pero esto no era la primera vez que sucedía. Según contó la propia víctima en su denuncia a la que accedió EL ARGENTINO, durante los 18 años de relación ha sido agredida física y psicológicamente, e incluso ha sido amenazada con las armas de fuego que el sujeto tenía en la vivienda.

Fue así que durante el allanamiento le fue secuestrada un arma de fuego calibre 22, con mira telescópica y cargador con cartuchos, de la cual no tenía documentación de legitimo usuario. Por todo esto, el hombre fue imputado y a los pocos días se realizó la audiencia donde el fiscal Popelka requirió la prisión preventiva y el juez Telenta la concedió por un plazo de 30 días a cumplir en la Jefatura de Islas.
Cuando se venció ese lazo, Pérez decidió adecuarse a un procedimiento abreviado. Reconoció su responsabilidad en los hechos que se le acusaban y recibió una pena de 6 meses de prisión condicional, además de reglas de conducta. Entre ellas fijar un domicilio de residencia lejos de la víctima y la prohibición de acercamiento u actos de violencia psíquica y/o física para con la denunciante, porque en caso contrario se le revocará la condicionalidad de la pena.