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Juicio por abusos: la cúpula de los Testigos de Jehová hizo silencio
La cúpula de la Iglesia de los Testigos de Jehová de Santa Elena, optó por el silencio y el secreto en el juicio que se le sigue a Matías Vargas y Luciano Vito Panza, dos miembros de esa congregación religiosa, acusados de abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de dos jóvenes.
La causa se abrió en 2017, cuando una joven de 18 años denunció en Facebook a Vargas y Panza. En el posteo los acusó de abusadores de menores.
En la segunda jornada de juicio contra los miembros de la congregación, que se desarrolla en los Tribunales de La Paz -que integran los jueces Carolina Castagno, Gustavo Pimentel y Elvio Garzón-, declararon siete personas, entre fieles y autoridades del Salón del Reino de Santa Elena. La jornada comenzó a las 9 y culminó cerca del mediodía, ya que la defensa desistió de algunos testigos.
En la jornada se destacó la postura de tres Ancianos (así se denomina a la autoridad máxima local de los Testigos de Jehová), quienes evitaron dar información y se ampararon en el Artículo 289° del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que
dice textualmente: “Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo sanción de nulidad, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.
La abogada Valeria Burkhard, que representa a una de las víctimas, lamentó la postura que tomó la cúpula de los Testigos de Jehová. “La postura fue peor de la que tuvieron en la investigación preliminar, se mostraron más renuentes y desde el principio dejaron en claro que lo que era confidencial no lo podían declarar”, señaló.
“Trataron de esquivar lo más posible las preguntas en forma directa. Cuando tenían que responder por sí o por no, enseguida salían con el tema de la confidencialidad. Ellos pueden hacer muchos artículos sobre el abuso, pero en la práctica no colaboran con un caso puntual. Deja mucho que desear sus palabras y lo que realmente hacen”, dijo la abogada.
En cuanto al caso de Matías Vargas, uno de los imputados que unas semanas después de la denuncia -en 2017- fue expulsado, la abogada querellante señaló que los Ancianos confirmaron esa expulsión, pero evitaron dar los motivos. “Admiten, pero nunca dicen el motivo. Seguramente lo conocen porque si no, no lo hubieran expulsado. Entiendo que lo conocen, pero no lo quieren decir”, cerró.
“Son cómplices”
Natalia Cabrera, abogada e integrante de Militancia Verde de La Paz, también lamentó que la congregación haya sido reticente a colaborar con la Justicia. “Hemos tomado conocimiento que se creía que los Ancianos iban a colaborar con la causa, principalmente luego de haber expulsado a Vargas de la congregación, pero lamentablemente no accedieron. Se ampararon en el secreto que los avala por ser miembros de alto rango de una Iglesia. Se negaron a dar los motivos por los que fue expulsado Vargas. Y a exponer los antecedentes que pudieron recabar, porque sabemos que hay otras víctimas que no se animaron a hacer la denuncia”, señaló.
Ayer se realizaron los alegatos de clausura del juicio. En esta instancia, el fiscal Facundo Barbosa pidió una pena de 18 años de prisión para Vargas y de 15 años para Panza. En tanto, la abogada querellante Valeria Burkhard, que representa a la víctima, solicitó 20 años de prisión para ambos imputados.
Los acusados son defendidos por el abogado Roberto Alsina, quien pidió la absolución al considerar que los delitos están prescriptos por el paso del tiempo.