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Fiestas clandestinas: no es cansancio por la prevención, sino impunidad y negocios
Imagen de archivo de cuando la Policía desbarató una fiesta no autorizada en una propiedad rural ubicada en calles 7 -entre calles 4 y 5- de Colonia El Potrero.
Tan solo en la jurisdicción del Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, se han abierto 430 causas por las llamadas fiestas clandestinas desde el 20 de marzo del año pasado, cuando se establecieron restricciones por la pandemia del coronavirus.
De acuerdo a la información a la que accedió EL ARGENTINO, de esas 430 causas, 200 concluyeron por acuerdo de reparación del daño; y las otras 230 siguen su trámite de rigor y se contabilizan aproximadamente 700 personas las que están siendo investigadas ya bajo la figura de imputados.
Respecto de la reparación del daño, el criterio utilizado por la Justicia Federal fue la de destinarlo al hospital Centenario (una cifra superior a los dos millones de pesos) y otra parte mucho menor al hospital Baggio. Es decir, casi diez mil pesos promedio por causa. En una fiesta clandestina en la que participan 50 personas, por lo menos se recauda 50 mil pesos por entrada y más de 200 mil pesos en bebidas.
El avance de la segunda ola de coronavirus y las nuevas restricciones nocturnas impuestas por el gobierno no han logrado frenar la organización de las llamadas fiestas clandestinas ni en la capital entrerriana ni en las demás localidades de la provincia. A través de las redes sociales y en grupos cerrados, los adolescentes siguen recibiendo “ofertas” para concurrir a estos eventos ilegales.
Así, y con algunos lemas como, por ejemplo, “la rompió y no se cortó”, en referencia a cómo se desarrollaron en determinado lugar algunas “fiestas” durante fines de semanas anteriores, las “invitaciones” siguen corriendo como reguero de pólvora en los celulares de los adolescentes y jóvenes, sin que ninguna autoridad competente frene las mismas antes de que se concreten.
Una organización que asombra
Según pudo conocer el portal Elonce TV, el sistema de mensajes está organizado en las redes de forma lineal y hasta con jerarquías entre quienes forman parte. Llama la atención la estructura que ha transformando en masiva la llegada a los adolescentes y jóvenes, sobre todo de los últimos años de Secundaria y primeros de Universidad.
En la punta de la pirámide están los organizadores que, hasta último momento, mantienen en secreto el lugar del encuentro, que suele conocerse dos horas antes del inicio del evento.
Los siguen en el orden los “delegados de las escuelas” que a su vez retransmiten en grupos privados a los delegados de los cursos las características de la “clande” (así llaman a las fiestas clandestinas) y los “servicios” con los que contará.
Los nombres con siglas
La denominación de estas fiestas también está siendo cada vez más estandarizada con siglas. Es así que se han llamado UPD (por el Último Primer Día), USS (Última Semana Santa) organizada para estos fines de semana y se avecinan la UVI (Últimas Vacaciones de Invierno) y cuanta denominación pueda inducir a la concurrencia.
Los servicios
En los mensajes, los servicios pueden incluir bar, disc jockey y hasta fotógrafo, mostrando la impunidad de la organización que claramente incumple con las normas vigentes.
Lo otro que es común y se repite en las distintas localidades, es que el propietario del lugar asume la responsabilidad, porque sabe que en un juicio abreviado “la reparación del daño” que le exigirá la Justicia será exigua frente a la recaudación. “Conviene arrepentirse, arreglar y se sigue ganando mucho, pero mucho dinero”, sostuvo un conocedor de estas organizaciones.
Además, se estipulan los lugares donde se pueden comprar “las tarjetas” de ingreso a la fiesta, con fechas límites para adquirirlas. Así, lejos quedaron las fiestas no autorizadas donde no se cobraba y los organizadores abrían una lista con límite de asistentes: hoy las clandestinas son boliches en propiedades privadas, sea en ambientes abiertos o cerrados. Y sus ganancias se multiplican si además se tiene en cuenta que toda esa economía es en “negro”.
Los organizadores saben que la Justicia no aplica un castigo ejemplar y en caso de “reparar el daño”, el monto es mínimo. El negocio de las fiestas clandestinas les cierra por todos lados.