Ciberdelincuencia: sigue sin esclarecerse la causa de los siete millones de dólares de la empresa RPB

Un hermano denunció el robo informático; el otro dice que quieren vaciar la empresa. Una empleada fue procesada por administración fraudulenta. Pero, el dinero se perdió entre Hong Kong y Estados Unidos.

El entuerto judicial se remonta a diciembre de 2019. Pero hay que ir más atrás para entender la historia de esta disputa entre los accionistas, que no son otros que los hijos de Rufino Pablo Baggio, el fundador de la firma.

La empresa nació en 1959, pero tuvo su expansión y crecimiento entre los años ochenta y noventa. Para ese entonces el patriarca ya había abandonado el fraccionamiento de vinos y diversificado el esquema de negocios, con la adquisición de bodegas en Mendoza, la instalación en la República Oriental del Uruguay y la incursión en el negocio de los lácteos.

Baggio administró la empresa de manera unipersonal hasta 1993, cuando la convirtió en una sociedad anónima, aunque se mantuvo al frente de la firma hasta su fallecimiento, el 6 de octubre de 2006. Las acciones, entonces, se repartieron entre sus hijos: Rufino Pablo, conocido como “Pino”; Alejandro, Aníbal y Celia María, quien le vendió su parte a “Pino”, que de esa forma quedó como titular del 50 por ciento del paquete. Pero, su madre María Cecilia Munilla conservó el usufructo de la titularidad y eligió a Alejandro como presidente del directorio. Fue el inicio de la disputa que hoy los enfrenta en los tribunales.

 

La teoría del phishing

 

Entre el 4 y el 16 de diciembre de 2019 se realizaron ocho transferencias bancarias desde una cuenta de la empresa en el Banco Santander Río (sucursal Gualeguaychú) hacia una cuenta de la firma Hong Kong HRJ Trade Limited radicada en el Standard Chartered Bank de Hong Kong, en concepto de pago de “servicios” no especificados, consignó el portal Página Judicial.

Las transferencias fueron realizadas por la jefa de finanzas de la empresa, que dijo haber recibido una orden confidencial, a través de una serie de correos electrónicos de una cuenta que creía le pertenecía a Alejandro Baggio.

Eran operaciones inhabituales y una subordinada le advirtió que también eran irregulares. Fueron ocho transferencias por una suma total de 6.823.288 dólares. La novena, por un monto de 989.339 dólares, fue rechazada el 17 de diciembre por el banco al advertir deficiencias en la documentación que se presentó para respaldar la operación.

Extrañamente, la empleada a quien le habían encargado la tarea “reservada” tampoco en ese momento se contactó con Alejandro Baggio para ponerlo en aviso, sino que el presidente del directorio se enteró dos semanas después, por boca de la coordinadora de negocio internacional del Banco Santander Río.

La denuncia se presentó recién el 2 de enero de 2020 en la Comisaría Séptima de Gualeguaychú. La hizo la propia empleada que dijo haber sido estafada. Relató que una persona que se hizo pasar como el consultor Adrián Clamp, de la firma KPMG, la había llamado el 4 de diciembre de 2019 a la empresa para ratificar los correos electrónicos de ella misma y de su jefe inmediato, y que luego recibió correos electrónicos de una cuenta que no era la que utilizaba Alejandro Baggio –aunque eso dijo haberlo notado después–, haciéndose pasar por el presidente del directorio de la empresa, pidiéndole que hiciera en forma reservada unas transferencias al supuesto Clamp en Hong Kong para adquirir una sociedad extranjera radicada en Asia.

La empleada dijo haber sido víctima de una maniobra de “phishing” a través de correos electrónicos que tenían la apariencia de proceder de una fuente de confianza; y que no advirtió el engaño hasta después de realizadas las transferencias bancarias, publicó el portal Página Judicial.

Por su parte, “Pino” Baggio denunció en la Justicia Federal una maniobra de estafa, vaciamiento de la empresa, lavado de activos, evasión tributaria e infracción al régimen penal cambiario en la que involucró directamente a su hermano.

El juez federal Hernán Viri planteó la inhibitoria de la justicia provincial, asumió el control de la investigación y dictó el procesamiento de la jefa de finanzas de la empresa RPB SA por administración fraudulenta y de tres empleados del banco que validaron las operaciones.

El magistrado resaltó que las circunstancias “resultaban fuera de la habitualidad diaria”; que la jefa de finanzas consultó con una subordinada sobre cómo efectuar las operaciones, que no sabía hacer porque no formaban parte de sus tareas, y le dijo que no hablara del tema bajo amenaza de que podía ser despedida; realizó las operaciones “aún con la advertencia que era necesario el respaldo de un contrato además de las facturas obtenidas”; desoyó el consejo de hablar con el presidente del directorio para confirmar los pagos y hasta “dispuso no poner en conocimiento al área de contabilidad de la empresa”.

Concluyó entonces que la jefa de finanzas de la compañía “llevó a cabo un abuso de confianza a partir de las atribuciones que tenía, y como consecuencia de ello se produjo el perjuicio económico de la empresa”.

En cuanto al dinero, la empresa contrató a un buffet de abogados en China y pidió el congelamiento de los fondos transferidos al Standard Chartered Bank of Hong Kong. Cuando la justicia accedió a la cuenta quedaban solo 6.423,55 dólares. El resto se había esfumado. Se determinó luego que los otros 6.817.041,49 dólares habían sido transferidos en forma inmediata a otras 19 cuentas de segundo nivel; y de allí a cuentas de tercer nivel en Hong Kong y Estados Unidos.

La familia, mientras tanto, continúa envuelta en disputas: un hermano denunció el robo informático; el otro dice que quieren vaciar la empresa. Y la justicia, en el medio, sigue la ruta del dinero.

 

Solicitada

 

“Queremos dar a conocer un hecho ilícito sufrido por RPB SA y cometido contra parte de la familia Baggio”, así comenzaba la solicitada publicada en los principales medios de país, entre ellos, EL ARGENTINO, en los primeros días de febrero de 2020.

Desde entonces hay versiones cruzadas casi para todos los gustos sobre el tema. La propia empresa reconoce que hay “personas en conflicto de intereses con RPB SA y con socios de la misma”.

También reconocen que “el hecho ilícito sufrido, aludido al principio, consistente en una estafa ocurrida en el mes de diciembre, fue debidamente denunciada y está siendo investigada a los efectos de conocer quiénes son sus autores y responsables”, aseguran.

Sin embargo, explican que el hecho representa un porcentaje no significativo de la facturación mensual del grupo, “resultando irrelevante para la normal actividad comercial, financiera e industrial de RPB SA”.

Sin dar nombres propios, cifras ni otras precisiones, la empresa hace hincapié en personas con conflicto de intereses: “El directorio de RPB SA quiere destacar especialmente que repudia enfáticamente el hecho perpetrado y en particular la utilización de tan lamentable suceso por parte de personas en conflicto de intereses con RPB SA y con socios de la misma, que pretenden hacer prevalecer apetencias e intereses de orden personal a costa del interés social de la firma, intentando hacer creer, a sabiendas de su falsedad, que el episodio persigue la disminución de su actividad, sin reparar que la magnitud económica del hecho representa tan solo el importe de seis días de facturación”.