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Gualeguaychú: la difícil realidad social, el escenario ideal para el narcotráfico
Una familia desalojada en 2019 de un asentamiento ubicado en Salaberry y 1° de Mayo, contempla como una máquina destruye su rancho.
¿Podrán los narcos controlar la asistencia social en los barrios de Gualeguaychú? Mientras el Estado y las instituciones intermedias hacen todo lo posible para contener a miles de familias que están por debajo de la línea de pobreza en la ciudad, los asentamientos crecen y la vulnerabilidad de cientos de jóvenes es el escenario ideal para el afianzamiento de los “Dealer” en los barrios.
POR DIEGO ELGART
EL ARGENTINO
De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 64 por ciento de los niños y jóvenes de hasta 17 años son pobres en el país.
A la pobreza estructural que nunca bajó del 25 por ciento desde los años 80, ahora se sumó el fenómeno global de aislamiento social y obligatorio producido por la pandemia, que terminó profundizando las desigualdades.
En nuestra ciudad, de acuerdo a datos de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad ya son más de 3100 familias gualeguaychuenses incluidas en el programa de la tarjeta Alimentar, son familias que están por debajo de la línea de pobreza.
A lo largo de las décadas pasamos de aquella frase celebre de Evita: “donde hay una necesidad hay un derecho” al reclamo de la histórica dirigente Chiche Duhalde que señaló: “Cada fracaso de la política intentamos taparlo con un plan social”.
Desde que comenzó la caja PAN durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, los planes sociales sirvieron para atender una emergencia, pero no para resolver el problema endémico de la pobreza estructural.
Una nueva crisis
habitacional en la ciudad
Pese al enorme esfuerzo habitacional que realizó la dirigencia política local, para que las familias sin ingresos fijos pudieran acceder a una vivienda digna e ir erradicando los asentamientos, desde el 2008, cuando llegaron las primeras familias al asentamiento de Montana y 1° de Mayo, las viviendas precarias siguieron creciendo.
Desde el 2018 comenzó a verse una tendencia preocupante, las usurpaciones regresaron con fuerza. En septiembre de ese año un grupo de personas usurpó un terreno del IAPV donde se iban a construir 34 viviendas ubicado en la esquina de Belgrano y Eduardo Luis Salaberry, en la zona norte de la ciudad.
En febrero del 2019, la Justicia local desalojó a 30 familias de un terreno privado usurpado en 2018 en Salaberry y 1° de Mayo.
En octubre del 2020 varios vecinos del barrio Zabalet y Yapeyú intentaron tomar un predio ubicado en España y Zaraví que pertenece a la familia Baggio. Hubo otro intento en la zona sur en el mismo mes cuando un grupo de personas intentó armar ranchos en un terreno de Pitter, entre Inchausti y Aguado.
Pese a los distintos programas habitacionales que tiene el municipio a través de cooperativas de viviendas que compran tierras para lotear y acceder a los plantes nacionales de construcción, el programa Hago Mi Casa, Mi primer terreno y exitosas experiencias habitacionales con los barrios La Toto y Anhelado Sueño que lograron erradicar cientos de viviendas precarias, la velocidad de la crisis sigue haciendo estragos.
Hoy el barrio El Espinillo ubicado en la zona de Plaza de Aguas y Cañada de Gaitán, se está convirtiendo en el epicentro de la vulnerabilidad social, donde hay más de cien familias viviendo en la indigencia absoluta.
La enorme pérdida de empleo por el “Pymecidio” que provocó el mal manejo de la pandemia, la pérdida del poder adquisitivo de la clase media que es la que genera empleo en la construcción o en el servicio doméstico, hace que las necesidades habitacionales y de asistencia social, entre los pobres sean cada vez más grandes en la ciudad.
El aumento de la pobreza, y la licuación del poder de compra de los subsidios del gobierno por la inflación y aumento del costo de vida, hará que nuestra sociedad sea cada vez más desigual y más violenta.
¿Existe el riesgo de que Estado comience a perder el control de la asistencia social y poco a poco le vaya ganando la partida el narcotráfico en nuestra ciudad?
Esto ya se vive barrios periféricos de Paraná y Concordia, donde el narcotráfico ya está en su tercera etapa de penetración, donde el narco que domina el territorio terminó desplazando el poder del puntero tradicional, que por su carisma o sus contactos en la política conseguía planes, medicamentos o materiales para la construcción a sus vecinos, y como contraparte era la persona que movilizaba a su gente para votar a tal o cual político.
Esa vieja estructura que fue aprovechada por los partidos tradicionales, está siendo desplazada por el avance del narcotráfico, que ni siquiera la ley de narcomenudeo logró frenar.
Hoy en la capital provincia y en Concordia, considerada la ciudad más pobre del país, para poder ingresar a realizar sus campañas en época de elecciones, los políticos ya no tienen que arreglar con el puntero del barrio sino con el narco que lo controla y es así como hemos visto como la política termina mezclada y financiada por el narcotráfico.
Los casos más representativos de esta connivencia entre los narcos y la política en nuestra provincia fueron los jefes de la droga, “Peteco” Barrientos el líder de la barra brava de Patronato, y “Tavi” Celis un puntero cercano al ex intendente de Paraná Sergio Varisco.
Ellos finalmente terminaron tras las rejas, pero el contexto social es el adecuado para que personajes nefastos como estos proliferen.
Las estructuras de las organizaciones de narcotraficantes dependen de la creación, activación, articulación, evolución y eventual destrucción de un vínculo social que crean las condiciones necesarias para realizar una serie de transacciones sociales diversas entre las personas y grupos sociales involucrados en este tipo de negocios ilícitos.
Es en este contexto donde el Estado pierde el control de la realidad social del barrio y sus referentes terminan siendo parte de la estructura del narcotráfico. La droga termina siendo una salida laboral redituable para los jóvenes que supera ampliamente al monto de un plan social, que por la constante inflación su capacidad de responder a las necesidades de la canasta básica son cada vez menor.
Sin posibilidades laborales, sin un sistema educativo que genere movilidad social, cientos de jóvenes en nuestra ciudad están en serio riesgo de terminar en las garras del narcotráfico y que el Estado Municipal pierda la batalla del control de la asistencia social en manos de los nuevos “Tavi” Celis o “Peteco” Barrientos de la vida.