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Aumentarán un 7% las prepagas
El Gobierno prepara un aumento de al menos 7% para las cuotas de las empresas de medicina privada como parte de un combo que promete incluir, en el corto plazo, el desembolso de un subsidio de 11.400 millones de pesos destinado a las obras sociales sindicales para compensar el aumento de los costos de los tratamientos por discapacidad.
El ajuste en las prepagas se prevé que estará autorizado este mes y será clave para destrabar la última gran paritaria pendiente de resolución, la del gremio de Sanidad, por varias razones fundamentales para el Gobierno y su relación con la CGT.
Las áreas técnicas de salud de la administración de Alberto Fernández ya prepararon borradores con los posibles escenarios financieros para las compañías de salud privada: en todos los casos fueron del rango del 6 al 8 por ciento en una sola cuota, con chances de dejar establecido un punto intermedio, confiaron a este diario los funcionarios. El último incremento, tal como había anticipado Ámbito Financiero, había sido autorizado en abril por un total de 10% en dos cuotas de 4,5%, ese mes, y del 5,5% restante en mayo. Esas subas se acumularon con el 3,5% habilitado en marzo, para dejar una suba total por lo que va del año de 14,1%.
La inminencia del anuncio para las prepagas tiene que ver con el reclamo persistente de los directivos de esas entidades para conseguir subas en línea con la inflación pero, sobre todo, con la falta de definición de la negociación salarial de los trabajadores del rubro sanitario. En mayo, un mes después de haber definido la revisión de su paritaria 2020, el gremio que encabezan Héctor Daer, cotitular de la CGT, y Carlos West Ocampo, se embarcó en la discusión por los ingresos de este año oficializó un pedido de aumento del 45 por ciento. Ante la respuesta de las clínicas y sanatorios de imposibilidad absoluta de afrontar aumento alguno el sindicato lanzó una serie de medidas de fuerza hasta que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria a fines de junio.
En el sindicato dijeron no tener novedades sobre la autorización a las privadas pero advirtieron que de no producirse un acuerdo salarial la semana que viene habrá protestas. La organización no sólo nuclea a uno de los núcleos de trabajadores más expuesto al coronavirus y con escalas salariales más bajas sino que está encabezado por un amigo personal de Alberto Fernández y cofundador con el Presidente del Frente Renovador como Daer. En paralelo con la definición con las prepagas el sindicato le reclama al Estado una mayor intervención en el sector a través del reconocimiento del aumento de costos de las prestadoras de salud por parte del PAMI y el IOMA, las mayores obras sociales controladas por el Gobierno.
El incremento en las cuotas de las prepagas es desde siempre un tema sensible para todos los gobiernos. Con el agravante actual de un cuadro de inflación persistente y un sistema de salud estresado por la pandemia. Días atrás el Ejecutivo sacudió el sector cuando atendió un reclamo histórico de la CGT y decretó la obligatoriedad de permanencia por doce meses en la obra social de origen para los trabajadores que inician una nueva relación laboral, y limitó los traspasos entre entidades de salud a uno por año calendario. Además de aliviar a las obras sociales la medida crispó a las empresas privadas que durante el último cuarto de siglo se nutrió de esa desregulación para ampliar su nómina de afiliados.
Las prepagas cuentan con cerca de 6 millones de suscriptos de los cuales apenas 1,5 millón pagan su cuota plena y el resto son los denominados “desregulados” que abonan una parte y el resto proviene de sus aportes a una obra social. Además del decreto de permanencia el Gobierno prepara otra medida de fortalecimiento a las obras sociales: el aporte de un subsidio de 11.400 millones de pesos destinado a compensarles a las prestadoras gremiales de salud el incremento en los valores de los servicios para sus afiliados discapacitados. Los técnicos de Salud advierten que esta misma semana podría haber novedades en este aspecto aunque las últimas definiciones quedarán a cargo de Economía, clave para destrabar una resolución del Tesoro, y del propio Presidente en su conversación permanente con la CGT.
Sobre esta medida el Ejecutivo evalúa dos alternativas: una, el aporte extraordinario por única vez en base al cálculo de la suba de gastos por discapacidad en lo que va del año. La otra, en línea con el reclamo original de la central obrera, apunta a una transferencia definitiva al Estado de prestaciones que en la actualidad deben absorber las obras sociales. En concreto los gremialistas pidieron que los servicios de educación (acompañantes docentes, clases especiales), transporte e infraestructura (sillas posturales, instalación de ascensores y rampas) empiecen a correr por cuenta del Estado.