.
El 2 de marzo será la audiencia por la impugnación extraordinaria de Ilarraz
El lunes 2 de marzo se tratará una impugnación extraordinaria presentada ante el Superior Tribunal de Justicia por la defensa del cura Justo Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente de menores cuando era prefecto del Seminario de Paraná.
“Son los últimos argumentos de la defensa. Entendemos que ya se analizó todo. Se analizaron prescripciones, se analizó la responsabilidad penal, se analizó la autoría, y todo quedó confirmado”, señaló el abogado querellante Marcos Rodríguez Allende ante El Diario de Paraná.
Al respecto, vaticinó que “un nuevo estudio sólo reeditará la culpabilidad de Ilarraz, y después del 2 de marzo quedará firme”.
Ilarraz continúa con prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria. En caso de que el recurso sea rechazado dejaría esa condición para ser derivado a la Unidad Penal 1 de Paraná.
Cabe recordar que el planteo es para revisar la condena a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores aplicada por un tribunal de primera instancia el 21 de mayo de 2018 –confirmada luego por la Cámara de Casación Penal, el 7 de marzo de 2019- por hechos que denunciaron siete víctimas que fueron pupilas en el Seminario Arquidiocesano “Nuestra Señora del Cenáculo”, de Paraná.
La Cámara de Casación Penal -conformada por los jueces Alejandro Cánepa, Cristina Van Dembraucke y Dardo Tórtul- concedió en mayo de este año la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del STJ presentada por el letrado Jorge Muñoz, defensor del cura.
Ahora será en esa máxima instancia judicial de la provincia donde se analizará la condena impuesta a Ilarraz, que desde hace más de un año cumple prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario en un departamento de calle Corrientes al 300, en Paraná, con la utilización de tobillera electrónica.
El caso de abuso a menores en el Seminario de Paraná por parte del cura Ilarraz entre 1985 y 1993, tomó estado público a partir de una investigación de la Revista Análisis, en septiembre de 2012. La causa inició de oficio por orden del procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García.