Causa contratos: nuevas imputaciones para Aguilera y Almada, aunque no declararon
Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada fueron llevados ayer por la mañana al Ministerio Público Fiscal (MPF) de Paraná. Los trasladaron desde la Unidad Penal Nº 1, donde permanecen con prisión preventiva en el marco de la denominada causa de los contratos truchos.
Ambos fueron indagados por una ampliación de imputación, pero mantuvieron silencio, haciendo uso de su derecho constitucional.
Algo similar atravesaron el lunes los contadores Gustavo Pérez y Ariel Faure, quienes tomaron la misma decisión y también están imputados en la misma causa.
El acto de los fiscales consistió en brindarles más precisiones sobre las acusaciones: a Aguilera le achacan ser el jefe de la supuesta organización criminal y a Almada le imputan cumplir el rol de recaudador. En tanto, para mañana está prevista la ampliación indagatoria de Sergio Cardoso.
El cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, imputado en el marco de su desempeño en el Senado provincial -fue secretario del bloque del PJ hasta el recambio de autoridades para el nuevo período legislativo- y, el cuñado de Aguilera -Alejandro Almada, funcionario de la Cámara de Diputados-, decidieron ayer guardar silencio ante las nuevas imputaciones, por consejo de su abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende, quien los acompañó al edificio del Ministerio Fiscal.
Los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Cecilia Goyeneche, a cargo de la investigación, los convocaron para brindarles precisiones sobre las imputaciones. A Aguilera le sindican ser jefe de la supuesta organización criminal, montada en el seno de la Legislatura provincial, que aceitó y acrecentó -según la hipótesis acusatoria- un mecanismo de contrataciones truchas para sustraer dinero del Estado. Mientras que a Almada lo imputan por su rol de recaudador en esa estructura, consignó Análisis Digital.
Cabe señalar que Aguilera y Almada son los únicos imputados de la investigación que permanecen cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1. El resto de los acusados formalmente por la Fiscalía, cumplen restricciones de libertad, pero en sus respectivos domicilios.
Los contadores
El lunes atravesaron una instancia similar los contadores Gustavo Pérez y Ariel Faure. El primero es un empleado antiguo de la Cámara Alta. Llegó a ser subdirector del Servicio Administrativo Contable. En esa área también se desempeñaron Jorge Lázzaro y Juan Domingo Orabona -actual presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, cercano al gobernador Gustavo Bordet-. Tanto Lázzaro como Orabona están imputados en la causa. Pérez es un empleado respetado por sus compañeros de trabajo. Lo señalan como alguien siempre dispuesto y solícito para colaborar. De hecho, algunos no imaginaron que podría servir a la supuesta organización.
Ariel Faure integraba uno de los dos estudios contables que están involucrados en la investigación junto a Alfredo Bilbao. Ambos pertenecían al estudio que desmontaron en calle Alameda de la Federación, en un edificio de ladrillos vistos, del otro lado de la Plaza Carbó, atrás de la Casa de Gobierno de Paraná. Faure es considerado mano derecha de Bilbao. Y, según la declaración de Sergio Cardoso -ex director del Servicio Administrativo Contable de Diputados-, recibía un trato especial en la Cámara Baja por pedido de las autoridades legislativas, publicó Análisis Digital.
Para mañana está prevista la declaración de Sergio Cardoso. El ex funcionario de la Cámara Baja pidió ampliar su indagatoria a mediados de febrero. En ese testimonio involucró a algunos diputados en funciones, habló de la gestión de tarjetas de débitos para los contratos, y explicó cómo funcionaba ese sistema.
En la última audiencia de Casación realizada la semana pasada, cuando volvió a discutirse la legalidad de las prisiones preventivas en la cárcel de Almada y Aguilera, la fiscal Goyeneche se refirió en varias oportunidades a una presunta asociación ilícita, aún en funciones, enquistada en el seno del Estado. La causa tiene un período limitado de investigación: 2008 a 2018, cuando suponen los fiscales que sustrajeron de las arcas públicas aproximadamente dos mil millones de pesos.