Mientras se aproxima la cosecha de soja, siguen las demoras en los puertos
Casi 11,5 millones de toneladas de granos más podrían haber sido cargadas entre octubre y la primera quincena de enero de no haber mediado una demora acumulada de más de 7.600 horas en la actividad de los puertos agroexportadores, según datos del sector.
Así, la logística portuaria incrementa sus costos y podría perjudicar la exportación del complejo sojero cuando ingrese la nueva cosecha en marzo-abril.
De persistir, el atraso en embarques provocará incertidumbre en los bancos del exterior que prefinancian a los exportadores argentinos (se calcula que el monto involucrado ronda los 7.000 millones de dólares), ya que la demora se traduce en atraso en las devoluciones de los créditos.
Entre el 12 de octubre del 2012 y el 15 de enero pasado el 62 % de los buques de la agroindustria sufrieron diversas demoras, que promediaron casi 19 horas de atrasos por cada embarcación, lo que ocasiona sobrecostos en la operatoria.
De mantenerse estas medidas en época de cosecha, podrían perjudicar la sincronizada logística e incrementar significativamente los costos.
Fuentes del sector exportador señalaron que, desde la segunda quincena de octubre de 2012 y hasta el 15 de enero de 2013, de los 654 buques que recalaron para embarcar granos y productos agroindustriales, 407 navíos (62,2%) sufrieron demoras por diversas causas de 18 horas con 45 minutos en promedio, lo que produjo una acumulación total de 7.635 horas de atrasos, con la pérdida consecuente por mayores costos.
El atraso afectó a 11.452.500 toneladas de productos que se podrían haber embarcado y no pudieron hacerlo, a pesar de que la cadena agroexportadora se caracterizó por respaldar y colaborar con los controles.
Esa importante demora se debió, entre distintos motivos, por un lado, a la ampliación de contra verificaciones de las cargas realizadas en los buques para cada permiso de embarque (por calado o "draft survey", un sistema que sólo se emplea en puertos donde no hay balanzas electrónicas o para minerales, por ejemplo) y, por otra, a la aplicación de controles de estupefacientes sin plazo.
Esa situación motivó al comienzo que las empresas debieran reducir el recibo de granos en sus instalaciones, ya que sus depósitos se encontraban ocupados con mercadería que no se podía cargar.
Así, las demoras en la carga y zarpada de los buques puede aumentar la cantidad de buques en espera y genera gravosos costos, lo que se traducirá en un aumento de los costos de los fletes hacia puertos argentinos, en especial durante la cosecha.
Además, importantes tardanzas se generaron por la puesta en práctica de controles de estupefacientes (Resolución 3341/12), ya que los equipos multidisciplinarios carecen de plazo para la realización de esos procedimientos.
Estas demoras provocan incertidumbre sobre los horarios operativos e impactan directamente sobre toda la cadena logística al impedir coordinar los pedidos del personal de SENASA, estiba e inspectores privados, incrementando el costo general.
Las demoras ocasionan el riesgo de alteración de la dinámica logística al exponerla a eventuales cambios frecuentes en los programas de cupos de descarga de vagones y camiones (la situación de los accesos viales en el Gran Rosario, por las copiosas lluvias, complica aún más la situación), y recepción de barcazas, a raíz de la incertidumbre acerca del momento para cargar y de la disponibilidad de espacio para estibar la mercadería.
Junto con el incremento de la conflictividad gremial que ocurrió en 2012 (50 días de paralización total o parcial de los puertos, según algunos cálculos del sector), esos retrasos constituyen otro factor negativo que pone en riesgo de que el sistema portuario del país vuelva a ser considerado "sucio", con el encarecimiento de los costos asociados por penalizaciones internacionales.
De persistir, el atraso en embarques provocará incertidumbre en los bancos del exterior que prefinancian a los exportadores argentinos (se calcula que el monto involucrado ronda los 7.000 millones de dólares), ya que la demora se traduce en atraso en las devoluciones de los créditos.
Entre el 12 de octubre del 2012 y el 15 de enero pasado el 62 % de los buques de la agroindustria sufrieron diversas demoras, que promediaron casi 19 horas de atrasos por cada embarcación, lo que ocasiona sobrecostos en la operatoria.
De mantenerse estas medidas en época de cosecha, podrían perjudicar la sincronizada logística e incrementar significativamente los costos.
Fuentes del sector exportador señalaron que, desde la segunda quincena de octubre de 2012 y hasta el 15 de enero de 2013, de los 654 buques que recalaron para embarcar granos y productos agroindustriales, 407 navíos (62,2%) sufrieron demoras por diversas causas de 18 horas con 45 minutos en promedio, lo que produjo una acumulación total de 7.635 horas de atrasos, con la pérdida consecuente por mayores costos.
El atraso afectó a 11.452.500 toneladas de productos que se podrían haber embarcado y no pudieron hacerlo, a pesar de que la cadena agroexportadora se caracterizó por respaldar y colaborar con los controles.
Esa importante demora se debió, entre distintos motivos, por un lado, a la ampliación de contra verificaciones de las cargas realizadas en los buques para cada permiso de embarque (por calado o "draft survey", un sistema que sólo se emplea en puertos donde no hay balanzas electrónicas o para minerales, por ejemplo) y, por otra, a la aplicación de controles de estupefacientes sin plazo.
Esa situación motivó al comienzo que las empresas debieran reducir el recibo de granos en sus instalaciones, ya que sus depósitos se encontraban ocupados con mercadería que no se podía cargar.
Así, las demoras en la carga y zarpada de los buques puede aumentar la cantidad de buques en espera y genera gravosos costos, lo que se traducirá en un aumento de los costos de los fletes hacia puertos argentinos, en especial durante la cosecha.
Además, importantes tardanzas se generaron por la puesta en práctica de controles de estupefacientes (Resolución 3341/12), ya que los equipos multidisciplinarios carecen de plazo para la realización de esos procedimientos.
Estas demoras provocan incertidumbre sobre los horarios operativos e impactan directamente sobre toda la cadena logística al impedir coordinar los pedidos del personal de SENASA, estiba e inspectores privados, incrementando el costo general.
Las demoras ocasionan el riesgo de alteración de la dinámica logística al exponerla a eventuales cambios frecuentes en los programas de cupos de descarga de vagones y camiones (la situación de los accesos viales en el Gran Rosario, por las copiosas lluvias, complica aún más la situación), y recepción de barcazas, a raíz de la incertidumbre acerca del momento para cargar y de la disponibilidad de espacio para estibar la mercadería.
Junto con el incremento de la conflictividad gremial que ocurrió en 2012 (50 días de paralización total o parcial de los puertos, según algunos cálculos del sector), esos retrasos constituyen otro factor negativo que pone en riesgo de que el sistema portuario del país vuelva a ser considerado "sucio", con el encarecimiento de los costos asociados por penalizaciones internacionales.
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