NACIONALES
La delegación argentina en la CARU está incompleta y nada se sabe de su integración
Por Nahuel Maciel EL ARGENTINO
La improvisación es lo que prevalece cuando se tiene una perspectiva porteña y se pretende gobernar el país.
La demora en el nombramiento de funcionarios en áreas clave desnuda que no se tiene (por el momento) los equipos técnicos necesarios para afrontar los desafíos de la época.
La delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) es un claro ejemplo. Se trata de un organismo binacional que está integrado por diez Delegados, cinco por la República Oriental del Uruguay otro tanto por Argentina.
En la actualidad la nómina de Delegados por cada parte es la siguiente:
* República Oriental del Uruguay: Mario Daniel Ayala Barrios (presidente); Miguel R. Feris Grassi (vicepresidente); y María Eugenia Almirón Schulz, Roberto Pérez Rodino y Miguel Ángel de Ocampo Dimartino como delegados.
* República Argentina: ante la ausencia de presidente, quedaron sus cuatro delegados: Hernán Darío Orduna (el que más conoce en términos de cuenca al río Uruguay); Miriam Soledad Lambert; Guillermo Justo Chaves y Nancy Susana González.
La CARU administra de manera global el río Uruguay en el tramo que comparten entre ambos países, esto es: los últimos 504 kilómetros del río, desde las proximidades de la punta Sudoeste de la Isla Brasilera hasta el paralelo de Punta Gorda.
Creada a través del Estatuto del Río Uruguay el 26 de febrero de 1975, la CARU tiene como principal antecedente el Tratado de Límites entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina en el río Uruguay del 7 de abril de 1961.
En materia de integración, la CARU en teoría (porque no acierta en la práctica) intenta mejorar la relación con la comunidad y la percepción que la misma tiene del organismo. Para ello, indica que promueve el desarrollo cultural, social y deportivo de ambos países; la articulación e integración entre las organizaciones e instituciones de ambas origllas; y dice incorporar un plan concreto y accesible de Responsabilidad Social Institucional que el articulador de todas las prácticas vinculadas a esos ejes.
En materia de desarrollo, manifiesta “promover el aprovechamiento de las aguas y el desarrollo de la vía navegable segura en todo el tramo compartido”. Además, de evaluar “las obras y emprendimientos que puedan afectar la navegación, régimen del río y la calidad de sus aguas”, aunque este punto casi siempre es de manera unilateral e inconsulta por parte del vecino país.
“Impulsar el desarrollo y proyecto de obras de infraestructura sobre el río”, pero solo para favorecer por el momento a la pastera UPM Botnia.
“Promover el aprovechamiento y uso sustentable de los recursos pesqueros; ser un agente articulador con los actores de ambos países y fomentar las acciones que permitan un mayor aprovechamiento del río y el desarrollo del turismo”.
En materia ambiental es un listado de buenas intenciones que tampoco cumple siquiera en presupuestos mínimos. No obstante, en su página oficial, la CARU indica:
“Asegurar y caracterizar la calidad del agua del río Uruguay en el tramo bajo su control”.
“Proteger el medio acuático del río Uruguay, el propio curso de agua, ambientes ribereños y los recursos vivos que tienen por hábitat esos ambientes”.
“Prevenir toda nueva forma de contaminación y procurar la reducción de todas las acciones contaminantes existentes, cuando sean superados los valores de los estándares adoptados para los diferentes usos legítimos de las aguas del río”. Esto es directamente un insulto a la más elemental inteligencia.