Evalúan demanda contra el Estado
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalúa un juicio contra el Estado argentino a raíz de las condenas a perpetua que impuso la Justicia de nuestro país a menores de edad, y de los cuales la Cámara Nacional de Casación Penal se pronunció por la inconstitucionalidad en un fallo reciente.
Según informaron allegados a la causa, la CIDH escuchó ayer los alegatos de la Defensoría General de la Nación, que representa a las familias de los menores condenados, y también los que aportó el Estado, y en las próximas semanas el Tribunal Internacional emitirá veredicto.
La defensora pública oficial Mariana Grasso insistió en su planteo con la reforma del Régimen Penal juvenil, el cual está vigente desde la última dictadura militar y permite la aplicación de la prisión perpetua a menores, lo que contradice al sistema internacional de protección de derechos humanos.
"En la actualidad, a los adolescentes en conflicto con la ley penal se les imponen penas de adultos al cumplir los 18 años y son trasladados a cárceles donde se producen violaciones de derechos humanos", dijo Grasso en su exposición.
Por su parte, Gabriel Lener, de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, adujo que el Estado no se opone a la reforma pero aclaró que en Argentina no hay una imposición masiva de perpetuas a menores aunque sí reconoció que los hubo en los cinco casos en cuestión.
La defensora pública oficial Mariana Grasso insistió en su planteo con la reforma del Régimen Penal juvenil, el cual está vigente desde la última dictadura militar y permite la aplicación de la prisión perpetua a menores, lo que contradice al sistema internacional de protección de derechos humanos.
"En la actualidad, a los adolescentes en conflicto con la ley penal se les imponen penas de adultos al cumplir los 18 años y son trasladados a cárceles donde se producen violaciones de derechos humanos", dijo Grasso en su exposición.
Por su parte, Gabriel Lener, de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, adujo que el Estado no se opone a la reforma pero aclaró que en Argentina no hay una imposición masiva de perpetuas a menores aunque sí reconoció que los hubo en los cinco casos en cuestión.
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