El Gobierno reclama unos 1.200 millones de dólares a imputados

Se trata de la investigación que tiene a cargo el juez federal Julián Ercolini por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, actualmente detenido.
A partir de la investigación, la Dirección de Vialidad rescindió 24 contratos por estar inconclusos y en los cuales se detectaron los daños ocasionados por el retraso en las obras y los costos administrativos, entre otros puntos.
Es por ello que el organismo reclamó que, en caso de recaer condena en juicio oral y público contra los acusados, los bienes patrimoniales sean otorgados al Estado Nacional.
Días atrás, los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían pedido que la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su Gobierno fueran enviados a juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en perjuicio del Estado Nacional.