El Gobierno busca avanzar en una auditoría de los planes sociales y descentralizar el Potenciar Trabajo

En medio de la tensión por el control del espacio público, la implementación del protocolo anti-piquetes y la decisión del Ejecutivo de cortar los beneficios para aquellos que corten las calles, la administración libertaria avanzará en el verano con una profunda auditoría de los planes sociales y analiza la descentralización del programa Potenciar Trabajo en diferentes áreas de gobierno.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello: según confiaron, el gobierno prorrogaría desde el 1 de enero y por 90 días el traspaso de los planes de la órbita de Desarrollo Social a la secretaría de Trabajo. Había sido un decreto impulsado por el ex ministro Sergio Massa -el 565, de noviembre pasado- que nunca fue reglamentado.

Durante ese lapso, el asesor de Niñez y Familia de Capital Humano, Pablo de la Torre, aprovechará, según resaltaron, para implementar una auditoría en los más de 1,2 millones de planes a través de las bases de datos de la ANSES, en sintonía con la revisión que ya se había encarado en la anterior gestión y que, en parte, tuvo su correlato en la Justicia. La semana próxima, De la Torre tiene previsto reunirse con Alejandro Cosentino, secretario de Innovación de la Jefatura de Gabinete, para ultimar detalles de la auditoría.

Según trascendió, desde las oficinas del ex ministerio de Desarrollo Social se estudian diversas alternativas en el manejo del programa Potenciar Trabajo para descentralizar los planes, una idea opuesta a la administración anterior, que concentró la dirección de esos beneficios en el edificio de la avenida 9 de Julio, bajo la tutela de las organizaciones, en particular del Movimiento Evita y, en menor medida, de La Cámpora. Daniel Arroyo primero, Juan Zabaleta después y Victoria Tolosa Paz al final tuvieron que convivir en el ministerio con esas agrupaciones.

Javier Milei, en ese sentido, está decidido a confrontar con ellas. “La novedad acá es que no hay un ministerio compartimentado”, subrayaron desde Capital Humano. Se jactan, por caso, de haber barrido con secretarías vinculadas a esas organizaciones, y de enfrentarse con los jefes de los movimientos sociales desde ese ministerio y desde Seguridad con la aplicación del protocolo anti-piquetes.

“Se analiza pasar los planes a diversas áreas como Educación, para el caso de los jóvenes que cobran ese beneficio -lo recibe el 30% de la franja entre 18 y 29 años-, o Trabajo”, explicaron fuentes oficiales. En el Área Metropolitana, donde se concentran la mayor cantidad de beneficios, el 80% de los planes son manejados por los movimientos sociales. En el interior, la administración está más repartida entre gobernadores e intendentes que, según las fuentes, no ven con malos ojos hacerse cargo de la totalidad de los programas.