Lavado de dinero
Amplia reforma a UIF
Con el apoyo del oficialismo, el Senado convirtió ayer en ley una amplía reforma de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero. La ley, que pidió el Gobierno, modifica la cúpula de la institución, que ahora pasará a depender directamente de la Presidencia de la Nación.
Antes, en cambio, la UIF funcionaba como un organismo autárquico y estaba integrada por cinco miembros, elegidos por concurso de oposición y antecedentes.
El proyecto, que aprobó el Senado por 35 votos a favor y 13 en contra tras un corto debate, concentra en una persona el poder que antes tenía el cuerpo colegiado.
La oposición denunció que, con el cambio, la UIF pasará a ser controlada por el Gobierno: "ahora la última palabra y la decisión final la tendrá el Poder Ejecutivo, por lo que se va a centralizar
en exceso las decisiones que tome el organismo", dijo el radical Luis Naidenoff (Formosa).
Por su parte, la titular de la comisión de Justicia, la oficialista Vilma Ibarra (Capital Federal), señaló que el Gobierno pretende con los cambios "darle mayor agilidad" al organismo.
También resaltó que el nuevo titular del organismo será designado por el Poder Ejecutivo "con el mismo mecanismo que puso en marcha el decreto 222", que regula la nominación de los jueces de la Corte Suprema.
Según la norma, acompañarán al titular del cuerpo un vicepresidente y un consejo asesor de siete miembros, quienes podrán opinar a favor o en contra de las investigaciones que realice la UIF, pero sus sentencias no serán vinculantes.
Es decir, sólo el presidente de la UIF podrá avanzar en las investigaciones, que luego deberá remitir a un juez.
La institución se puso en marcha en el año 2000, con la sanción de la ley que combate el lavado de dinero.
Originalmente estaba compuesto por once miembros, pero luego el ex presidente Fernando De la Rúa lo redujo a cinco integrantes por decreto.
En marzo último, el Congreso le dio al organismo la atribución de avanzar sobre el secreto financiero, bursátil y económico, sin reclamar la autorización de un juez competente.
Fuente: NA.
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