Intiman a que se informe el impacto de las areneras silíceas en las napas de agua

El pasado 31 de octubre expiró el segundo plazo de 180 días que la Justicia había otorgado para que el Gobierno provincial de cuenta de los estudios hidrogeológicos de la formación Delta Aluvial Isla Talavera.

El análisis está relacionado al impacto de la explotación que realizan empresas en el Sur entrerriano para obtener arenas silíceas. La demanda la impulsó la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy con un amparo ambiental contra el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa). La potabilizadora pretende conocer las consecuencias que trae aparejada en las napas subterráneas por el uso que realizan las mineras, en el proceso de extraer y lavar material destinado al fracking petrolero en Vaca Muerta. Ahora, la jueza a cargo, estableció otros 10 días para cumplir con aquella manda judicial.

“El día 31 de octubre del corriente venció el segundo plazo de 180 días que la jueza Civil y Comercial Nº 2 de Gualeguaychú, Susana Rearden, le otorgara al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, la Secretaría de Ambiente y el Corufa, para presentar el estudio hidrogeológico del agua subterránea del Delta Aluvial Formación Isla Talavera”, comentó Ricardo Luciano.

El abogado lleva adelante un amparo ambiental iniciado por la Cooperativa de Agua de Ibicuy, presentado inicialmente en 2019. La preocupación de la Cooperativa radica en conocer el grado de contaminación de las napas de la formación denominada “Delta Aluvial Formación Isla Talavera” que usa para potabilizar el agua de red que distribuye entre sus usuarios, y desde donde también se alimentan las canteras para el lavado de la arena silícea, publicó el portal Era Verde.

En esta causa, se otorgaron 180 días corridos para exponer el mencionado estudio, recordó el letrado. Es por esto que “atento al incumplimiento denunciado, el oficio ordenado en fecha 20 de abril de 2023 y la prórroga concedida el 3 de mayo de 2023, encontrándose cumplido el plazo otorgado”, la jueza Rearden intima “al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, presente los estudios hidrogeológicos ordenados en la sentencia, en el término de diez días, bajo apercibimientos de imponer sanciones conminatorias”, se indica en la resolución fechada este 7 de noviembre.

“En diez días deben presentar los estudios correspondientes, que ya habían sido encomendados a la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En la medida que no cumpla en los plazos establecidos, por lo que pedí y por lo que resolvió la jueza, entiendo que si se otorga un nuevo plazo se debe aplicar astreinte, que es una multa procesal por cada día de incumplimiento”, explicó Luciano al portal Era Verde.

El letrado recordó que la sentencia por la cual se requiere esta información quedó firme en la instancia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el 14 de octubre de 2022. También que en el expediente la titular del Corufa, María Alejandra Méndez, presentó un presupuesto con la propuesta técnica para realizar el trabajo por profesionales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. En este cronograma de cuatro meses se detallaban las tareas a realizar por un monto de 5,5 millones de pesos, cuyo costo se mantendrá por un mes. En el texto que firma Viviana Zucarelli como responsable por la UNL, se aclaró igualmente que la propuesta “se realizará solamente con información provista por el Comitente. No genera nueva información”.

Antecedentes

Ante aumento exponencial de minerales tales como hierro y manganeso en el acuífero Delta Aluvial Formación Isla Talavera, del que se provee de agua cruda la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Ibicuy, el Juzgado Civil y Comercial de Gualeguaychú había hecho lugar a un amparo para que las autoridades gubernamentales realizar los análisis correspondientes. La Fiscalía de Estado de Entre Ríos apeló la medida, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó el fallo de primera instancia y ratificó que se deben efectuar estudios hidrogeológicos.

Con fecha 27 de septiembre de 2022, los jueces vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) Martín Carbonell, Jorge Alberto Pirovani y Gisela Schumacher, confirmaron con una sentencia el fallo de primera instancia que admitió un amparo que establecía efectuar estudios hidrogeológicos en el agua subterránea del acuífero Delta Aluvial Formación Isla Talavera.

En efecto, el 7 de septiembre del año pasado, la jueza Suplente en lo Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Gualeguaychú, Susana Rearden, había hecho lugar parcialmente a una acción interpuesta por la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Ibicuy contra el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) y el Gobierno de Entre Ríos. En el fallo de Rearden se establecía que en un plazo de 180 días corridos se “realice a través de sus organismos competentes, los estudios hidrogeológicos a fin de conocer acabadamente las características, condiciones, calidad del agua subterránea y dimensión del acuífero ‘Delta Aluvial Formación Isla Talavera’.

Esta cuestión por las aguas subterráneas llegó a tribunales dentro de otra causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de Gualeguaychú. Se comenzó a ventilar dentro de la que investiga la falta de los permisos de las empresas mineras para extracción de arenas silíceas en la región.

En una audiencia llevada adelante el 29 de abril en el Juzgado Federal a cargo de Hernán Sergio Viri, el abogado litigante Ricardo José Luciano manifestó como parte de una problemática derivada de la explotación de material para fracking, que la cooperativa de agua que representa había efectuado una medición del agua en crudo. Justamente en un registro realizada en el mes de diciembre del 2021, en el caso del material hierro, se había pasado en sus valores históricos de 0,10 mg. por litro a 0,45 mg, “cuatro veces más de lo normal”. Estos valores en junio se duplicaron, contó Luciano al portal Era Verde.

También se alertó del aumento en proporción de otros minerales, lo que dio la pauta de una contaminación del agua que, de no resolverse, provocará “un daño irreversible en el recurso hídrico”, y un riesgo de “degradación ambiental2 y de la salud de quienes la consumen. Ante la falta de respuestas oficiales, es que se decidió llevar el caso a la Justicia.

Salud en peligro

Fue así que frente al “peligro de (contaminación del) agua y de salud2 que puede afectar a los 10.000 habitantes que se provén de la red pública a través de la cooperativa potabilizadora, la jueza Suplente en lo Civil y Comercial Nº 2 de Gualeguaychú ordenó los estudios hidrogeológicos para conocer las características, condiciones y calidad del agua del acuífero, ya que comenzó a constatarse que la calidad del agua sufría modificaciones desde 2019.

Ante esta medida judicial, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, apeló la decisión judicial con el argumento que la sentencia en primera instancia “no valoró” que la Cooperativa tiene el poder de “continuar con el trámite administrativo que había iniciado” con la denuncia y no iniciar así una vía judicial.

Carbonell, Pirovani y Schumacher rechazaron el recurso de apelación interpuesto y señalaron que de acuerdo a las pruebas de la Cooperativa “ha existido una modificación en la composición del agua” por lo que es “imprescindible” contar con los estudios para saber la calidad del agua.