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El Poder Ejecutivo oficializó la Ley Nº 10.506 por el que se habilitó el uso de pulseras electrónicas para proteger a víctimas de violencia de género.
La norma incorpora al Art. 9º de la Ley Nº 9198 el siguiente texto, que formará parte de la citada norma como inciso e): “Inciso e) La aplicación de medios técnicos que permitan el monitoreo y eficacia de las medidas cautelares dispuestas, y todas aquellas que resulten en consonancia con las previsiones del Código Procesal Penal de Entre Ríos – Art. 349º Inciso i)”.
A principio de mayo de este año, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, visitó la provincia y firmó con el gobernador Gustavo Bordet y con el ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri, un acuerdo para la implementación de las pulseras electrónicas.
En ese acto, se anunció la aplicación en Entre Ríos del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, mediante el cual la Nación dispondrá 100 tobilleras para que la Provincia las utilice para el control de personas con prisión domiciliaria, y también se firmó el acuerdo para la apertura en Paraná de una Oficia Regional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas por el Delito de Trata.
“Estos dispositivos se han mostrado como muy eficaces a la hora de garantizar las condiciones en que las personas están detenidas en su domicilio o en sitios predeterminados”, había señalado Garavano. Y apuntó que “el programa de monitoreo electrónico excede el dispositivo en sí que asegura que esté en un determinado lugar. También incluye todo un abordaje psicológico, de trabajo social para que las personas ingresen en un camino de rehabilitación”.
“Nosotros estamos monitoreando más de 70 casos que son los más antiguos con estos dispositivos y hasta ahora no se han registrado incumplimientos o violaciones a estos dispositivos. Y además se ha verificado que las personas que ya han recuperado su libertad no han vuelto a cometer delitos, lo cual nos da un horizonte bien interesante en términos de rehabilitación social”, concluyó.
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