En Diputados, constitucionalistas coincidieron en el rechazo a la renuncia voluntaria de fueros

En una reunión presidida por Pablo Tonelli, los invitados Alfonso Santiago, Angélica Gelli, Jorge Vanossi y Alberto Bianchi dejaron sentado su posición contraria a la iniciativa que había tenido el massismo y Margarita Stolbizer (hoy socios electorales en el frente 1País) cuando se discutían alternativas para lograr el apartamiento del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo.

"Sin perjuicio de valorar actitud heroica de algunos legisladores, creo que los fueros no son renunciables. Hay una razón práctica: no se puede renunciar a lo que no es propio. La garantía no se le otorga en razón de la persona sino en razón de la función y del electorado", fundamentó Bianchi.

En la misma sintonía, Vanossi (quien es parlamentario del Mercosur por el Frente Renovador) remarcó que las inmunidades parlamentarias son "normas de orden público inderogables e irrenunciables de carácter imperativo".

Si bien rescató las buenas intenciones de los diputados que proponen ese camino para realzar la transparencia de sus actos y "en su afán de poner coto a ilícitos", aclaró que dicha iniciativa no es viable constitucionalmente porque "los fueros pertenecen a la institución y son inherentes a garantizar el normal funcionamiento del Congreso".

"Llegado a un extremo podría generar que deje de funcionar la Cámara", advirtió.

Santiago, por su parte, señaló que no juzga "conveniente" la renuncia voluntaria a los fueros y que no configura una "buena práctica".

Hasta ahora, a la Cámara baja ingresaron 12 proyectos para reformar la ley 25.320 de reglamentación de inmunidades parlamentarias, incluida una iniciativa del PRO para prohibir que los condenados por delitos de corrupción puedan ser candidatos a ingresar al Congreso, homologando en ese sentido con los delitos de lesa humanidad.

Santiago se pronunció a favor de esta propuesta, pero aclaró que a su criterio no debería bastar una sentencia de primera instancia para excluir a un candidato.

"Puede ser legítima la exclusión de quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción para ser candidatos. Ya se hizo con delitos de lesa humanidad. Se podría extender a los delitos de corrupción. Pero no estoy de acuerdo con que la exclusión se haga con sólo un fallo de primera instancia. Por lo menos debe haber una segunda instancia que lo confirme", reflexionó.

En este punto, intervino la autora del proyecto del PRO, Silvia Lospennato, quien defendió el criterio adoptado en la propuesta al explicar que la ratificación de "condenas por delitos de corrupción llevan más de 10 años" y que esa es la realidad" que el legislador debe sopesar.

"No veo por qué habría que esperar tanto para que pudiera realizarse teniendo en cuenta que uno legisla en una realidad. Y nuestra realidad es que las condenas por delitos de corrupción

llevan más de 10 años", evaluó. Y agregó: "No se trata de una inhabilitación permanente sino de una suspensión temporaria hasta tanto la condena sea confirmada en una instancia superior".

Bianchi se mostró de acuerdo con la iniciativa al considerar que una condena penal podría ser móvil suficiente de exclusión para una determinada elección, y aclaró que dicha suspensión no es "de por vida".

"No se le quita su presunción de inocencia como ciudadano sino a los efectos de ser diputado de la Nación", aseguró.

En cambio, Gelli indicó que "no hay jurisprudencia de la Corte acerca de que con dos sentencias condenatorias se puede excluir a un candidato".

En otro orden, Santiago discrepó con la propuesta para restringir la inmunidad de arresto a los delitos cometidos durante el mandato del legislador.

"No comparto esa propuesta de modificación porque me parece que la libertad física puede estar tanto amenazada por hechos que ocurran durante el mandato o por hechos previos. Se estaría afectando el sentido de esta inmunidad que tiene el desafuero", enfatizó.

Sobre la protección a allanamientos que garantizan los fueros parlamentarios, Bianchi consideró que es "inconstitucional" porque ese privilegio no está dirigido a "proteger la función legislativa" sino a "la persona".

"A esto sí podrían renunciar los legisladores porque es inconstitucional", deslizó.

Por último, Bianchi coincidió con Vanossi en que los alcances del desafuero no debería extenderse a los "funcionarios sometidos a juicio político", ya que los mismos "pueden ser suspendidos en el trámite del juicio político".

Por último, Gelli señaló que "otorgar el desafuero o denegarlo es una atribución discrecional de la Cámara" y que en definitiva "se trata de que la Cámara motive y fundamente su decisión".