Se necesita más transparencia

Sin embargo, en Entre Ríos esto no ocurre con los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial y tampoco de los Municipios, tanto para intendentes como para concejales. Es decir, nadie hace público su patrimonio.
En rigor, en la provincia el sistema de las declaraciones juradas de funcionarios y autoridades funciona del siguiente modo: al no existe una ley de ética pública que reglamente el Artículo 37 de la Constitución provincial, las declaraciones juradas sobre el patrimonio son secretas y solo pueden darse a conocer por expreso pedido de la Justicia o por voluntad del funcionario. Por eso la ciudadanía se queda sin saber lo que han declarado.
En la Legislatura provincial existen dos proyectos de la oposición para que esas declaraciones sean publicadas a través de la web respectiva de cada organismo o Poder del Estado. Pero duerme el sueño de los justos.
En la actual ley N° 3886 de “Registros de declaraciones juradas patrimoniales” se encuentra el polémico Artículo 9° que dice textualmente: “Las declaraciones juradas se presentarán bajo sobre lacrado firmado y serán de carácter secreto. Las mismas sólo podrán ser abiertas en los siguientes casos. a) En los supuestos previstos en el Art. 10°. b) A pedido de sus firmantes o sucesores. c) A requerimiento del Juez o autoridad competente”.
También en la actual ley se encuentra el Artículo 10° que dice: “Las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios serán realizadas a iniciativa de los señores Ministros, para el personal de su dependencia, a pedido del Poder Ejecutivo y en caso de denuncia, esas investigaciones serán realizadas por los Poderes Legislativo y Judicial para los funcionarios de sus respectivas dependencias”. No se entiende por que las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios no pueden ser iniciadas por iniciativa de cualquier particular con interés simple y exclusivamente por ante los estrados judiciales.
El enriquecimiento ilícito de los funcionarios, los delitos de cohecho, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones ilegales y el prevaricato y otras formas de violentar la transparencia deben además de declamarse, sostenerse con acciones simples, claras y de fácil acceso. Nadie debería ofenderse por esta característica. Y al revés: es una ofensa para la transparencia que se apruebe que el Poder Judicial de la Nación tenga declaraciones juradas patrimoniales públicas y por otro lado no dar el ejemplo.