No hay transparencia

Cuatro décadas después, pareciera que ese mandato –el fortalecer las instituciones- sigue vigente, pese a la reforma de la Constitución Nacional en 1994 y a todas las reformas constitucionales que se realizaron en todas las provincias, sin excepción. Es decir, el fortalecimiento de la democracia ya no pasa por reformas constitucionales, sino por cumplir las que ya están vigentes.
En este marco, es oportuno tener en cuenta que Argentina padece dos flagelos que tarde o temprano atentarán contra la propia democracia. Por un lado, no logra hacer retroceder a la corrupción ligada al sector público y privado; y por otro carece de una ley de acceso a la información pública.
Esta situación no sólo involucra al gobierno nacional sino a las provincias e incluso a los municipios.
La corrupción y con ella la impunidad está ligada a la falta de acceso a la información en tiempo y forma. Es justamente la falta de acceso a la información la que impide o la que obstaculiza la lucha contra la corrupción. Y ambos flagelos se alimentan mutuamente.
La organización Transparencia Internacional viene advirtiendo desde hace mucho tiempo que los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción referido a la Argentina son preocupantes. Se trata de un índice que ubica a los 175 países de acuerdo a cómo es percibida la corrupción en el sector público.
Por eso es necesario avanzar en normas más efectivas sobre el lobby y el financiamiento político, la contratación, las licitaciones en las obras públicas y especialmente en el gasto público, como así también en la rendición de cuentas de organismos sin desdeñar la importancia del acceso a la información. Y esto debe hacerse no sólo para el gobierno nacional sino para todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, en el país no hay ningún distrito de gobierno que pueda decir que en materia de corrupción ha hecho los deberes para evitarla. Ninguno.
Es evidente que Argentina no muestra un compromiso real en la lucha contra la corrupción, pese a que hace cuarenta años viene pregonando que es de vital importancia para la democracia fortalecer las instituciones. La ausencia de normas como una ley de acceso a la información pública y la debilidad en la que se encuentran la mayoría de los organismos de control en todas las provincias, alientan las prácticas irregulares e impiden que se investigue como corresponde.
El acceso a la información pública es un derecho vital, porque permite ejercer otros derechos que dependen de información oportuna, completa, adecuada y gratuita. Además, permitiría a los funcionarios desarrollar mejor sus políticas públicas. Y, obviamente, se brindaría más transparencia y control. Así se fortalecería la democracia e incluso la participación ciudadana. Sin estas leyes, la corrupción seguirá creciendo porque no hay mecanismos claros para el acceso a la información. Eso sí, todos los dirigentes levantan la bandera anticorrupción, pero no hay ningún gobierno, en ningún distrito, que la haya implementado.