Las Bibliotecas Populares sin aportes
El gobierno provincial les adeuda a las Bibliotecas Populares todos los subsidios correspondientes a este año. Cabe recordar que desde 1988 rige una ley en la provincia que otorga un beneficio a las Bibliotecas Populares, actualizada con las modificaciones que se propusieron con la normativa número 9094.
Se trata de un subsidio mensual que es de mucha importancia para estas entidades de bien público, puesto que les ayuda a solventar en parte sus gastos fijos como sueldos, mantenimiento del edificio, servicios públicos, compra de libros y acceso a la tecnología como internet para sus socios.
Todos los años las Bibliotecas Populares deben padecer estos retrasos que genera el gobierno provincial, afrontando con más imaginación que recursos sus compromisos. Pero, es indiscutido que el retraso del gobierno provincial en cumplir una ley tan elemental, coloca siempre a las Bibliotecas Populares en una permanente incertidumbre.
No es redundante recordar que las Bibliotecas Populares tienen un rol esencial para el desarrollo de la cultura, la educación y la vida social de cada comunidad, en especial para aquellos vecinos que no pueden adquirir libros y recurren a este servicio.
Pero no se trata solamente del acceso al libro, que de por sí ya es toda una proeza para los tiempos que corren, sino también que las Bibliotecas desarrollan permanentes actividades vinculadas con talleres de capacitación y diversas programaciones vinculadas con el arte.
En Gualeguaychú existen cuatro Bibliotecas Populares (Domingo Faustino Sarmiento, Olegario Víctor Andrade, Francisco Hernández López Jordán y Rodolfo García) que dependen en gran parte para su funcionamiento de este subsidio.
La ayuda que otorga la ley a las Bibliotecas Populares entrerrianas es el equivalente al duplo del sueldo básico inicial de un maestro de grado perteneciente al Consejo General de Educación y por eso no se entiende por qué el retraso dado que debería presupuestarse todos los años.
Por otro lado, la Legislatura provincial debería acompañar mejor a estas instituciones de bien público, por lo menos requiriendo al Ejecutivo que explique por qué todos los años se incurre en esta mora y esforzarse mucho más para que realmente funcione de manera dinámica la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares de la que son parte. Lo otro que es necesario cambiar es que también es inadmisible que cada tanto tengan que aparecer artículos críticos sobre esta demora, obligando al gobierno provincial a que cumpla nada menos con lo que dice la ley.
Es cierto que en otras administraciones provinciales los atrasos eran mucho más prolongados, pero ese dato no debería ser consuelo porque lo realmente natural debería ser cumplir con la ley, no cumplirla a medias.
Así las cosas, las Bibliotecas Populares tienen que penar todos los años, peregrinar en reclamos y en muchas ocasiones sacrificar actividades culturales y educativas por esta evidente falta de apoyo.
No es un tema menor, justamente por la calidad del servicio público que prestan estas instituciones, que ni siquiera pueden gozar de un beneficio que les otorga la ley.
Todos los años las Bibliotecas Populares deben padecer estos retrasos que genera el gobierno provincial, afrontando con más imaginación que recursos sus compromisos. Pero, es indiscutido que el retraso del gobierno provincial en cumplir una ley tan elemental, coloca siempre a las Bibliotecas Populares en una permanente incertidumbre.
No es redundante recordar que las Bibliotecas Populares tienen un rol esencial para el desarrollo de la cultura, la educación y la vida social de cada comunidad, en especial para aquellos vecinos que no pueden adquirir libros y recurren a este servicio.
Pero no se trata solamente del acceso al libro, que de por sí ya es toda una proeza para los tiempos que corren, sino también que las Bibliotecas desarrollan permanentes actividades vinculadas con talleres de capacitación y diversas programaciones vinculadas con el arte.
En Gualeguaychú existen cuatro Bibliotecas Populares (Domingo Faustino Sarmiento, Olegario Víctor Andrade, Francisco Hernández López Jordán y Rodolfo García) que dependen en gran parte para su funcionamiento de este subsidio.
La ayuda que otorga la ley a las Bibliotecas Populares entrerrianas es el equivalente al duplo del sueldo básico inicial de un maestro de grado perteneciente al Consejo General de Educación y por eso no se entiende por qué el retraso dado que debería presupuestarse todos los años.
Por otro lado, la Legislatura provincial debería acompañar mejor a estas instituciones de bien público, por lo menos requiriendo al Ejecutivo que explique por qué todos los años se incurre en esta mora y esforzarse mucho más para que realmente funcione de manera dinámica la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares de la que son parte. Lo otro que es necesario cambiar es que también es inadmisible que cada tanto tengan que aparecer artículos críticos sobre esta demora, obligando al gobierno provincial a que cumpla nada menos con lo que dice la ley.
Es cierto que en otras administraciones provinciales los atrasos eran mucho más prolongados, pero ese dato no debería ser consuelo porque lo realmente natural debería ser cumplir con la ley, no cumplirla a medias.
Así las cosas, las Bibliotecas Populares tienen que penar todos los años, peregrinar en reclamos y en muchas ocasiones sacrificar actividades culturales y educativas por esta evidente falta de apoyo.
No es un tema menor, justamente por la calidad del servicio público que prestan estas instituciones, que ni siquiera pueden gozar de un beneficio que les otorga la ley.
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