El lugar de las Pymes
En la economía de Argentina los grandes grupos empresarios tienen un papel decisivo en cualquier estrategia económica y social. De eso no hay duda y su influencia se hace sentir de manera permanente.
Pero también es cierto que en la Argentina hay casi 1,6 millones de empresas pequeñas y medianas que tienen una importancia crucial en la producción y los servicios y, fundamentalmente, en la creación de articulaciones sociales.
No es casual que las pymes sean las que forjan el grueso de la producción nacional y sean las mayores demandantes de empleo.
Pero, a diferencia de los grandes grupos económicos –la mayoría sin Patria ni Nación- las pymes tienen poco apoyo y la mayoría queda fuera de los incentivos empresarios, del crédito e incluso de la economía formal.
Es una lástima que las pequeñas y medianas empresas –que explican una parte muy importante de la producción y del empleo en el país– sigan siendo las grandes olvidadas del sistema. En parte, por la falta de representatividad política, pero también por su diversidad.
Hay que tomar dimensión de lo que representa que casi 1,6 millones de empresas en Argentina son pymes, es decir, empresas activas. Pero también que casi el 60 por ciento de ellas todavía no ha podido pasar el umbral informal de la economía porque los costos que impone el propio Estado le son muy difíciles de afrontar como es, por ejemplo, el costo laboral.
Un dato oficial da cuenta de esta situación. Se estima que casi un millón de empresas pymes tienen cuentas corrientes; pero menos de cien mil (diez por ciento) acreditan los haberes de sus empleados en cuentas sueldos a pesar de que es obligatorio para firmas de más de cincuenta empleados.
Más allá de los números fríos de la economía, que se sienten en la realidad caliente del ciudadano, las pymes son un segmento empresario muy heterogéneo, con características especiales en su modo de organización, cultura empresaria y tecnología aplicada.
No es casual que también sean el conjunto más vulnerable ante las deficiencias de las estructuras de los mercados y sean las primeras en padecer las consecuencias de las políticas económicas y regulaciones estatales vigentes.
Sin embargo, las pymes son al mismo tiempo las más dinámicas y las que más rápido se adaptan a la situación actual del país que se podría denominar de post crisis.
Hay que entender que las pequeñas y medianas empresas se financian básicamente con recursos propios, y que sus inversiones sólo pueden llevarse adelante (por falta de incentivo y de ayuda) con su propia rentabilidad.
El futuro de las pymes depende en gran parte de las asociaciones productivas e institucionales que forme. Es insoslayable el requisito de políticas públicas adecuadas, que privilegien no sólo el desarrollo industrial nacional sino fundamentalmente el vinculado con la equidad social y la autonomía de un país. Este proceso creativo sólo puede surgir del Estado. Esto nos lleva a otro problema porque, en cualquier aspecto, no hay política posible si no hay un Estado que la lleve adelante.
¿Qué podría hacer el Estado? Los instrumentos de política de desarrollo industrial para el sector son muchos y ampliamente conocidos. Lo relevante es la capacidad institucional para llevarlas adelante, pero con un nivel aceptable de eficiencia y transparencia, aspecto en el que se ha fallado sistemáticamente en Argentina.
No es casual que las pymes sean las que forjan el grueso de la producción nacional y sean las mayores demandantes de empleo.
Pero, a diferencia de los grandes grupos económicos –la mayoría sin Patria ni Nación- las pymes tienen poco apoyo y la mayoría queda fuera de los incentivos empresarios, del crédito e incluso de la economía formal.
Es una lástima que las pequeñas y medianas empresas –que explican una parte muy importante de la producción y del empleo en el país– sigan siendo las grandes olvidadas del sistema. En parte, por la falta de representatividad política, pero también por su diversidad.
Hay que tomar dimensión de lo que representa que casi 1,6 millones de empresas en Argentina son pymes, es decir, empresas activas. Pero también que casi el 60 por ciento de ellas todavía no ha podido pasar el umbral informal de la economía porque los costos que impone el propio Estado le son muy difíciles de afrontar como es, por ejemplo, el costo laboral.
Un dato oficial da cuenta de esta situación. Se estima que casi un millón de empresas pymes tienen cuentas corrientes; pero menos de cien mil (diez por ciento) acreditan los haberes de sus empleados en cuentas sueldos a pesar de que es obligatorio para firmas de más de cincuenta empleados.
Más allá de los números fríos de la economía, que se sienten en la realidad caliente del ciudadano, las pymes son un segmento empresario muy heterogéneo, con características especiales en su modo de organización, cultura empresaria y tecnología aplicada.
No es casual que también sean el conjunto más vulnerable ante las deficiencias de las estructuras de los mercados y sean las primeras en padecer las consecuencias de las políticas económicas y regulaciones estatales vigentes.
Sin embargo, las pymes son al mismo tiempo las más dinámicas y las que más rápido se adaptan a la situación actual del país que se podría denominar de post crisis.
Hay que entender que las pequeñas y medianas empresas se financian básicamente con recursos propios, y que sus inversiones sólo pueden llevarse adelante (por falta de incentivo y de ayuda) con su propia rentabilidad.
El futuro de las pymes depende en gran parte de las asociaciones productivas e institucionales que forme. Es insoslayable el requisito de políticas públicas adecuadas, que privilegien no sólo el desarrollo industrial nacional sino fundamentalmente el vinculado con la equidad social y la autonomía de un país. Este proceso creativo sólo puede surgir del Estado. Esto nos lleva a otro problema porque, en cualquier aspecto, no hay política posible si no hay un Estado que la lleve adelante.
¿Qué podría hacer el Estado? Los instrumentos de política de desarrollo industrial para el sector son muchos y ampliamente conocidos. Lo relevante es la capacidad institucional para llevarlas adelante, pero con un nivel aceptable de eficiencia y transparencia, aspecto en el que se ha fallado sistemáticamente en Argentina.
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