Desafíos
En materia de producción, eficiencia, controles, cuidados del ambiente y responsabilidad social, entre otros tópicos, se está en un momento especial, dado que es innegable reconocer que hay un desarrollo y crecimiento macro, pero que todavía debe traducirse de manera palmaria a la economía doméstica… la de todos los días.
Tal vez el mayor desafío para el sector privado (que debe tener buenas prácticas integrales) y para el Estado (que debe avalar, controlar y monitorear de manera permanente) es aceptar que se vive en un punto de inflexión, dado el hartazgo de innumerables comunidades que están luchando para que el tan mentado desarrollo no pase de largo por sus pueblos.
Las actividades productivas, en sus más variados rubros como la industrial, la agropecuaria, las extractivas, necesitan un encuadre jurídico más acorde con los tiempos y esto es indudablemente tarea del legislador. Por ejemplo, en Entre Ríos está casi paralizada una ley para regular el uso de los agrotóxicos desde 2010, pese a que para esa norma han ido a brindar sus aportes y saberes los colegios profesionales, las organizaciones ambientales y diversas áreas del Estado como Producción y Salud. Sin embargo, pasan los períodos legislativos y a ningún diputado se le ocurre avanzar en la materia, mientras los campos y los cursos de agua dulce son contaminados, a cada instante, al igual que la salud humana.
Es decir, por un lado el sector privado requiere de instrumentos concretos para potenciar sus producciones, para que se tornen previsibles, que les permita mejorar incluso la propia calidad alcanzada; pero ello deberá tener también encuadres de responsabilidad social y ambiental ineludibles. Y esos instrumentos los debe aportar el Estado. Esto es así justamente porque el mundo del trabajo debe ser colaborador del clima social.
Los legisladores deben sincerarse ante su pueblo. Muchas veces han impulsado iniciativas y alimentado expectativas, pero en rigor (a juzgar por los pobres resultados) sólo han sido para ganar una iniciativa política, acreditar alguna “preocupación” colectiva… pero termina siendo una pose para una fotografía de prensa más que una actitud de vida. Por eso muchas veces los proyectos de leyes se anuncian con grandes ademanes, pero casi todos terminan en un raquítico estertor, donde el tiempo agiganta la falta de compromiso y rigor.
En este marco es muy difícil avanzar en un cambio de paradigma y así quienes están vinculados con el mundo productivo, terminan muchas veces colisionando con sus propios vecinos. Claro que las fallas son muchas en esta cadena: la empresa que no asume responsabilidades de sustentabilidad, el Estado que no ejerce su autoridad como corresponde… y todo disipado en un debate donde la artera desinformación forma parte de la estrategia de alguna de las partes.
Y así como los pueblos necesitan soluciones claras y precisas, los sectores productivos también requieren de marcos legales que colaboren con la necesidad de maximizar la calidad. De igual modo, el Estado también necesita marcos legales para actuar, justamente porque nada de lo que le ocurre a la sociedad le puede ser ajeno.
Se trata de un desafío, si por desafío se entiende que es una acción para superar un obstáculo importante. En este caso, el paradigma productivo.
Las actividades productivas, en sus más variados rubros como la industrial, la agropecuaria, las extractivas, necesitan un encuadre jurídico más acorde con los tiempos y esto es indudablemente tarea del legislador. Por ejemplo, en Entre Ríos está casi paralizada una ley para regular el uso de los agrotóxicos desde 2010, pese a que para esa norma han ido a brindar sus aportes y saberes los colegios profesionales, las organizaciones ambientales y diversas áreas del Estado como Producción y Salud. Sin embargo, pasan los períodos legislativos y a ningún diputado se le ocurre avanzar en la materia, mientras los campos y los cursos de agua dulce son contaminados, a cada instante, al igual que la salud humana.
Es decir, por un lado el sector privado requiere de instrumentos concretos para potenciar sus producciones, para que se tornen previsibles, que les permita mejorar incluso la propia calidad alcanzada; pero ello deberá tener también encuadres de responsabilidad social y ambiental ineludibles. Y esos instrumentos los debe aportar el Estado. Esto es así justamente porque el mundo del trabajo debe ser colaborador del clima social.
Los legisladores deben sincerarse ante su pueblo. Muchas veces han impulsado iniciativas y alimentado expectativas, pero en rigor (a juzgar por los pobres resultados) sólo han sido para ganar una iniciativa política, acreditar alguna “preocupación” colectiva… pero termina siendo una pose para una fotografía de prensa más que una actitud de vida. Por eso muchas veces los proyectos de leyes se anuncian con grandes ademanes, pero casi todos terminan en un raquítico estertor, donde el tiempo agiganta la falta de compromiso y rigor.
En este marco es muy difícil avanzar en un cambio de paradigma y así quienes están vinculados con el mundo productivo, terminan muchas veces colisionando con sus propios vecinos. Claro que las fallas son muchas en esta cadena: la empresa que no asume responsabilidades de sustentabilidad, el Estado que no ejerce su autoridad como corresponde… y todo disipado en un debate donde la artera desinformación forma parte de la estrategia de alguna de las partes.
Y así como los pueblos necesitan soluciones claras y precisas, los sectores productivos también requieren de marcos legales que colaboren con la necesidad de maximizar la calidad. De igual modo, el Estado también necesita marcos legales para actuar, justamente porque nada de lo que le ocurre a la sociedad le puede ser ajeno.
Se trata de un desafío, si por desafío se entiende que es una acción para superar un obstáculo importante. En este caso, el paradigma productivo.
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