Abigeato y furtivos

El daño mayor de esta actividad delictiva está vinculado con la salud pública, dado que esa carne es faenada de manera clandestina y sin controles sanitarios y así ingresa al mercado; además –claro está- del daño patrimonial que padece el damnificado.
Los cazadores furtivos son aquellos que ingresan a propiedad privada y destrozan y matan a las especies salvajes, muchas de ellas bajo protección por estar en riesgo de extinción.
A nivel local, la Sociedad Rural Gualeguaychú fue pionera en incorporar cámaras de vigilancia en determinadas zonas, que son monitoreadas por la Policía con la autorización de la Justicia, y de esa forma se ha logrado contar con una poderosa herramientas de prevención y cuyos resultados hasta el momento han sido muy positivos.
Tanto en los que realizan el delito de abigeato como el de los cazadores furtivos, las condenas que proporciona la Justicia (cuando las proporciona) son muy irrisorias, atento al enorme daño que provocan y al daño potencial que han generado.
Más allá de los operativos que se han intensificado desde hace un año aproximadamente, el Estado sigue ejerciendo un rol casi desdibujado… y la Justicia mucho más.
Hay que convenir que el delito de abigeato siempre ha sido un flagelo, a veces con alcances de epidemia por estas tierras.
Los ganaderos se han sentido muchas veces desprotegidos y algunos incluso hasta llegaron a pensar en la posibilidad de dedicarse a otra actividad, pese a las tradiciones familiares que caracterizan al hombre de campo de esta región.
No se puede soslayar los nocivos nexos que existen entre estos delincuentes con algunas cadenas de comercialización y faenas clandestinas. Llama mucho la atención que algunas de ellas sigan siendo desapercibidas por los controles bromatológicos que debe ejercer un Municipio como por la propia Policía y la Justicia.
Los jueces se excusan muchas veces de no aplicar penas mayores, porque sostienen que la ley les impide condenas ejemplares para esta clase de delitos. Ahora bien, si se comprende que el abigeato no solamente afecta el patrimonio de los productores, sino que está vulnerando la salud pública, no se entiende por qué los legisladores no actualizan una normativa que permita también fortalecer los criterios de disuasión y prevención frente a este delito. Y lo mismo ocurre para con el cazador furtivo, que hace un daño patrimonial enorme a los bienes y recursos naturales de la provincia.
Al no existir una pena que sea realmente significativa, casi siempre los delincuentes vuelven a reincidir a los pocos días de haber recuperado la libertad. Y eso no es todo, algunos incluso vuelven a cometer abigeato en los mismos predios ganaderos donde ya fueron denunciados. Esto es lo más próximo a la impunidad.
Por eso se insiste que esta clase de delitos sean enfocados desde la salud pública a la hora de pensar en una pena, dado que está en juego la propia vida de quienes de buena fe consumen esa carne ingresada ilegalmente al mercado.
Por eso hay que concluir, a manera de invitación para pensar la realidad desde otro lugar, que ante problemáticas de seguridad casi desbordadas, se requieren soluciones integrales.