Sergio Larrea y Alejandra Rodríguez son los dos prófugos de la Justicia de Gualeguaychú
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
De acuerdo al Registro Nacional de Reincidencias, hay cuatro personas en calidad de prófugos de la Justicia de Gualeguaychú, aunque en rigor de acuerdo a la información actualizada que realizó EL ARGENTINO, solo hay dos activos: se trata de Sergio Domingo Larrea (Causa J/240), nacido el 24 de enero de 1959, requerido por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú desde el 17 de noviembre de 2017, por “robo y amenazas con arma blanca” en un hecho calificado agravado por el uso de arma. Y de Apellidos: Alejandra Etelvina -alias “Amparito”- Rodríguez, nacida el 7 de enero de 1978 (Causa: J/238), que es requerida también por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú desde el 1° de diciembre de 2016; por haber efectuado reiterados abusos sexuales en perjuicio de dos menores, en varias oportunidades.
Hay que tener en cuenta que una persona que está fugada de la Justicia debe vivir escondida o en la clandestinidad, porque no puede realizar trámite alguno que implique decir nombre y DNI e incluso debería –en teoría- no tener contactos con familiares o amigos o al menos tenerlos de una manera tal que burle la búsqueda policial.
Así, se puede concluir en una primera instancia que ser prófugo de la Justicia requiere de una logística que muchos delincuentes no tienen. Pero, al persistir esa situación de fuga –a pesar de no contar con recursos suficientes- se aborda una segunda conclusión, esta vez más preocupante: la Policía no quiere, no sabe o no cuenta con suficiente personal para dedicarse a su búsqueda.
Porque hay que tener en claro algo: una cuestión es la decisión de una persona de darse a la fuga y de ese modo “no pagar” la sentencia que le dictó la Justicia. A eso lo puede decidir cualquiera. Y otra muy distinta es sostener una situación como de prófugo.
Después hay consideraciones de manual: todo prófugo –dependiendo del nivel económico e incluso cultural- hará todo lo posible por irse del país (los pasos ilegales son tantos como imposible su control). Y en caso que decidan quedarse en la zona buscarán –por lógica- una ciudad grande, donde el anonimato sea más fácil de sostener: ya se sabe, en pueblos chicos, todo el mundo se conoce.
Pero, lo más doloroso de esta realidad de prófugos y de búsquedas fallidas es la sensación que le invade a las víctimas de esos delitos: ellas saben que la persona que los dañó no recibió la pena que le corresponde porque está fugada y nadie los puede hallar.
La historia de ambos prófugos
Sergio Domingo Larrea, hoy prófugo de la justicia., había sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abigeato. Había robado dos animales de un campo ubicado en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 20, próximo al puente sobre el Arroyo Gualeyán. La sentencia quedó firme, pero el condenado se encuentra prófugo de la Justicia desde el 12 de noviembre de 2014.
La historia de Alejandra Etelvina Rodríguez, alias “Amparito”, es más dolorosa por cuanto estuvieron involucradas como víctimas sus dos hijas, ambas menores de edad.
“Amparito” Rodríguez fue condenada por haber efectuado reiterados abusos sexuales en perjuicio de esas dos menores, en varias oportunidades, en un hecho que fue caratulado “Rodríguez Alejandra Etelvina y Flores Juan Carlos S/Abuso sexual gravemente ultrajante agravado con acceso carnal y abuso sexual simple con acceso carnal reiterados”.
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Arturo Exequiel Dumón, Alicia Vivian y Mariano Martínez. Éste último, reemplazó al juez Mauricio Derudi, quien debió excusarse porque al momento de la denuncia a mediados de 2014, era el fiscal coordinador.
En representación del Ministerio Público Fiscal actuaron el fiscal coordinador Lisandro Béghéran y el fiscal Sergio Rondoni Caffa; mientras que el defensor de oficio fue el doctor Pablo Ledesma y en resguardo de los intereses de las menores intervino el defensor Ricardo Golly.
En el juicio –que se hizo por razones legales a puertas cerradas- se pudieron apreciar las valoraciones de aproximadamente quince testigos, además de los testimonios recepcionados a través de la Cámara Gesell y de aquellos funcionarios públicos que intervinieron en la denuncia original.
Dos menores, identificadas por las siglas M. y M. fueron abusadas sexualmente de manera ultrajante con acceso carnal, en un hecho que conmocionó en 2014 a la comunidad de Villa Paranacito, lugar donde residían junto con su madre, quien fue sindicada como partícipe necesaria y cómplice primaria.
Fue una maestra de las menores la que observó que algo no estaba bien en las nenas que en ese entonces tenían 9 y 13 años de edad y se dio una rápida intervención al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), organismo que radicó la denuncia pertinente ante la Policía de esa localidad.
Desde la Comisaría de Villa Paranacito se dio inmediata intervención al fiscal auxiliar de Islas del Ibicuy, Pablo Obeid, quien por la naturaleza del hecho derivó el caso al doctor Lisandro Béhéran.
Flores ejercía una suerte de curanderismo y vivía aproximadamente a cincuenta metros de la vivienda de Rodríguez. Los datos obtenidos en la investigación penal preparatoria indicaron que las menores (9 y 13 años al momento de los hechos) ya venían siendo abusadas por lo menos desde hacía dos años en el caso de la mayor y de un año para la menor.
Al momento del juicio, las nenas estaban conviviendo con el padre (que también fue denunciante del hecho) y los últimos informes que recabó la fiscalía en ese entonces dieron cuenta que se encontraban en un claro proceso de recuperación, pese al infierno que debieron atravesar a tan temprana edad.
Debe recordarse que a Juan Carlos Flores se le atribuyó y se le probó “haber efectuado reiterados abusos sexuales” en perjuicio de las dos menores (…) hechos cometidos desde que una contaba con ocho años y la segunda con 9 años de vida, “en número de oportunidades y fechas no precisadas con exactitud, pero que en ocasiones tenían una periodicidad semanal”. Todos esos hechos ocurrieron en el domicilio del denunciado ubicado en el Paraje Puente Paranacito como en el interior de la casa de la co-imputada Alejandra Etelvina Rodríguez, hoy prófuga de la Justicia.