La Cámara del Crimen de Gualeguay dio lectura a la sentencia del caso Giménez

La Cámara estuvo integrada por los doctores Darío Ernesto Crespo, quien actuó como presidente de la misma; y los vocales Jorge Omar Torres y Alejandra María Cristina Gómez.
El primero en emitir su voto fue el doctor Crespo, perspectiva a la que adhirieron por análogas consideraciones los otros dos vocales, por eso la sentencia fue unánime.
La sentencia tuvo 1.001 páginas y ha recorrido esta causa de 32 cuerpos y seis mil fojas en toda su extensión, describiendo cada una de las alternativas que se suscitaron tanto en sede Instructoria como en las distintas instancias del debate oral y público.

La sentencia

La sentencia declaró a Giménez “autor penalmente responsable del delito de peculado” en 91 hechos, bajo la modalidad de delito continuado en perjuicio de la Municipalidad de Gualeguaychú “y en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que le fueran atribuidos”.
En consecuencia, fue condenado a la pena de siete años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales, “la que deberá cumplir en la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú, debiendo ser puesto a disposición del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná una vez que la presente sentencia adquiera firmeza”.
El segundo punto de la sentencia absuelve “de culpa y cargo” a Daniel Irigoyen, a Néstor Pérez y a Pedro Pomés.
Luego hace lugar a la demanda civil instaurada, condenando a Giménez a abonar la suma total de 2.791.122,92 pesos, más sus intereses desde el momento de los hechos dañosos hasta el momento de efectivizarse los pagos al tipo resultante de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, , en sus operaciones corrientes de descuento, con más las costas vinculadas a dicha acción, teniéndose por desistido al actor civil a la acción instaurada contra los restantes demandados imputados.
La Cámara no hizo lugar a los pedidos por falso testimonios contra Stella Maris bentancour, Marta Elizabeth Varone, Oscar César Pirovani y Mariela Sabina Watters.
A la vez impone las costas del proceso penal, en un 25 por ciento al encausado Giménez, en tanto el 75 restante es de oficio, mientras que las de la acción civil deben quedar a cargo exclusivo del inculpado Giménez.
También dispuso el levantamiento de las medidas cautelares trabadas oportunamente contra Irigoyen, Pérez y Pomés.
Como la lectura de la sentencia es considerada una notificación, a partir de ayer comenzaron a correr los diez días seguidos para ir en Casación a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Fundamentos

La sentencia –a la que accedió EL ARGENTINO- tiene 1.001 páginas y recién se dio a conocer ayer por la tarde. No obstante su extensa lectura, se pueden extraer algunos de los puntos fundamentales de este proceso.
En la fundamentación de su voto, Crespo adelanta que “habré de coincidir” respecto a Giménez “con lo alegado por el Fiscal de Cámara y el Querellante Particular (Municipalidad) al tiempo de la discusión final, en cuanto a que los hechos ilícitos descriptos en la imputación y que se le atribuyeron oportunamente existieron y que dicho imputado ha tenido en cada caso la intervención penal que se le asignara en los mismos, como único autor responsable, todo ello con el grado de certeza necesario requerido por la instancia” y que resultó “claramente atentatorio de la administración pública, en este caso del patrimonio y fondos públicos de la Municipalidad de Gualeguaychú”.
También concluye que Giménez fue el único responsable de los 91 hechos que se le demostraron por su condición de titular de la Tesorería Municipal, “siendo a su vez responsable también del llevado de libros obligatorios de su área, a través de los cuales logró, mediante omisiones en su información y carga de operación, y otros mecanismos, con decisiva ilicitud, ocultando con singular habilidad y conocimiento técnico, las espurias detracciones que de fondos públicos realizara durante los períodos de tiempo que le son atribuidos”.
Luego de describir las estrategias defensivas de Giménez “siempre atendibles procesalmente en un marco de garantías indiscutible, finalmente lo ha llevado a una postura recalcitrante, que fue contradicha una y otra vez por el casi centenar de testigos que pasaron por la audiencia de juicio, experiencia ésta que otorga el debate oral, en donde esa actitud inicial humana y comprensiva viró por otra impertérrita e impiadosa, sin trepidar en los pesares ocasionados en forma indiscriminada, manchando conductas, honras y trayectorias de pares -no de superiores o poderosos, de pares- en procura desesperada de impunidad, y de trasladar su responsabilidad hacia terceros, según su decir "los poderosos", en una versión que como se verá no resulta creíble”.
También destaca que la denuncia inicial formulada por el ex intendente Irigoyen “rompe en realidad con el formato común de este tipo de sucesos, en donde son "los políticos" los denunciados. Pues bien en este caso y aún a riesgo de quedar involucrados en la causa como finalmente quedaron, fue el intendente de Gualeguaychú, funcionario político si lo hay, el que formuló la denuncia cumpliendo con su deber. Fue exactamente al revés, en tanto ese funcionario político fue el denunciante, y el denunciado un funcionario permanente y técnico de jerarquía de la administración municipal”.
En la sentencia se fundamentó por qué Giménez “no trepidó en ningún caso. ni al principio ni al final, en echar mano ilícitamente de fondos públicos municipales, en modo creciente, para lo cual ocultó y fraguo registros que obligatoriamente debía llevar bajo su área, utilizó la presión y la conmoción sobre su empleada encargada de las conciliaciones bancarias (por Mariela Watters) para con ello estirar su posibilidad de no ser descubierto, y ya de una manera finalmente desordenada, realizar maniobras sustractivas de singulares montos utilizando sus conocimientos contables y del sistema municipal y sus grietas para enmascararlas y dificultar o impedir ser descubierto, todo lo cual se pudo corroborar posteriormente -algo a este momento insospechado- con las pruebas reunidas vinculadas a sus parientes (el vínculo con la firma TPV de Troncoso, Porreca y Varone) que lo relacionaron con esos operadores en Capital Federal, todo lo cual resulta -a pesar de la tozuda y ya inexplicable negativa del incurso frente a tantas evidencias- completamente acreditado en autos, explicándose así, aunque más no fuera de modo parcial pero cuantitativamente significativo, uno de los posibles cauces por los cuales fluyeran ilícitamente sustraídos por el imputado los fondos públicos pertenecientes al Municipio”.
En ese marco, la Cámara del Crimen destaca “la extraordinaria tarea instructoria (a cargo del doctor Roberto Javier Cadenas), que aún en el marco de una causa de tal complejidad y envergadura, supo siempre sostener su pulso investigativo, junto al Ministerio Público Fiscal, logrando mediante el despliegue de un arsenal probatorio que prácticamente ha recorrido todo el catálogo, permitir arribar a la realización de este juicio, que no ha hecho luego de su íntegro y extenso desarrollo, sino confirmar en lo que respecta al imputado Giménez la hipótesis de la etapa preparatoria, ahora con el grado de certeza requerido por el presente estadio procesal”.
También comparte la Cámara del Crimen, además de la integralidad del plexo probatorio, “lo que con didáctica encomiable expresó sobre el punto el doctor Julio Federik en su alegato, en el sentido de que: "(…) Hay distintos tipos de confesiones atribuidas a Giménez. En primer lugar, Watters declaró que le confesó el apoderamiento de dinero público. Watters es testigo. El 1° de julio, Giménez dijo que contaría todo en presencia de Irigoyen. Éste relató cómo Giménez había confesado el hecho; agregó, incluso, que le preguntaban acerca de los montos de las sustracciones. Irigoyen declaró como imputado y se pregunta si tuvo fisuras respecto de esto. ¿Dio la impresión de que mentía? ¿Está contradicho lo que dijo Irigoyen por algún otro testito? Marta Garciarena es testigo; no solamente dijo lo que dijo, sino también que Giménez le pidió disculpas. Y acá lo contó con una carga emotiva impresionante. El tesorero estaba quebrado, dijo ella. ¿Y Oscar Pirovani? ¿Mintió cuando dijo que había confesado? Cuando (Mariano) Fiorotto fue a notificar a Giménez de la suspensión, éste le dijo que Watters no tenía nada que ver: el único dejo de bonhomía. Lo dijo Fiorotto. Los coimputados Pérez e Irigoyen, también declararon sobre esto. Tenemos entonces testigos directos: Watters, Garciarena, Pirovani y Fiorotto. ¿Con qué se apoyan estos testigos directos? Con los dichos de dos coimputados. No hay diferencias entre ellos. Pero también hay un testigo de referencia: el (ex secretario de Gobierno) Sergio Delcanto. Dijo que Pirovani, Irigoyen y Pérez le contaron que Giménez había confesado. En el momento en que se lo dijeron Irigoyen y Pérez, ellos no eran imputados; eran el intendente y el secretario de Hacienda. Lo refiere en aquel momento el testigo Delcanto. Cuando tenemos prueba testimonial directa, declaración de imputados coincidentes y testigos de referencia, eso se llama certeza”.
También la Cámara señaló todas y cada una de las mendacidades de Giménez; a la vez que valoró cada uno de los aportes de los testigos que desfilaron durante todo el debate del juicio oral y público.
“Con la prueba hasta aquí analizada, sometida al prisma de su mérito racional y los principios de la sana crítica, a criterio del suscripto bastaría para concluir de modo fundado en que existe certeza absoluta en orden tanto a la ocurrencia de los 91 hechos tal como han sido imputados, lo que nos conduce a un perjuicio total de acuerdo a los montos de cada uno de 2.791.122,92 de pesos al erario público de la Municipalidad, como asimismo a su autor, que no es otro que el ex tesorero Ángel José Giménez, quien aprovechando claramente de su cargo y abusando funcionalmente del mismo sustrajo dichas sumas mediante las distintas modalidades” que han sido descriptas.
Pero Crespo dice algo más que el profuso plexo probatorio colectado, de balance netamente cargoso para Giménez. El presidente de la Cámara del Crimen sostiene que esas pruebas “hacen trizas una a una las argumentaciones defensivas del ex Tesorero y lo alegado por su defensa al momento de la discusión final, lo que en ambos casos no han implicado más que reiteraciones de posturas defensivas ya asumidas en sede instructoria, que giran en derredor de algunas premisas argumentales falsas”. Esto es “que todo se ha basado en la existencia de un complot en su contra armado desde el Departamento Ejecutivo Municipal utilizando a Giménez como chivo expiatorio de irregularidades y faltantes que se arrastrarían desde el año 2001 en la comuna, y que por lo tanto él (por Giménez), no es más que una víctima de los poderosos de turno que lo han elegido como cordero de sacrificio para tapar sus culpas”.
“Es hasta infantil pensar que puede resultar creíble que, después de dos auditorías, una interna dispuesta por Municipio, otra externa dispuesta por el Concejo Deliberante; de otra urgente del Tribunal de Cuentas, de una pericia en sede instructoria efectuada por expertos del Tribunal de Cuentas; y de otra más todavía realizada en el ámbito de la Cámara, pueda aún seguir sosteniéndose frente a la constataciones en todos los casos de las maniobras detectadas, que todo pueda deberse a un complot y armado en su contra”.
El presidente del Tribunal también dedica un párrafo especial para Oscar Pirovani, quien ha sido duramente atacado por la defensa de Giménez a lo largo de todo este proceso. Dice Crespo: “La mención de que Pirovani se encuentra o se encontró en algún momento sospechado en su credibilidad es francamente desmesurada, sostener que el arduo trabajo llevado a cabo por dicho funcionario fue hecho para ascender en su trabajo del Municipio no se compadece, no sólo con lo que pasó efectivamente con él mismo dentro del Municipio, sino porque además el trabajo que ha realizado en su auditoría, serio, responsable, de alta calidad técnica, y después de un esfuerzo realmente ponderable, es lo que ha permitido entre otros aportes decisivos a mi criterio, la resolución de este penoso caso de corrupción que ha afectado no sólo a los integrantes de aquella gestión municipal de entonces, sino al municipio integralmente, y finalmente a la sociedad de Gualeguaychú toda. En este sentido el desordenado pedido (de parte de Angerosa) de que este testigo Pirovani sea investigado por falso testimonio es absurdo”.

Luego de examinar “las circunstancias de tiempo, modo y lugar adjudicadas en cada caso y como delito continuado como se explicitará en el capítulo respectivo, no quedando dudas de que Ángel José Giménez ha sido su único y exclusivo autor, por lo que así voto a su respecto en relación a los hechos que se le atribuyeron”, finaliza Crespo.

Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO ©