Detuvieron al jefe del Regimiento y a otros dos suboficiales por denuncias de tres abusos sexuales
Se trata de Juan Facundo Candiotti, quien está a cargo del Regimiento de Caballería N°12 “Dragones Coronel Zelaya”. La justicia también ordenó la detención de dos suboficiales, uno de los cuales es un sargento que cumple funciones en Campo de Mayo.
El Regimiento de Caballería N°12 “Dragones Coronel Zelaya” inscribió su nombre en uno de los capítulos más negros de la recuperación de la democracia: ayer por la mañana fue allanado por orden del juez Federal, Hernán Viri, quien impulsa una investigación que unificó a tres denuncias por abuso sexual cometidas contra soldados mujeres, en 2021.
El jefe detenido fue identificado como el mayor Juan Facundo Candiotti, bajo la figura preliminar de supuesto encubrimiento y amenazas. A su vez, el juez Viri también dispuso la detención de otros dos suboficiales: uno de los cuales se encuentra en estos momentos cumpliendo funciones en Campo de Mayo: se trata del suboficial Víctor Hugo Mercado -afectado al Regimiento de Gualeguaychú hasta noviembre de 2021- quien fue detenido por Gendarmería en el Regimiento de Campo de Mayo, en Buenos Aires; mientras que el segundo suboficial está procesado y detenido desde el año pasado por una causa similar.
Los procedimientos estuvieron a cargo de Sergio Salinas, jefe del Escuadrón N° 56 Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, y que contó con la colaboración de la Unidad de Reunión de Información de la jurisdicción.
“Se trata de una causa de 2021 y dos de las denunciantes todavía cumplen servicio en la Fuerza”, explicó Salinas al ser entrevistado por los medios de comunicación.
Los domicilios del jefe y de los dos suboficiales también fueron allanados en busca de pruebas que permitan corroborar los hechos denunciados. En el Regimiento se realizó el allanamiento principalmente para lograr las imágenes grabadas de las cámaras de seguridad, dado que los investigadores están convencidos que a través de ellas los agresores habrían realizado un seguimiento a sus víctimas.
En ese marco, EL ARGENTINO pudo confirmar que, de las tres mujeres denunciantes, una renunció a su carrera militar y las otras dos todavía temen por las represalias de sus superiores a raíz de lo acontecido.
Las jóvenes militares tienen entre 21 y 24 años y las tres acusaron a los dos suboficiales por los abusos sexuales que incluyó tocamientos y hostigamiento permanente, así como amenazas para que no hagan las denuncias correspondientes.
Por su parte, el jefe del Regimiento, además, está acusado de la destrucción de pruebas en la investigación que están llevando adelante el juez Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo.
Uno de los militares acusados -que está radicado en Paraná- ya había sido procesado a fines de agosto de 2022 como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra una de las soldados.
En su resolución, el juez Viri consideró que el imputado abusó sexualmente de la soldada voluntaria “mediando una relación intimidatoria fundada en la relación de poder existente por sobre la víctima con basamento en la jerarquía militar y funciones asignadas a cada uno de ellos”.
“Existía entre ellos una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, la que resultó corroborada no sólo por la verificación del cargo que cada uno detentaba en la estructura orgánica de la repartición del Ejército Argentino en la que desempeñaban sus funciones, sino que puede verse reflejada en los dichos de la víctima y en los del propio imputado en la declaración indagatoria”, agregó el juez Viri.
En tal sentido, aseguró que el imputado tuvo conocimiento de la realización de un acto de carácter sexual sin consentimiento de la joven, ya que el hombre continuó con los tocamientos pese a la negativa y la oposición férrea y expresa de la víctima. “Esto demuestra a las claras el desprecio del imputado hacia la voluntad y libertad de la víctima”, aseveró.
El magistrado resaltó en su resolución que las acciones emprendidas por el imputado durante la mañana del 13 de julio de 2021 fueron las más gravosas y ostentosas, pero “no fueron las únicas”, ya que el imputado habría tenido antes actitudes y comentarios de contenido sexual hacia la víctima de este caso y, a su vez, se habría mostrado molesto al verla hablar con otros hombres.
“En resumen, aparece claro y se encuentra debidamente acreditado, que el imputado tenía el pleno dominio sobre los hechos, toda vez que las probanzas arrimadas al sumario, acerca de la materialidad fáctica, objetiva e histórica de los sucesos objeto de juzgamiento en la presente causa, han permitido demostrar la autoría del imputado en los hechos que se les imputan con el grado de provisoriedad propio de esta etapa procesal”, añadió el juez.
Antecedentes
En la edición del 7 de septiembre de 2021 de EL ARGENTINO, se dio cuenta que “un escándalo moral, judicial e incluso de política de Defensa” envolvía y jaqueaba en ese entonces al Regimiento de Caballería de Exploración 12 “Dragones Coronel Zelaya” de Gualeguaychú, tras un operativo de allanamiento y requisa que ordenó el juez federal de Primera Instancia de la jurisdicción, Hernán Viri.
Los procedimientos en ese entonces fueron realizados por personal de la Prefectura Naval Argentina bajo las instrucciones del fiscal Nicolás Juan Aníbal Riolfo.
“Todo se desencadenó cuando una soldado voluntaria realizó una denuncia por supuesto abuso sexual sin acceso carnal contra un suboficial que presta servicios en esa unidad militar y, sin dilaciones se inició una actuación cuyo curso derivó en este allanamiento, que se concentró en la oficina personal del acusado”, reseñó EL ARGENTINO.
Fuentes vinculadas con la investigación confirmaron a EL ARGNTINO que la medida fue pertinente y oportuna porque entre las pruebas recolectadas se secuestró el teléfono celular del supuesto agresor y cuyo peritaje será determinante para colaborar con el esclarecimiento del hecho. Esta prueba ya fue evaluada por el juez Viri.
La investigación que se desarrolla en el Juzgado Federal es emblemática, porque hay que considerar que la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas no sólo ha sido uno de los hechos más trascendente desde la recuperación de la democracia en la conquista de derechos, sino que también implica un desafío de los tres Poderes del Estado para custodiar sus garantías y desarrollo profesional y humano.
“No se trata de un delito de abuso sexual simple que ocurre en ámbitos privados, sino en una estructura como una unidad militar (que depende del Estado), con cadenas de mando muy rigurosos, con espacios vigilados y custodiados y dentro de una propiedad del propio Estado contra una persona que se sumó a esa estructura para servir a la Patria y a la sociedad”, destacó EL ARGENTINO en la edición del 7 de septiembre de 2021.
“Queda claro que la adaptación de las Fuerzas Armadas a la incorporación de las mujeres en absoluto puede agotarse en adaptaciones a infraestructura, sanitarios y vestuarios para ellas, como solía escucharse en un análisis superficial en los inicios de esta experiencia. Por el contrario, implica romper con el paradigma de una organización que es claramente vertical y rígida, que debió adaptarse a la presencia de las mujeres, resguardando sus derechos y evitando ser vulneradas en su integridad y, simultáneamente, con esa adaptación crecer en fortaleza institucional como en la representatividad de la sociedad”, consignó EL ARGENTINO.
Contexto
Esta causa tuvo un hecho sobresaliente cuando el juez Hernán Viri, ordenó en julio de 2021 el procesamiento del suboficial principal del Ejército como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante que tuvo como víctima a una soldada voluntaria del Regimiento de Caballería N°12 “Dragones Coronel Zelaya”.
La decisión judicial fue adoptada en línea con la petición de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. El fiscal federal subrogante (en 2021), Pedro Mariano Rebollo, consideró en su dictamen previo que el hecho debía calificarse del modo finalmente adoptado por el juez, toda vez que se dio un “plus” para la integridad de la víctima. El fiscal Rebollo señaló que el desprecio hacia la soldada se observó altamente preocupante, así como la reiteración de los tocamientos y la imposibilidad por parte de la víctima de retirarse de manera definitiva del lugar, dado que luego de ocurridos los hechos continuó bajo la esfera de dominación y control del agresor.
“Se encuentra corroborado que se expuso a la víctima bajo el dominio de otra, reduciéndola a un estado de cosa sobre la que se ejerce un dominio o disponibilidad, anulando su libertad o autodeterminación sexual con la consiguiente minoración de su dignidad personal”, indicó el fiscal en el dictamen que promovió el procesamiento.
La fiscalía hizo hincapié en la ocurrencia de los hechos en el ámbito de trabajo de la víctima, y remarcó que esto implicaba que la denunciante tuviera que continuar cumpliendo funciones bajo la subordinación del denunciado, padeciendo un temor continuado a la reiteración de los hechos. También tuvo en cuenta la frustración de la ilusión de la joven de 20 años de pertenecer a una centenaria institución como el Ejército Argentino y que los hechos denunciados habrían ocurrido al poco tiempo de ingresar a ese trabajo.
“Se encuentra corroborado que se expuso a la víctima bajo el dominio de otra, reduciéndola a un estado de cosa sobre la que se ejerce un dominio o disponibilidad, anulando su libertad o autodeterminación sexual con la consiguiente minoración de su dignidad personal”, indicó la fiscalía.
Por último, advirtió de la intención del denunciado de desvirtuar la credibilidad del testimonio de la víctima, intentando acusarla de mentirosa, deshonesta y mala trabajadora. Ante ello el fiscal puntualizó sobre la necesidad de despojarse de prejuicios y de preconceptos que pueden llevar a la judicatura a resolver sobre la base de razones equivocadas y discriminatorias.
En la instrucción de la causa la fiscalía contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.
La denuncia
La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada oportunamente por la víctima y fue delegada al Ministerio Público Fiscal. Entre otras medidas, la fiscalía solicitó el allanamiento del Regimiento de Caballería de Exploración Nº 12 y medidas de protección hacia la denunciante, a fin de garantizar su integridad psicofísica y la no repetición de los hechos de violencia.
En el pedido de indagatoria al imputado, la fiscal oportunamente a cargo del caso, María Josefina Minatta, hizo hincapié en el contexto en el que ocurrieron los hechos. Específicamente se consideraron las características altamente masculinizadas de las fuerzas armadas, con una organización claramente vertical y rígida. Remarcó además que, a pesar del ingreso de las mujeres a la institución después de la recuperación democrática, aún persisten obstáculos para su permanencia y ascenso.
Por otra parte, señaló que la división sexual del trabajo también se encuentra reflejada en la asignación de puestos dentro de las fuerzas y que esto se relaciona con la probabilidad de las mujeres de acceder a puestos jerárquicos de mayor envergadura dentro de la institución.
“Si bien se han removido obstáculos de derecho para la incorporación de la mujer en cualquier Arma y/o Servicio, aún persisten obstáculos de hecho que impiden una integración plena. Especialmente teniendo en cuenta el hecho de que la milicia siempre fue ‘cosa de hombres’”, aseguró en el dictamen.
Asimismo, señaló que existía una relación jerárquica agravada por el ámbito de la fuerza armada, que potenció la asimetría existente entre víctima y agresor, propia de las relaciones de género. En ese sentido, la fiscal consideró que la gravedad de la conducta denunciada se acentuaría aún más por la responsabilidad funcional del imputado.
El comunicado del Ejército
El Ejército Argentino informa a los medios de comunicación social que en el día de hoy, y
por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Doctor Hernán Viri, se han
llevado a cabo diferentes medidas judiciales en el ámbito del Ejército vinculadas a una
causa sobre violencia de género, ocurrida en el año 2021 en el cuartel del entonces
Regimiento de Caballería de Exploración 12, ubicado en la localidad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos.
En aquella oportunidad, y en cumplimiento del protocolo institucional ante casos de
violencia de género, el Ejército llevó adelante las actuaciones administrativas pertinentes
para la comisión de una falta grave, aplicó las consecuentes medidas disciplinarias y
determinó el cambio de destino del acusado a fin de proteger los derechos de la presunta
víctima.
En este momento, la Institución se encuentra a disposición de las autoridades judiciales
actuantes a fin de colaborar con sus requerimientos.