El caso de la escuela fumigada en Colonia Santa Anita
Para este lunes estaba previsto el inicio del juicio por la causa de una escuela rural Nº 44 “República Argentina” de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay, donde el 4 de diciembre de 2014 una avioneta fumigó un campo cercano al edificio, afectando gravemente la salud de docentes, alumnos y directivos,
La lucha del gremio Agmer, en el marco de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que derivó en una denuncia y posterior actuación de la Justicia, tuvo como resultado que tres personas -productor, presidente de la empresa de aviación y piloto de la nave- fueran imputados y procesados por “lesiones culposas leves” y “contaminación ambiental”.
El resultado de este juicio puede sentar precedente, tanto para muchas escuelas rurales que se encuentran en situaciones similares a lo largo y ancho del país, como para todos aquellos docentes que sufren de estos mismos abusos de la ley, para que se animen a denunciar y luchar por sus derechos.
La salud de los trabajadores y los estudiantes está en peligro como lo demuestran distintos estudios científicos de nuestro país y el mundo debido a estas prácticas inherentes al modelo productivo. Estas situaciones atentan contra el trabajo de los docentes y los derechos humanos de las comunidades educativas rurales.
Los denunciantes confían en que el resultado de este juicio estará a la altura de la situación, y recuerdan lo que dice el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
La Mesa de enlace,
preocupada
En tanto las entidades que integran la Mesa de Enlace de Entre Ríos - Federación Agraria Argentina, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Sociedad Rural y la Federación Entrerriana de Cooperativas- expresaron su preocupación por el proceso que se inicia y remarcaron que “es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”. “De acuerdo a lo informado por el productor, se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica”, remarcaron las entidades rurales entrerrianas, que agregaron que “la empresa que la realizó se encontraba totalmente en regla, cumpliendo con las normas vigentes”.
Y remarcaron: “Desde nuestras entidades hemos sido muy claros en pedir la aplicación plena de las leyes y el control que ejerce el Estado provincial sobre la aplicación de agroquímicos”. (APFDigital)
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