Cárceles: crece el número de internos federales y preocupa la falta de recursos
La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en la provincia agilizó, como se esperaba, el funcionamiento de la Justicia pero también tuvo un impacto colateral imprevisto que se mide hoy en las unidades penitenciarias que, sin infraestructura suficiente y sin inversiones en los últimos años, deben albergar más internos.
Los recursos que debe enviar el gobierno nacional están atrasados desde la gestión anterior y la suma de deficiencias preocupa. De unos 1.600 detenidos, hay un 20 por ciento que responde a causas federales.
En tanto, la Legislatura debate la creación de cien nuevos cargos penitenciarios que permitan establecer cierta paridad entre la población carcelaria y los agentes, para lograr la ecuación que permita disponer un penitenciario por cada interno. El texto, ya tiene media sanción de Diputados, publicó el sitio Recintonet.
En ese marco y para aceitar la sanción definitiva del proyecto del Ejecutivo, el secretario de Justicia provincial, Martín Uranga, expuso antes senadores los detalles del sistema penitenciario entrerriano y analizó cómo se intenta trabajar con todos los actores del sistema para lograr un mejor aprovechamiento del recurso humano y físico con el que se cuenta.
“Hay un fuerte impacto de los internos que son derivados desde el sistema federal”, puntualizó Uranga en ese sentido, y reveló que el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, se contactó con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para lograr el concurso de la Nación con aportes concretos para descomprimir la presión presupuestaria sobre el sistema provincial. Además, Uranga mencionó que hay un cambio en el sistema por el impacto que tiene la aplicación del nuevo Código Procesal.
En un encuentro anterior para abordar la iniciativa, la directora de la Asesoría Legislativa, Lucila Inés Haidar, había explicado que a nivel provincial “hay 1.583 detenidos en las nueve Unidades Penales de Entre Ríos, de los cuales un 20 por ciento corresponden a causas federales, y el 80 por ciento restante a causas provinciales”. Y ejemplificó que se pasó de 772 presos en 2010, a 1.582 contabilizados en 2015, por lo cual en líneas generales, “hacen falta más guardiacárceles”. Además, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) señaló que “la Nación, desde hace tres años está adeudando el racionamiento alimentario” de los presos federales.
En Diputados, al momento de sancionar el texto, se advirtió que la población carcelaria ha crecido aritméticamente, aunque ese crecimiento no se vio reflejado en el personal que trabaja en las unidades penales. Como muestra, detalló que en 2010 había 772 internos; en 2011, 791; en 2012, 891; en 2013, 1.044; en 2014 la cifra llegó a 1.258 internos; mientras que en 2015 fueron 1.490 y finalmente en 2016 son 1.583 las personas alojados en diferentes unidades en la provincia. “Este crecimiento no ha tenido su correlato en el personal” que los asiste, dijeron los diputados que no repararon, además, en que el dato también desnuda la inseguridad manifiesta y la necesidad de mejorar el sistema carcelario y construir más unidades penales a lo que se suma, indefectiblemente, la prevención para evitar más casos de inseguridad.
Por su lado, el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, José Luis Mondragón, afirmó que “el pedido tiene su fundamento en el marcado incremento de la población carcelaria, que en los últimos cinco años casi se duplicó, mientras que la planta del personal se mantuvo”.
“Tenemos dos unidades nuevas -la de Federal y la Granja Penal de Gualeguaychú- y todo este sistema marcha con 1.300 funcionarios, entre agentes armados, profesionales, maestros de taller, cocineros, personal de sanidad y otros, cuando lo ideal sería que haya un agente por cada interno”, explicó.
En tanto, la Legislatura debate la creación de cien nuevos cargos penitenciarios que permitan establecer cierta paridad entre la población carcelaria y los agentes, para lograr la ecuación que permita disponer un penitenciario por cada interno. El texto, ya tiene media sanción de Diputados, publicó el sitio Recintonet.
En ese marco y para aceitar la sanción definitiva del proyecto del Ejecutivo, el secretario de Justicia provincial, Martín Uranga, expuso antes senadores los detalles del sistema penitenciario entrerriano y analizó cómo se intenta trabajar con todos los actores del sistema para lograr un mejor aprovechamiento del recurso humano y físico con el que se cuenta.
“Hay un fuerte impacto de los internos que son derivados desde el sistema federal”, puntualizó Uranga en ese sentido, y reveló que el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, se contactó con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para lograr el concurso de la Nación con aportes concretos para descomprimir la presión presupuestaria sobre el sistema provincial. Además, Uranga mencionó que hay un cambio en el sistema por el impacto que tiene la aplicación del nuevo Código Procesal.
En un encuentro anterior para abordar la iniciativa, la directora de la Asesoría Legislativa, Lucila Inés Haidar, había explicado que a nivel provincial “hay 1.583 detenidos en las nueve Unidades Penales de Entre Ríos, de los cuales un 20 por ciento corresponden a causas federales, y el 80 por ciento restante a causas provinciales”. Y ejemplificó que se pasó de 772 presos en 2010, a 1.582 contabilizados en 2015, por lo cual en líneas generales, “hacen falta más guardiacárceles”. Además, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) señaló que “la Nación, desde hace tres años está adeudando el racionamiento alimentario” de los presos federales.
En Diputados, al momento de sancionar el texto, se advirtió que la población carcelaria ha crecido aritméticamente, aunque ese crecimiento no se vio reflejado en el personal que trabaja en las unidades penales. Como muestra, detalló que en 2010 había 772 internos; en 2011, 791; en 2012, 891; en 2013, 1.044; en 2014 la cifra llegó a 1.258 internos; mientras que en 2015 fueron 1.490 y finalmente en 2016 son 1.583 las personas alojados en diferentes unidades en la provincia. “Este crecimiento no ha tenido su correlato en el personal” que los asiste, dijeron los diputados que no repararon, además, en que el dato también desnuda la inseguridad manifiesta y la necesidad de mejorar el sistema carcelario y construir más unidades penales a lo que se suma, indefectiblemente, la prevención para evitar más casos de inseguridad.
Por su lado, el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, José Luis Mondragón, afirmó que “el pedido tiene su fundamento en el marcado incremento de la población carcelaria, que en los últimos cinco años casi se duplicó, mientras que la planta del personal se mantuvo”.
“Tenemos dos unidades nuevas -la de Federal y la Granja Penal de Gualeguaychú- y todo este sistema marcha con 1.300 funcionarios, entre agentes armados, profesionales, maestros de taller, cocineros, personal de sanidad y otros, cuando lo ideal sería que haya un agente por cada interno”, explicó.
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