Ley sobre agrotóxicos

En primer lugar, si se requiere de regulaciones es porque se admite que se está frente a unos productos que envenenan el ambiente y afectan la salud humana.
Pero también se sabe por experiencia, que cada vez que un legislador quiere regular, en rigor lo que busca es disfrazar bajo ese concepto la luz verde para que el envenenamiento tenga respaldo legal.
Por eso, bajo la fachada de intentar regular esa actividad, que ya se ha cobrado vidas y ha envenenado los campos entrerrianos, los senadores dicen que están analizando las distancias que se deberían respetar para tirar veneno. Una locura por donde se la analice. Por eso no es casual que estos legisladores solamente hayan escuchado una parte de los sectores involucrados y por el momento ninguna organización ambiental ni médica ha podido dar su opinión en el recinto o en las comisiones de trabajo legislativa. A raíz de este déficit en la técnica legislativa, donde se soslaya a importantes sectores que vienen denunciando que se verán afectados, varias organizaciones han pedido que los senadores organicen charlas debate en cada departamento para escuchar y analizar otras perspectivas o puntos de vista.
Y si se analiza una legislación comparada, habría que tomar el ejemplo de Santa Fe, donde directamente se prohíbe toda clase de fumigaciones aéreas. Y con respecto a las terrestres amplía su extensión de prohibición al establecer como mínimo mil metros de escuelas, viviendas y todo nucleamiento humano. Con otro ingrediente: los legisladores santafesinos lograron ese acuerdo entre las distintas bancadas como el socialismo (partido gobernante), el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical y el Nuevo Encuentro, entre otros. Mientras que el Senado entrerriano -que es monocolor- debería actuar con mayor diligencia.
Además, los legisladores santafesinos –a diferencia de los entrerrianos- han sabido también escuchar los dictámenes y recomendaciones emitidas por las principales casas de altos estudios como la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Córdoba e incluso a la propia Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero para los senadores entrerrianos, por el momento, esas perspectivas no son suficientes pese a su rigurosidad técnica y científica.
Del proyecto que se está analizando en Entre Ríos se sabe poco y nada, excepto que los senadores están bastante comprometidos –muchos de ellos tienen actividades agropecuarias- con estas prácticas fumigadoras. Nada se sabe si existen sectores o territorios en la provincia que requieren de una zona de protección con respecto a los agrotóxicos como las plantas urbanas, las zonas de interés turístico o las áreas naturales protegidas o los parques nacionales o los sitios Ramsar, para citar unos pocos ejemplos. Tampoco se sabe si los senadores han contemplado cómo se regularán los agrotóxicos (sean pesticidas o insecticidas) en camiones y/o vagones ferroviarios de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de éstos. O si se podrán o no aplicar estos agrotóxicos en banquinas ubicadas en los ejidos municipales y/o comunales como así tampoco nada se sabe cómo sería su manejo en plantas de acopio, en silos campos, en silos bolsas, en las plantas de acondicionamiento de granos y en las plantas de terminales portuarias. Así las cosas, es evidente que ocultos intereses mezquinos en el Senado provincial amenazan con la salud de los entrerrianos. Llevar esta propuesta a los distintos departamentos sería lo más democrático y saludable, siempre y cuando los senadores tengan capacidad de escuchar al pueblo.